jueves 05.12.2019

Legalidad, legitimidad y democracia. El caso venezolano

Si los términos anteriores con frecuencia presentan difícil encaje para una realidad política y social concreta, en Venezuela se complica aún más, sobre todo después de la proclamación de Juan Guaidó, Presidente de Asamblea Nacional, como Presidente de la República, invocando dos artículos de la Constitución Bolivariana, un texto infinidad de veces criticado por la oposición Una oposición que en su momento señaló la falta de legitimidad de Chávez y ahora de Maduro como mandatarios del país, al ejercer como dictadores.

Los partidarios del Gobierno Bolivariano han argumentado que tanto uno como otro Presidentes han revalidado su mandato en múltiples procesos electorales, lo cual es absolutamente cierto. Si embargo, cabría peguntarse: ¿han sido lo suficientemente transparentes dichos procesos? Si nos centramos en el último de ellos, celebrado el 20 de mayo del pasado año, veremos que únicamente participó el 46 % del electorado, frente al  80% de las anteriores elecciones. ¿Sería legal el nombramiento de un Presidente elegido por menos de la mitad del censo? La respuesta es, sin lugar a dudas, afirmativa. ¿Pero, sería legítimo? Aquí es donde empiezan a platearse importantes dudas, al sumar a esta escasa participación sombras con respecto a la transparencia de los comicios, en los que se inhabilitó a candidatos opositores, no se respetaron los tiempos señalados por la legislación, hubo acusaciones de compra de votos, entre otros problemas, que llevaron a diversos organismos internacionales -como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, entre otros- a  rechazar la convocatoria y no reconocer los resultados, al igual que hicieron los partidos de la oposición y la propia Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El Gobierno carece de legitimidad internacional, pero también nacional. A falta de ella, el legitimo depositario del poder, por delegación popular, sería la citada Asamblea Nacional. Pero la legitimidad de este organismo también ha sido puesta en entredicho por parte del El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quien, en sentencia de marzo del 2017, la considera en desacato y asume sus competencias. Según dicha sentencia, las decisiones de la Asamblea carecerián de validez jurídica, la cual se extendería entonces al propio nombramiento de su Presidente, que por ello carecería de legitimidad para asumir ningún tipo de mandato.

En medio de todo este sancocho, como se diría en Venezuela,  el 23 de enero -fecha en la que se conmemora el derrocamiento en 1958 del dictador Marcos Pérez Jiménez, por un movimiento cívico-militar – un, hasta hace muy pocos meses, desconocido Juan Guaidó se autoproclama Presidente. Tal vez, y ante la situación que atraviesa el país, dicha actuación  se muestre como legítima. ¿Pero, es legal? En este caso no estaba el ejercito detrás y si varios cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas en las calles de Caracas. Hablamos de autoproclamación pues la misma no fue precedida de ninguna sesión parlamentaria donde se debatiera y aprobara nombramiento alguno. Este proceder suena mucho a golpe de estado. Hace más de un año, la proclamación  unilateral de Independencia de Cataluña fue calificada de ilegal - por ello sus responsables están en la cárcel o el exilio- así como de Golpe de Estado, no siendo reconocida por la comunidad internacional.  ¿Esa misma comunidad internacional puede hoy reconocer al autoproclamado presidente venezolano? Volviendo a utilizar los términos del título: ¿sería legítimo hacerlo?

Una de las paradojas de la situación descrita en el párrafo anterior es que, mientras en España los mismos representantes de grupos políticos que clamaban contra la mencionada declaración de independencia exigiendo que cayera sobre ella todo el peso de la ley, ahora piden un reconocimiento explícito de Guaidó como Presidente del país caribeño. Como hemos pretendido mostrar en líneas anteriores, no es un tema de fácil resolución; tanto es así que el gobierno español y la propia Unión Europea, han mostrado su apoyo a la Asamblea Nacional venezolana, pero no al autoproclamado Presidente. Claramente una solución de compromiso.

¿Cuál sería entonces la solución? La misma pasa claramente por la apertura de un proceso democrático y no de confrontación – como el que ambas partes parece buscar- y después de un negociación profunda entre los diferentes actores, se convoquen unas elecciones libres y con todas las garantías, de las que resulte elegido un Presidente con total aval constitucional y unánime reconocimiento internacional. La solución sería, entonces, que frente a la ilegalidad y la ilegitimidad, se alzara de una vez por todas, la auténtica democracia; no la que piden uno u otro sectores en conflicto, modelada según sus conveniencias.

Legalidad, legitimidad y democracia. El caso venezolano