martes 26.05.2020

Hay alternativas frente a los recortes y privatizaciones en sanidad

El argumento de la crisis económico-financiera y la necesidad de cumplir con los criterios de déficit de la Unión Europea está siendo utilizado por las fuerzas neoliberales que dominan los gobiernos central y autonómicos, para alegar que el sistema sanitario público es insostenible y ello obliga a introducir recortes en las prestaciones, recurrir a la financiación privada para levantar nuevas infraestructuras y externalizar (privatizar) gran

El argumento de la crisis económico-financiera y la necesidad de cumplir con los criterios de déficit de la Unión Europea está siendo utilizado por las fuerzas neoliberales que dominan los gobiernos central y autonómicos, para alegar que el sistema sanitario público es insostenible y ello obliga a introducir recortes en las prestaciones, recurrir a la financiación privada para levantar nuevas infraestructuras y externalizar (privatizar) gran parte de los servicios. Esta tesis está siendo difundida con profusión en los distintos foros y medios de comunicación, que han logrado infundir en una parte de la población y de los profesionales sanitarios la creencia de la inevitabilidad de dichas medidas y la necesidad de aceptarlas como un mal menor.

Para hacer frente a esta ofensiva de corte neoliberal es necesario abrir un proceso de información y debate social y profesional sobre las causas de la crisis, los factores responsables del gasto sanitario y las posibilidades de financiación del mismo.

En España ocupamos uno de los últimos lugares, de la Unión Europea y también de la OCDE, en gasto sanitario público, tanto en porcentaje de PIB (1,5 puntos de PIB) como en dólares per cápita con poder paritario de compra 2.049 frente a 2.870 respecto de los países de la Unión Europea desarrollada.

Las medidas de recorte que están aplicando las administraciones van destinadas a actuar sobre la demanda sanitaria de los ciudadanos introduciendo copagos que limitan el acceso a los recursos y que sólo afectan a los sectores sociales con menor capacidad de compra, que empiezan a ser mayoritarios ya que la pensión media está en 750 euros/año y el 60% de los asalariados percibe un sueldo inferior a los 1.000 euros/mes, y sobre la oferta de servicios públicos en forma de cierre de camas hospitalarias, de servicios de urgencias, de ambulancias, etc.,  o suprimiendo el derecho a la asistencia a colectivos como los inmigrantes y persona sin papeles o marginadas. .

Sin embargo, los determinantes del crecimiento del gasto sanitario tienen poco que ver con las características y necesidades de la población (envejecimiento, problemas de salud crónicos, etc.) y están directamente relacionados con la organización, funcionamiento, orientación del sistema y con la cultura y actitud de los responsables sanitarios y de parte de los profesionales. Entre estos podríamos destacar la ausencia de planificación en la asignación de los recursos; la descoordinación de los niveles asistenciales; la deficiente formación de los gestores sanitarios; el abuso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas (España presenta gasto en tecnologías un 23% por encima de la media Europea y un 33% por encima de EEUU); el abuso de la prescripción farmacológica; la variabilidad injustificada de la práctica clínica; la medicina defensiva; las prolongadas estancias hospitalarias; la parasitación del sector público por el sector privado; el hospitalocentrismo; el abandono de la atención primaria y de la promoción de la salud: El 30% de las decisiones clínico terapéuticas no están basadas en criterios científicamente comprobados; las innovaciones tecnológicas y terapéuticas de alto coste se generalizan sin evaluación previa; la tercera parte de los medicamentos consumidos por los mayores de 65 años son innecesarios (se podría ahorrar 1200 millones de euros anuales); el 12% de los ingresos hospitalarios en España están relacionados con reacciones adversas a fármacos de los que la mitad serían potencialmente prevenibles (permitiría ahorrar unos 840 millones de euros anuales). Sin embargo se abandonan las políticas de promoción de salud a pesar de que la OMS afirma que las recomendaciones alimentarias y la promoción de la actividad física podrían contribuir a reducir la incidencia de cáncer entre un 30 y un 40%.

Actuar sobre estos condicionantes permitiría reducir gasto y mejorar la racionalidad, la eficiencia y la seguridad del sistema sanitario

¿Qué se podría hacer para conseguir ahorros sin deteriorar la calidad y las prestaciones de la Sanidad Pública?

Solo señalaremos algunas ideas generales, pero por supuesto habría que profundizar más en cada uno de los aspectos.

Lo primero debería ser elaborar planes de salud para todo el país (el Plan Integrado de Salud ya establecido en la Ley General de Sanidad en 1986, y en la ley de Cohesión de 2003), para establecer los objetivos de salud del conjunto del Sistema Nacional de Salud, para ello se precisa hacerlo también en cada comunidad autónoma y área sanitaria, con la participación imprescindible de ciudadanos y profesionales

Luego dotar las áreas sanitarias de instrumentos de gestión integral e integrada, Incorporando en todos los niveles asistenciales del SNS los instrumentos de la medicina basada en la evidencia y de gestión clínica participativa (guías clínicas, vías clínicas, protocolos, etc.) Profesionalización de la gestión sanitaria y separar la medicina pública y la privada, exigiendo la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios para evitar que tengan intereses en ambos sectores.

Hay que promover la racionalidad de las actuaciones de los profesionales sanitarios con incentivos que premien la calidad y el uso racional de los recursos, así como crear agencia para la evaluación y el control de las tecnologías sanitarias, incorporando a la financiación pública solo aquellas que tengan contrastada su utilidad y el tener mejor coste/beneficio en salud que las alternativas ya existentes. Asimismo introducir el criterio de necesidad para autorizar la incorporación de nuevos fármacos a la financiación pública y control de la promoción de fármacos y recursos tecnológicos por la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias

Debe de garantizarse la financiación suficiente y la gestión pública de los recursos sanitarios públicos

Para mejorar la eficiencia debería de ponerse en marcha una Central de Compras para todo el sistema sanitario, lo que por cierto ya se aprobó en el Consejo Interterriotorial del SNS hace más de un año sin que se haya avanzado al respecto.

Hay que potenciar de la Atención Primaria como eje del sistema dotándola de recursos y de capacidad para controlar a los pacientes en su circulación por el sistema, así como la promoción de salud y de la salud pública

Por fin, crear instrumentos de participación de la población en todos los niveles del sistema con carácter vinculante de sus decisiones dentro de los planes de salud.

En resumen frente a los recortes y privatizaciones del Gobierno central y de las comunidades autónomas hay que exigir planificación, promoción de salud, desmedicalización, racionalidad y participación.

La necesidad de reducir el gasto sanitario puede transformar la crisis en una oportunidad para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad del sistema introduciendo cambios estratégicos que no afectarían al derecho a la atención de los pacientes ni a la estabilidad laboral o profesional de los trabajadores del sistema público

Mª Luisa Lores y Manuel Martín  |  Miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Hay alternativas frente a los recortes y privatizaciones en sanidad
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