Ante la escalada de los precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania el Gobierno ha propuesto un pacto de rentas a los interlocutores sociales para repartir de forma equitativa los costes de la crisis. El pacto es indispensable para reducir la inflación y dar estabilidad y confianza a las familias, empresa, trabajadores e inversores.
El Gobierno ha manifestado la necesidad de un acuerdo bipartito de moderación de las rentas empresariales y salariales durante tres años; y de forma tripartita se ofreció a tratar, entre otras medidas, el Salario Mínimo Interprofesional, los salarios de los empleados públicos o profundizar en las medidas ante la inflación y los precios de la energía. CEOE y CEPYME proponen incluir bajadas de impuestos, y desvincular del IPC el crecimiento de los salarios públicos o la revalorización de las pensiones, el Gobierno ha recordado que la protección del poder de compra de los pensionistas está regulada por la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones de 2021. CCOO y UGT demandan medidas para mantener y crear empleo, el control de los márgenes empresariales, mejoras fiscales y de protección social para las personas vulnerables. Pero aún sigue pendiente una condición necesaria para el pacto de rentas: el desbloqueo del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC).
Los AENC, anteriormente Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva (ANC), se vienen firmando de forma bilateral desde 2002, por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, para dotarse de un marco para la negociación colectiva basado en un diagnóstico compartido sobre la situación económica y social, y un modelo de determinación salarial consensuado. Un modelo de probada eficacia para nuestra economía y el empleo, que ha sustentado la determinación de los salarios en la referencia de la previsión de inflación, la productividad y las cláusulas de revisión ante las desviaciones del IPC.
Las negociaciones del V AENC se suspendieron la pasada primavera, las patronales y los sindicatos descartaron la firma de un nuevo acuerdo marco para los casi 5.000 convenios colectivos de trabajo, que, en 2020, último año con datos definitivos, dieron cobertura a 1.161.164 empresas y 10.700.757 trabajadores, según los datos del REGCON (Registro y depósito de los convenios colectivos), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El acuerdo junto a las materias de empleo y condiciones de trabajo tendría que establecer los criterios salariales para la negociación colectiva de este año y también para 2023 y 2024. Los empresarios y los sindicatos no llegaron a un acuerdo, por rechazar los primeros la propuesta sindical de incrementos iniciales inferiores a la inflación y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Un modelo de probada eficacia para nuestra economía y el empleo, que ha sustentado la determinación de los salarios en la referencia de la previsión de inflación
CEOE Y CEPYME aseguran que las empresas no pueden asumir las cláusulas de revisión salarial porque provocaría los efectos de segunda ronda, pues temen que se consolidaría la inflación de forma estructural. Tras la ruptura de las negociaciones CCOO y UGT acordaron trasladar a las mesas de negociación de los convenios colectivos las reivindicaciones defendidas ante las confederaciones empresariales : subidas salariales de al menos 3,5% para este año; 2,5% para 2023 y 2% para 2024, incluyendo cláusulas de revisión salarial.
Desde el mes de junio vienen desarrollando una campaña por todo el país bajo el lema “Salario o conflicto”, que tuvo su inicio con un encuentro estatal en Madrid de más de 1.500 sindicalistas, integrantes de las mesas negociadoras bloqueadas o con conflictos. Los sindicatos rechazan que otra vez la devaluación salarial sea la salida a la crisis, exigen a las patronales el desbloqueo de la negociación colectiva y han advertido de futuras huelgas y manifestaciones si se rechaza garantizar el poder de compra de los salarios. También UGT y CCOO han reclamado al Gobierno un nuevo acuerdo plurianual en el ámbito de la Función Pública que garantice el poder adquisitivo, el aumento de las plantillas y mejores condiciones de trabajo para los empleados públicos.
El modelo productivo español -caracterizado por el escaso tamaño de las empresas, la dependencia energética, un tejido industrial insuficiente y con dificultades para generalizar unos servicios de alto valor añadido- en la actual crisis no mejorará su capacidad de competir con un nuevo ajuste salarial. Como se ha demostrado, lo que confiere competitividad a una economía es la mejora del capital físico, tecnológico y humano para aumentar la capacidad de crear empleo de calidad, basado en salarios dignos y en la reducción de las desigualdades. Mediante la inversión en innovación, digitalización, medioambiente y formación permanente de los trabajadores.
Las políticas de austeridad generaron una intensa devaluación salarial en nuestro país, que aún se arrastra como se recoge en un estudio de UGT, en 2020 el salario medio español era un 26,4% inferior al salario medio de la Eurozona, y desde el año 2000 a dos décadas más tarde el salario medio en la Eurozona aumentó en 12,5 puntos y en España solo 1,1 puntos porcentuales. Siendo una causa del aumento de las desigualdades, en 2021 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) se situó en el 27,8% de la población residente en España, frente al 27,0% de 2020.
8 de cada 10 puntos que ha subido el IPC se explican por el aumento de los márgenes empresariales, el resto por los salarios y una parte menor por la recaudación de impuestos por las administraciones
Según un informe de CCOO, que analiza la contribución de las diferentes rentas al aumento del IPC, concluye que 8 de cada 10 puntos que ha subido el IPC se explican por el aumento de los márgenes empresariales, el resto por los salarios y una parte menor por la recaudación de impuestos por las administraciones. También en un recienteinforme de la OCDE sobre “Perspectivas de Empleo para 2022”, España es el segundo país de los treinta y ocho estados miembros, donde los salarios están experimentando una mayor pérdida de poder adquisitivo, por los bajos incrementos que se están registrando en los escasos convenios pactados frente a la elevada inflación. Los economistas, del organismo multilateral, anticipan que los salarios de los españoles perderán este año una media un 4,5% de capacidad de compra, más del doble que en el resto de países de la OCDE, que se sumaría a la pérdida de 2021. El organismo propone ampliar los salarios mínimos para contener la pérdida de poder adquisitivo y fortalecer la negociación colectiva.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado a la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para determinar la subida que hay que aplicar al mismo en 2023, que debe alcanzar el 60% del salario medio español. En dos meses y medio deberá presentar sus conclusiones, que serán consultadas a las patronales y los sindicatos previamente a la decisión del Gobierno. Los expertos de la comisión van a actualizar los cálculos del SMI para 2023 de acuerdo a los salarios medios de 2020, ya que las cifras iniciales estaban basadas en los salarios de 2018, y también valoraran el impacto de la inflación, el informe del Banco de España sobre el SMI y su impacto en la pobreza y en la desigualdad. El Gobierno considera la necesidad de elevar el SMI en respuesta a la crisis como se está haciendo en otros países europeos que ya han decidido una revisión al alza del SMI, como Alemania (15%), Bélgica (entre el 12% y el 14%), Francia (con tres subidas en el año), Grecia (9,7%), Países Bajos (10%) y Polonia (14,6%).
España es el segundo país de los treinta y ocho estados miembros, donde los salarios están experimentando una mayor pérdida de poder adquisitivo, por los bajos incrementos que se están registrando
Hasta agosto el REGCON registra 2.540 convenios vigentes, con efectos económicos para 2002, la mayoría se pactaron en los años anteriores, que afectan a 696.254 empresas y 7.119.242 trabajadores y recogen un incremento medio del 2,6%, una cifra cuatro veces inferior a la inflación del mismo mes, un 10,5%. Solo una quinta parte del total los convenios vigentes en 2022 se han firmado este año, son unos 538 convenios que dan cobertura a 1.202.585 trabajadoresy en el mismo periodo de 2021 se habían firmado 1.420 que afectaban a 4.642.797 trabajadores.
Son evidentes los bloqueos que se extienden a una mayoría de las mesas de negociación de los convenios ante la falta de un acuerdo marco estatal. También está aumentado la conflictividad laboral, pues de enero a julio de 2022 los participantes en huelgas se incrementaron un 21,6% y las jornadas no trabajadas por el mismo motivo se elevó un 26,7% respecto a 2021. La Confederación Europea de Sindicatos (CES), está debatiendo con las confederaciones nacionales la idea de organizar una movilización europea ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores europeos, y por esta razón se vienen desarrollando huelgas y movilizaciones en varios países, como en España, Francia o el Reino Unido.
El diálogo social autónomo es indispensable, en este contexto las organizaciones empresariales deberían reiniciar la negociación con las organizaciones sindicales del V AENC, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los salarios, fijar compromisos para controlar la evolución de los márgenes empresariales y aumentar la cobertura de la negociación colectiva. Es primordial evitar que los salarios se vean determinados por las fluctuaciones del corto plazo de la economía; y, al contrario, conseguir relacionarlos con las tendencias a medio plazo de la productividad y la inflación, para que actúen como potentes estabilizadores de la economía, y contribuyan a controlar la inflación, impulsar la demanda y a mantener y crear empleo. Además, obviamente, de impedir que todo el peso de la crisis recaiga en los trabajadores y sus familias, que no son en absoluto responsables de ella, y evitar que aumenten las desigualdades y el riesgo de pobreza. Estas, entre otras, podrían ser las bases para impulsar el necesario pacto de rentas.
