Martes 18.06.2019

Aguirre, el cuarto turno y los abogados de Atocha

La candidatura de Aguirre es especialmente dañina para nuestro sistema democrático. Darnos cuenta de ello como demócratas no basta.

La candidatura de Aguirre especialmente dañina para nuestro sistema democrático. Darnos cuenta de ello como demócratas no basta

La candidatura a la alcaldía de Madrid se presenta reñida, y es un objetivo estratégico para la lideresa del PP. Es obvio que encuentra en la cabeza de lista de Ahora Madrid una adversaria muy potente. Esa es la razón por la que en una entrevista – posiblemente en dos, en la de la sexta y en la SER, a lo que parece - , se refirió a Manuela Carmena en estos términos: “La llamo jueza pero no es jueza, es del cuarto turno. Es abogada laboralista que estaba con los de Atocha, entonces miembros del Partido Comunista”. Lo que venía a querer decir es que fue nombrada jueza por el poder político como compensación al Partido Comunista por las muertes “de los de Atocha”, miembros del mismo. 

No es necesario comentar la frase, la banalización del crimen del fascismo y la sugerencia clara de que Carmena utilizó en su provecho el asesinato de sus compañeros. Lo dice además cuando acaba de fallecer Lola González Ruiz y se ha realizado un homenaje multitudinario a su memoria por parte de gente que sí valora la dedicación y el trabajo colectivo de tantas y tantas personas que se dejaron la piel, sus sueños y su juventud en conseguir la democracia. El desprecio hacia “los de Atocha”, descalificados por ser comunistas, se une a la imputación de que la que se presenta como jueza ni lo es – porque no pasó una oposición, sino que fue designada por el poder político – ni es tampoco demócrata ya que militó en el Partido Comunista, una asociación ilícita de signo totalitario para la marquesa de Casa Valdés. El desprecio hacia la lucha antifranquista y la carencia del mínimo respeto democrático hacia unas personas que dieron su vida por la libertad de tantos otros, es la expresión perfecta del pensamiento reaccionario del PP. No está sola. Como ha recordado Alejandro Ruiz-Huerta,  su compañera de partido, María Dolores de Cospedal, suprimió en Castilla La Mancha el premio “Abogados de Atocha” que hoy felizmente organiza en su lugar la Unión Regional de CCOO de Castilla La Mancha, que por cierto premió a la jueza Manuela Carmena con el mismo hace dos años.

Después de mentir, la candidata a alcalde del Partido Popular ha rectificado, en los términos en que lo narra Nuevatribuna, después de una llamada de Manuela Carmena. “A preguntas de la prensa, Aguirre ha explicado que leyó en un periódico de tirada nacional que no era jueza, sino que procedía del Cuarto Turno cuando se la nombró para el Consejo General del Poder Judicial. "Estaba equivocada. Con posterioridad Carmena preparó sus oposiciones y las sacó", ha manifestado. "Sí es juez. Por tanto, no me duelen prendas y rectifico cuando me equivoco", ha señalado desde Arturo Soria, donde ha dado un paseo y se ha sentado en el chester hinchable con la militante del PP María San Gil”.

Como a la pretendiente a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular “no le duelen prendas” reconoce que “estaba equivocada” porque su adversaria “era juez”, es decir, porque no procedía del cuarto turno. Ésta forma de acceder a la judicatura impide, según Aguirre, que se pueda decir de estas personas que son jueces, aunque no precisa cual es el concepto con arreglo al cual deberíamos definirlos. ¿Presuntos jueces? ¿Magistrados hipotéticos?

Un comunicado de Jueces para la Democracia ha respondido ante esta consideración de la candidata del Partido Popular: “Desde Jueces para la Democracia consideramos especialmente preocupante la afirmación injustificada de Esperanza Aguirre de que quienes han accedido a la profesión a través del cuarto turno no serían propiamente jueces/as. Debemos recordar que a través del concurso ha accedido la cuarta parte de la judicatura. Y que todas estas personas son excelentes juristas, al igual que quienes han ingresado a través de la oposición. De hecho, en la judicatura no existe la menor distinción entre las capacidades de quienes han accedido de una u otra forma, ni tampoco hay diferenciación de cualidades por la forma de acceso en el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. Todos ejercen las funciones judiciales y son igualmente magistrados/as, sin ningún tipo de matiz”.

¿Cómo es posible que alguien que ha desempeñado tantos y tantos cargos públicos desde su ya lejana juventud, que blasone su personaje como una líder política de altura en un sistema democrático y que diga respetar las instituciones del Estado de derecho, no considere miembro del poder judicial a quienes han accedido al mismo por méritos profesionales y por su relevante prestigio? ¿Qué pensará de los jueces del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se permite insultar a más de un cuarto de los componentes de la judicatura, negándoles legitimidad para aplicar la ley y el orden, como tantas veces ha repetido ella misma? La explicación la da, de manera indirecta, el mismo comunicado de Jueces para la Democracia: “La credibilidad de nuestros órganos judiciales es especialmente importante en la situación actual, ante las numerosas causas de corrupción que se encuentran en trámite. En consecuencia, sería importante que, desde el ámbito político, personas como Esperanza Aguirre no siguieran con estas tentativas de cuestionar nuestro sistema judicial”.

Pero esta persona tiene mucho interés en cuestionar el sistema judicial entero. Porque tiene a una buena parte del equipo que la sostenía y con el que trabajaba en la CAM en prisión y bajo imputaciones de corrupción, y porque, como ha dicho con razón Manuela Carmena, es justo la política que ha hecho Esperanza Aguirre, aupada al gobierno después del bochornoso soborno de dos diputados del PSOE jamás aclarado, la que ha generado y extendido la corrupción. Los que han utilizado en provecho propio el poder público, o han incumplido en beneficio privado de las reglas que disciplinan el ejercicio correcto de las prerrogativas en el ejercicio del poder, quienes han amparado maniobras ilegales para la financiación de los partidos políticos, o han usado la especulación inmobiliaria para el lucro privado, o han procedido al lavado de dinero y a la evasión fiscal, aquellos que han obtenido comisiones para adjudicar contratos a las empresas públicas o en un proceso de licitación de concursos públicos, quienes propiciaron la creación de empresas pantalla para desviar fondos públicos, o que organizaron espionajes ilegales a enemigos políticos y tantas otras conductas criminales, todos ellos, no son amigos de que el poder judicial tenga legitimidad y capacidad para sancionar estas conductas. Por el momento, lo único que sabemos es que la gente que colaboraba estrechamente con Esperanza Aguirre han sido acusados de algunas de estas conductas, y que posiblemente presuntos jueces estarán encargados de la instrucción y del juicio de los mismos.

La presencia de esta persona como candidata del Partido Popular la sitúa en el espacio de la extrema derecha, a la que progresivamente quiere movilizar en cada una de sus intervenciones en esta campaña, desde su presencia en las manifestaciones “pro-vida” hasta su propuesta de retirar a los sin techo de las calles de Madrid para ocultar la miseria de la ciudad. Es por tanto una candidatura especialmente dañina para nuestro sistema democrático. Darnos cuenta de ello como demócratas no basta. Hay que hacerlo explícito, comunicarlo, exigir que no tengan espacio en la política de este país quienes ignoran conscientemente y se burlan zafiamente de la lucha por la conquista de las libertades que hicieron posible una democracia que permite que los derechos y libertades de la gente común sean tenidos en cuenta, preservados y garantizados también por el poder judicial. Es un deber cívico impedir que desde el interior de la democracia se combatan y se anulen esos derechos ciudadanos día a día, despreciando a quienes los defienden y tutelan. 

Aguirre, el cuarto turno y los abogados de Atocha