Carta abierta al concejal Pedro Corral y a los historiadores del Comisionado de Memoria Histórica de Madrid

El historiador responsable del informe interviene en la polémica suscitada en torno al Memorial de homenaje a los 3.000 fusilados en la tapia de La Almudena.

> El monumento queda bloqueado por las presiones del PP
> Un 'doble fusilamiento' de las víctimas de la dictadura

Si un historiador "experto" entrara hoy no a juzgar, sino a interpretar -que es lo que entiendo debe hacer un historiador- todos aquellos procesos judiciales, terminaría efectivamente acumulando todavía más pruebas sobre su carácter esencialmente represivo y jurídicamente irregular

Satisface siempre debatir con historiadores bien informados, como se deduce de la intervención del concejal del PP Pedro Corral en el pleno celebrado el 28 de febrero, en el punto que abordó la proposición presentada por su grupo interesando "que se excluya del Memorial del Cementerio de la Almudena la mención a todas las personas que participaron en crímenes de retaguardia en Madrid entre 1936 y 1939". O con historiadores de rica y larga trayectoria como los miembros del Comisionado de Memoria Histórica Octavio Ruiz Manjón y José Álvarez Junco, valedores, según ha adelantado la prensa, del argumento sostenedor de esa posición. De aquí que, como historiador contratado por el Ayuntamiento de Madrid para la elaboración del listado de nombres de personas ejecutadas durante el periodo 1939-1944 a incluir en el proyectado memorial del cementerio, me anime a aportar mi grano de arena al debate abierto.

Como bien sabrán ustedes, el listado, elaborado por el equipo de investigadores que encabezo y que integran Juan Carlos García Funes, Manuel García Muñoz, Fernando Jiménez Herrera, Tomás Montero Aparicio, Daniel Oviedo Silva y Santiago Vega Sombría) se acompaña de un informe en el que explicitamos la metodología utilizada en su elaboración, y que posee por tanto un carácter eminentemente técnico, que no interpretativo. Nuestro encargo consistió en confeccionar un listado exhaustivo de las personas ejecutadas en dicho periodo, número y datos básicos -fecha y modo de ejecución, fecha de inhumación- a los cuales hemos añadido, cuando ha sido posible, otros igualmente relevantes aunque no para el fin concreto del memorial físico proyectado, como son la edad o las poblaciones y provincias de nacimiento o residencia. Para ello pudimos apoyarnos en una importantísima fuente vedada hasta la fecha, por lo menos desde finales de los años noventa: la documentación depositada en el propio cementerio, a cuyo acceso nos fue facilitado amablemente por sus actuales responsables. No entramos así en ningún momento a valorar ni a enjuiciar a las personas ejecutadas: Con el juicio sin garantía legal alguna que todas ellas habían sufrido, al margen de cuáles fueran las responsabilidades imputadas, bastaba y sobraba.

Lo que sí procuramos explicar brevemente en nuestro informe anejo al listado era el contexto en que tuvieron lugar esas ejecuciones -en su mayoría por fusilamiento-, que no fue otro que el de los procesos de justicia militar de la dictadura, culminados en consejos de guerra sin garantía judicial alguna para los acusados, en una capital sometida a un régimen de ocupación y en un país sujeto a un "estado de guerra" que continuaría vigente hasta 1948. Es ese contexto específico -harto distinto, por ejemplo, del de la violencia política ejercida durante el periodo de guerra civil en Madrid- el que hermana a esos 2.934 ejecutados en su condición de víctimas de la dictadura franquista en Madrid capital. Eso es lo que, en mi opinión -que expreso ahora en este debate, una vez efectuado y entregado el trabajo al Ayuntamiento de Madrid-, justifica plenamente la unidad y coherencia de ese colectivo o perfil de víctimas, sin entrar a valorar las acusaciones imputadas a cada una que pudieran justificar las discriminaciones en el mismo solicitadas en la proposición del Partido Popular, tal y como dejó perfectamente claro el concejal Mauricio Valiente en el pleno municipal citado.

Porque, como bien sabrán ustedes, entrar a valorar la "criminalidad" -por actuaciones durante la guerra- de algunas de estas víctimas -varios centenares, según ustedes- a casi ochenta años vista de los hechos, y basándose únicamente en las fuentes de los procesos judiciales de la dictadura, resulta, como poco, problemático. Nuestro equipo tiene una larga experiencia en el examen tanto de las causas judiciales depositadas en el Archivo General Histórico de Defensa de Madrid como de los procesos de la Causa General. En dichas fuentes nos encontramos con la mecánica archisabida de una "justicia" militar que deviene un oxímoron. ¿Para qué repetírsela, si indudablemente la conocerán mejor que nosotros, dada su larga trayectoria como historiadores? Profusión de denuncias y delaciones sin comprobación ni aportes de pruebas fehacientes. Declaraciones arrancadas en condiciones de tortura o maltrato en comisarías y centros habilitados de detención. Reclutamiento acelerado de personal jurídico militar sin atender a la capacidad profesional de sus integrantes. Nombramiento de abogados defensores horas antes de la fecha señalada del consejo de guerra, sin que les fuera concedida incluso la oportunidad de leer los sumarios enteros. Agrupamiento arbitrario de los acusados en expedientes colectivos en razón de razones tan expeditivas como el lugar de origen o de trabajo de los acusados. Estas son solo algunas de las numerosas "irregularidades jurídicas" que conformaban la mecánica de la justicia militar de una dictadura que terminaba con la ejecución del reo.

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Comisionado de Memoria del Ayuntamiento de Madrid que preside Francisca Sauquillo

Ahora bien, el examen de varios centenares de estos casos al objeto de separarlos del resto del colectivo de víctimas, que propone tanto el concejal Corral como los historiadores del Comisionado, ¿acaso no debería basarse en estos mismos procesos represivos de carácter aberrante desde un punto de vista jurídico? ¿Y dónde podrían encontrarse las pruebas exculpatorias que, sobre dichas víctimas, no se llegaron a presentar? En el examen de los sumarios militares, ustedes habrán tropezado como yo con las manidas acusaciones-tipo que recayeron sobre todo tipo de personas: miles fueron procesados bajo la clásica acusación de haber participado en el incendio de la iglesia de San Luis, en los asesinatos de los trenes de Jaén, en el linchamiento del general López Ochoa, el asalto al Cuartel de la Montaña... todo ello en el contexto del "aviso patriótico" de la llamada generalizada a la delación, en palabras del coronel Ungría de 1939.  Y si esas son las únicas fuentes, su utilización a estas alturas con fines incriminatorios al objeto de excluir a ese segmento de víctimas "sospechosas" del memorial, ¿no significaría, en la práctica, juzgarlas otra vez? Juzgarlas en segunda ocasión bajo los mismos términos y con las mismas pruebas, lo que llevaría a ratificar en segunda instancia la primera sentencia pronunciada. Es a esto a lo que se ha referido algún autor con lo de "fusilar dos veces" a las víctimas, y no va descaminado, porque la "sentencia" de cada víctima presuntamente "culpable" terminaría siendo ratificada toda vez que se han dado por buenas, sin cuestionarlas, las mismas premisas. Con una diferencia: el sentenciador no sería ya un juez militar, sino un historiador perteneciente a un "equipo plural de expertos", según se recogía en la proposición presentada por el Partido Popular.

Si un historiador "experto" entrara hoy no a juzgar, sino a interpretar -que es lo que entiendo debe hacer un historiador- todos aquellos procesos judiciales, terminaría efectivamente acumulando todavía más pruebas sobre su carácter esencialmente represivo y jurídicamente irregular, con lo que volveríamos a la caracterización común y unificadora de las 2934 personas ejecutadas. Lo contrario, con la consecuencia prevista de expulsar del proyectado memorial a las presuntas "víctimas culpables", significaría -como bien explicó Valiente en su réplica a la torpe intervención de la representante de Ciudadanos- entrar a diferenciar entre los "bien fusilados" y los "mal fusilados", según el hipotético criterio de algún historiador de turno convertido en nuevo juez. Los nombres de los presuntos "bien fusilados" serían así descartados de la piedra o el bronce del memorial en proyecto, con lo que a las alturas del siglo XXI las autoridades responsables ejercitarían además la malhadada damnatio memoriae de los tiempos romanos: un mal ejemplo para estos días. Es una perspectiva que ni siquiera quiero imaginar, principalmente por la humillación añadida que supondría para tantas familias de ese colectivo de víctimas que se verían, de ese modo, obligadas a padecer una nueva suerte de "Causa General", que en esta ocasión tendría un renovado y especial impacto sobre los descendientes de las personas ejecutadas.

A propósito de la damnatio memoriae, esa y no otra fue la política practicada por el franquismo contra sus enemigos, cosa que no necesito recordarles. En nuestro informe mencionábamos los esfuerzos documentados de algunos familiares de víctimas por exhumar sus cadáveres, enterrados de manera expedita en sepulturas de cuarta o de caridad. El proceso era complicado y peligroso: a menudo, para empezar, ni siquiera los familiares eran informados de la ejecución y entierro de sus deudos en las condiciones mencionadas, para no hablar de que reclamar sus cadáveres en aquellos años equivalía a significarse políticamente y dejar de pasar desapercibido. Para continuar, la solicitud de traslado a una sepultura de pago era trabajosa y solo era aceptada por la autoridad militar de turno con una condición: que el posterior entierro y sepelio fueran efectuados en la más estricta intimidad y sin "boato ni ceremonia". Así las cosas, solamente unos cuatrocientos cadáveres fueron enterrados en condiciones dignas para que sus deudos pudieran honrarlos. El resto de los 2.934 se pudrieron en sus tumbas de cuarta para, a principios de los años cincuenta, ser trasladados al osario, y acabar, años después, incinerados en el cementerio de Carabanchel. Pero es que la damnatio memoriae de estos "enemigos del régimen" no solo se cumplió en su transmutación en humo y cenizas: en no pocos casos, sus nombres fueron también, en buena parte, olvidados. O se extraviaron en la memoria de algún familiar, que nunca pudo reconstruir la historia última de su deudo, el sufrimiento vivido en la cárcel, las torturas, el último traslado a la cárcel de Porlier con la entrega al piquete de fusilamiento.

Ese es otro contexto -el proceso de ejecución, el destino de los cadáveres convertidos a la postre en humo- que cohesiona y hermana al colectivo de 2.934 víctimas de Madrid capital para el periodo 1939-1944, y que justifica a nuestros ojos su inclusión sin excepciones en el memorial proyectado, como modesta compensación a la damnatio memoriae ejecutada no ya solamente durante la dictadura franquista, sino durante los más de treinta años de democracia posterior.  Pensarán que exagero. Si es así, les ruego que reflexionen sobre el hecho de que solamente en 2018 ha podido elaborarse este listado exhaustivo -quizá todavía incompleto, provisional- de las personas ejecutadas por el franquismo en Madrid, complementando así el meritorio trabajo efectuado en su día, hace ya más de veinte años, por Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend. 

¿Qué hay, por contra, de las víctimas de la violencia política en la retaguardia madrileña durante la guerra? Frente a la damnatio, la apologia memoriae, cosa que quizá por parecernos ahora lejana, o quizá precisamente porque nos hemos acostumbrado demasiado a ella, no resulta merecedora de la suficiente atención. Como ese Arco de la Victoria de Moncloa en el que pocos alumnos que se desplazan cada día a la Ciudad Universitaria parecen reparar, inconscientes de su origen y de su sentido. Transportémonos por un momento al cementerio del Este en 1939, por ejemplo. Mientras las fusilamientos de los enemigos del régimen se efectuaban en un descampado de las inmediaciones, y los cadáveres se acumulaban en el depósito del cementerio con vistas a su expedito entierro en sepulturas gratuitas y provisionales de ínfima categoría, otras zonas del mismo conocían una inusitada actividad. Las víctimas de la violencia republicana, que apenas unos años antes habían sido enterradas también en sepulturas de cuarta, eran exhumadas a marchas forzadas y sepultadas en dignas tumbas de pago, inmediatamente después de la finalización de la guerra.

A ese fin respondió la ley de 16 de mayo de 1939 que facultó a los Ayuntamientos para dispensar o reducir las exacciones municipales que gravaban las inhumaciones, exhumaciones o traslados de cadáveres "víctimas de la barbarie roja o muertos en el frente". En el Archivo de Villa se conservan centenares de instancias presentadas en este sentido por familiares y aceptadas por las autoridades municipales, tan numerosas y apresuradamente tramitadas que en junio de 1939 hasta la dirección de cementerios se vio obligada a ponerles cierto freno, toda vez que no había personal para tantas labores -identificación, exhumación, nueva inhumación- y las condiciones de trabajo se presentaban imposibles debido al calor reinante, ya que esa clase de operaciones solían efectuarse en invierno. Hacia finales de año, para aquellos restos de víctimas que no habían sido reclamados aún por sus familiares, el teniente de alcalde Ossorio Arévalo, marqués de la Valdavia, se personó en el cementerio para elegir los terrenos que debían cederse gratuitamente y abrir una suscripción con vistas a la obtención de la sepultura a perpetuidad.

En el Este no solo se efectuó de manera sistemática este proceso de identificación y traslado de cadáveres dentro del recinto, sino que también fueron trasladados restos a otros cementerios de España. En marzo de 1940, la Diputación de Jaén agradecía al Ayuntamiento de Madrid la ayuda prestada en la exhumación y traslado de los asesinados de los "trenes de la muerte" -episodio mencionado en el reciente pleno por el concejal-historiador Corral- procedentes de los cementerios de Madrid y Vallecas. Se exhumaron asimismo cadáveres enterrados en cunetas y fosas de la provincia que finalmente fueron enterrados y honrados en sepulturas de pago, cuyas instancias se conservan en el archivo municipal. Todo ello con su correspondiente sepelio sin limitación de "boato y ceremonia". En cuanto a los nombres de estas víctimas, fueron honrados por la política memorial del franquismo, figurando desde entonces en libros-testimonio, en los manuales escolares de varias generaciones, en monumentos de piedra, en placas de bronce y en las cruces instaladas en los muros de tantas iglesias del territorio nacional, configurando así física y simbólicamente el tenaz relato de los "Caídos por Dios y por España". Esos nombres fueron asimismo, para conocimiento de todos, troquelados en las placas de las calles de miles de pueblos y ciudades,  empezando por esta capital que aún continúa ostentando un buen número de ellos. Dos contextos diferentes para dos colectivos de víctimas diferenciados por su destino. Para uno, la damnatio memoriae y el silencio, el refugio en la memoria privada y familiar, con el humo y la ceniza anónima como último destino. Para el otro, la apologia memoriae y la honra en papel, piedra y bronce como cristalización física de la política memorial de la dictadura.

Unas víctimas consiguieron su reconocimiento y su dignificación: pasaron a la memoria pública de la mano de la dictadura. Otras todavía la están esperando: permanecen en la memoria privada o en los esfuerzos de diversos colectivos y asociaciones que pretenden socializar su recuerdo. Y mientras tanto, la humillación amaga sobre sus familiares gracias al reciente cuestionamiento y bloqueo de la iniciativa municipal del memorial del cementerio del Este a las personas ejecutadas por la dictadura franquista durante los primeros años de posguerra. No les hagamos esperar más. Ochenta años -casi cuarenta de dictadura, algunos más de democracia- son demasiados. Seguro que ustedes, como historiadores, comprenderán y hasta aceptarán este argumento para continuar interpretando, que no juzgando, la historia.


Fernando Hernández Holgado, historiador, coordinador del el informe "Listado de personas ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid".