Los salarios mínimos se establecieron para garantizar a los trabajadores y trabajadoras una renta que les permita satisfacer sus necesidades de manera adecuada. Por eso, no es un salario más, se regula por las normas estatales y establece el nivel mínimo de las retribuciones en aquellas actividades donde no llega la cobertura de la negociación colectiva o en las que los salarios negociados sean inferiores al salario mínimo. En 1894 se reguló por primera vez en Nueva Zelanda un salario mínimo para todo el país. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1928 acordó el Convenio número 26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos.
Nuestro país ratificó el Convenio 26 de la OIT en 1930. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue instituido en España en 1963 y en sus primeros años de andadura se devaluó en un 25%. Desde la recuperación de la democracia en los años que se han producido importantes mejoras del SMI han coincidido con mandatos de gobiernos de izquierdas. Aunque en estos últimos 45 años la evolución de los precios ha sido superior a la que ha tenido el SMI.
Desde las instancias de la Unión Europea (UE) se vienen impulsando los salarios mínimos en los Estados miembros. El Pilar Europeo de Derechos Sociales plantea que para prevenir la pobreza laboral los salarios mínimos deben convertirse en salarios dignos que garanticen a los trabajadores un nivel de vida decente y la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias. La recién aprobada Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE, está en vigor desde el pasado día 14, y tiene como objetivos lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas y fomentar la negociación colectiva sobre la fijación de salarios.
Los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la cuantía del SMI: el índice de precios al consumo, la productividad y la participación del trabajo en la renta nacional
Actualmente el SMI afecta cerca de dos millones de personas, y está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 27. En base al mismo se le atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía, con carácter previo a adoptar la decisión correspondiente es preceptivo que consulte a las organizaciones empresariales y sindicales. También se determinan los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la cuantía del SMI : el índice de precios al consumo, la productividad y la participación del trabajo en la renta nacional.
En los últimos 14 años nos hemos enfrentado a tres grandes crisis globales: la financiera de 2008, la de la covid-19 en 2020 y actualmente a la guerra en Ucrania. Todavía hay muchos problemas sin resolver de la primera de ellas , seguimos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus, y ahora nos enfrentamos con la crisis energética y el descontrol de los precios.
Las políticas neoliberales, con las medidas de austeridad aplicadas durante la crisis financiera, como la devaluación salarial y los recortes en la protección social, provocaron un aumento de las desigualdades y de la pobreza que aún persisten. Según el Instituto Nacional de Estadística el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%.
El IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%
En 2021 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) se situó en el 27,8% de la población residente en España. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini, siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, esta reducción se produce coincidiendo con las medidas del escudo social puesto en marcha por el Gobierno ante los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus, y con la recuperación de la cobertura por desempleo y las subidas del SMI realizadas entre 2018 y 2020.
Con los acuerdos para el Gobierno de coalición se asumió el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura en cumplimiento del Carta Social Europea, con este fin, desde inicio de la legislatura se viene trabajando en la mesa de diálogo social, y también se creó una comisión de expertos. Desde 2018 el SMI ha crecido un 36%, un incremento acumulado que ha permitido una mejora de más de 20 puntos en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras que lo perciben, y que ha beneficiado en particular a los jóvenes y las mujeres.
La OCDE ante los efectos de la guerra en Ucrania apunta diversas recomendaciones con las que los gobiernos pueden amortiguar el impacto la actual crisis de precios como: facilitar la firma de convenios colectivos, aumentar los salarios mínimos y establecer sistemas de recaudación temporal sobre beneficios extraordinarios o medidas para reducir los precios energéticos.
Con el Acuerdo para el Gobierno de Coalición se asumió el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura en cumplimiento del Carta Social Europea
El Gobierno ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y para apoyar a los ciudadanos y al tejido productivo, también ha propuesto a los interlocutores sociales un pacto de rentas para repartir las cargas de la crisis de forma equitativa. En este contexto de crisis en las Comunidades Autónomas gobernadas por las derechas y la extrema derecha han basado sus respuestas en rebajas fiscales a las rentas altas y grandes fortunas.
Por esta dolorosa aventura neoliberal, de renunciar a la necesaria recaudación de impuestos para hacer frente a la crisis y en cambió beneficiar a las elites y grandes corporaciones se produjo la caída del anterior Gobierno conservador del Reino Unido. El actual Gobierno británico, también de derechas, ha tenido que rectificar y ya aprobado una subida generalizada de impuestos y un aumento del salario mínimo de casi un 10%.
Ante la presión que está ejerciendo la inflación sobre las rentas de las personas trabajadoras que azota a toda Europa, varios países ya han anunciado los incrementos de sus salarios mínimos para 2023, incrementos que se sitúan en una horquilla que va desde el 5,6% aprobado por Francia al 18,9% de Lituania. En Bélgica subirá al 13%; Alemania un 15%; Holanda el 10%, Grecia un 9,7%, o Portugal al 6%.
El actual Gobierno británico, también de derechas, ha tenido que rectificar y ya aprobado una subida generalizada de impuestos y un aumento del salario mínimo de casi un 10%
Desde sectores de la doctrina económica se venía sosteniendo el dogma de que las subidas de los salarios mínimos reducían de forma importante el empleo. Pero el economista David Card, uno de los tres premiados con el Nobel de Economía el año pasado, hizo tambalear este esta teoría con una investigación que la desmentía. Pues apuntaba que los salarios mínimos no siempre provocaban la destrucción de empleo y, en caso de producirse, esta era reducida.
Recientemente el Consejo General de Economistas (CGE) ha publicado un informe sobre la compatibilidad de los incrementos de los salarios con la situación actual de inflación. Pues se sostiene, al igual que Banco de España, que ante la escalada de los precios los beneficios empresariales están mejorando con la inflación, por la capacidad de algunos sectores de trasladar los incrementos de los costes (energía, materias primas, etc.) a los precios de venta.
Lis incrementos del SMI en Europa se sitúan desde el 5,6% aprobado por Francia al 18,9% de Lituania; en Bélgica subirá al 13%; Alemania un 15%; Holanda el 10%; Grecia un 9,7% o Portugal un 6%
Para la OCDE el crecimiento de los salarios reales en España cayó bruscamente en 2021 y prevé que siga cayendo en torno a un 4,5% en 2022. Los salarios pactados en los convenios colectivos de trabajo en lo que va de año solo han aumentado un 2,6% cuando la evolución del IPC de octubre fue del 7,3%. En 2022 se está reduciendo la cobertura de la negociación colectiva, pues se están actualizado un 20% menos de convenios que en 2019. El resultado es la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras que se refleja en la reducción de la participación de las rentas del trabajo en el PIB, pues en el 3 trimestre de 2020 representaba el 51,8 y en el 3 trimestre de este año solo llega al 47,6%, pese que ahora hay 1,2 millones de empleos más que en 2020.
Algunos ámbitos empresariales y de las derechas vienen demandando la congelación del SMI, argumentan dificultades para asumir las subidas de los costes laborales para el sistema productivo español, por el escaso tamaño de nuestras empresas. Como se ha demostrado en absoluto mejorarán su capacidad de competir con un nuevo ajuste salarial., lo que confiere competitividad y mejora la productividad de las empresas, a las pequeñas y medianas también, es la inversión en innovación, digitalización, sostenibilidad ambiental y formación permanente de los trabajadores como se impulsa desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En esta situación de presión de la inflación, la evolución de salarios debe contribuir a proteger las rentas del trabajo, a controlar la inflación y fortalecer la demanda interna y el empleo. Para ello es necesario negociar de forma tripartita un pacto de rentas, junto la renovación por parte de las organizaciones empresariales y sindicales del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). La actualización del SMI para 2023 debería de producirse de acuerdo con los parámetros europeos y en la cuantía suficiente para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por el mismo.
