El pasado 7 de octubre se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) con el lema de “Justicia Salarial”. En las movilizaciones, que fueron apoyadas por millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, se denunciaba la espiral inflacionista generada por la especulación de las multinacionales que controlan la energía, el transporte, los alimentos y otros productos básicos que están aumentando las desigualdades y la pobreza que padecen cada vez más personas trabajadoras y sus familias. La justicia salarial es un principio fundamental del contrato social entre los gobiernos, las personas trabajadoras y los empresarios, pero la codicia de las grandes corporaciones y las políticas neoliberales son las causantes la ruptura del contrato social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado que todavía hay millones de personas trabajadoras que siguen sin poder acceder a un empleo de calidad, el paro estructural y el empleo precario aqueja a millones de personas, sobre todo mujeres y jóvenes. En 2022 se prevé que a nivel mundial el número total de desempleados ascenderá a 207 millones, lo que representa un descenso de 7 millones respecto a 2021, cifra que supera los 186 millones de desempleados de 2019. La recuperación del mercado laboral está siendo más rápida en los países de ingresos altos. Solo en este grupo de países se ha producido aproximadamente la mitad de la disminución del desempleo mundial entre 2020 y 2022, si bien suman alrededor del 20 por ciento de la población activa mundial.
La riqueza total que actualmente acumulan los milmillonarios de todo el mundo equivale al 13,9% del PIB mundial
Desde la CSI se alerta del desigual reparto de la riqueza desde hace décadas, con la pérdida de peso de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. Actualmente la mitad de los hogares están pasando dificultades para subsistir, y el 10% no tiene capacidad para afrontar las necesidades básicas. El pasado mes de mayo OXFAM, en un informe titulado “Beneficiarse del Sufrimiento”, planteaba ante el incremento desorbitado de la concentración de riqueza en plena crisis mundial la urgencia de impulsar los impuestos sobre las grandes fortunas y el capital. Pues cifraba que desde el inicio de la COVID-19 hay 593 nuevos milmillonarios. La riqueza total que actualmente acumulan los milmillonarios de todo el mundo equivale al 13,9% del PIB mundial, habiéndose triplicado desde el año 2000, cuando suponía el 4,4%, mientras cada día más de 700.000 personas caen en la pobreza.
En España, el Gobierno PSOE-UP ante la pandemia ha desarrollo un escudo social junto a múltiples medidas económicas para proteger el sistema productivo, mantener el empleo (mediante los ERTE), ayudar a las empresas, garantizar las rentas a los salariados y autónomos y proteger a las personas vulnerables. Medidas y planes adoptados en el diálogo social tripartito y a su vez se ha impulsado la salida a la crisis con el Plan de Recuperación, los fondos europeos y las reformas progresistas. A raíz de la invasión de Ucrania y el descontrol de los precios el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas urgentes para proteger a los colectivos vulnerables, a los sectores productivos y al empleo. Entre otras: la creación de impuestos extraordinarios a las grandes eléctricas y la banca, operaciones de vivienda pública, bonificaciones al transporte y becas para estudiantes, y garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad.
Ante la guerra en Ucrania el Gobierno de Coalición, junto con las medidas ya puestas en marcha ha presentado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 orientados a la lucha contra la inflación a reforzar el estado de Bienestar y los servicios públicos al mismo tiempo que consolidar el crecimiento económico e impulsar un cambio del modelo productivo. A su vez viene planteado a CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada en 2021. Con el pacto se debería dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de los salarios y de los beneficios y dividendos empresariales, las medidas de apoyo a las empresas y la protección de los colectivos vulnerables. Para ello una condición necesaria es que las patronales y los sindicatos pacten un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que está sin renovar desde 2021.
Las negociaciones del AENC estas rotas por la negativa de las patronales a negociar incrementos salariales
En el ámbito de las Administraciones Públicas, en la Mesa General de Negociación de la Función Pública se alcanzó un Acuerdo para el trienio 2022-2024,apoyado por CCOO y UGT, que incluye un incremento salarial acumulado que puede llegar al 9,80%, y con cláusulas de revisión salarial de efectos limitados, así como mejoras en materia de empleo y condiciones laborales para las empleadas y empleados públicos y las personas trabajadoras del Sector Público. En cambio, las negociaciones del AENC estas rotas desde la pasada primavera, por la negativa de las patronales a negociar incrementos salariales que compensen la elevada inflación. Por eso UGT y COO convocaron, el pasado día 7, en el marco de la Jornada Mundial, más de cincuenta concentraciones y manifestaciones ante las sedes patronales en todo el país que forman parte de un proceso de movilizaciones, que seguirá el próximo 3 de noviembre con una manifestación en Madrid, en exigencia de que las patronales acepten negociar el poder adquisitivo de los salarios.
Durante la pandemia en el diálogo social se han alcanzado numerosos acuerdos sociales en defensa del empleo y de los efectos de la crisis sanitaria, al igual que en las reformas de las pensiones para garantizar su poder adquisitivo y reforzar el sistema público de pensiones, o en la del mercado laboral para dotar de estabilidad al empleo. Con estos antecedentes, de un periodo tan próximo, aunque muy intenso caracterizado por la responsabilidad ejercida por las patronales y sindicatos, no deja de ser llamativa la negativa de las organizaciones empresariales a pactar el reparto de los efectos de la crisis de forma equitativa entre los salarios y los márgenes empresariales. En otras circunstancias, tan complejas como las de la pasada crisis financiera, las confederaciones empresariales y las confederaciones sindicales acordaron los criterios salariales y de empleo en el AENC firmado en 2010 y en el siguiente de 2012. Quizás aquellas practicas pudieran ser una referencia para ahora, pues entonces los interlocutores sociales superaron el conflicto entre los legítimos intereses que ambos representan, para asumir la defensa de los intereses generales.
Imagen: @UGT_Comunica
