El Consejo de Ministros, del pasado 21 de junio, aprobó el Proyecto de Ley de Empleo, que se inscribe en las previsiones de la reforma 5 del componente 23 de modernización de Políticas Activas de Empleo y de los Servicios Públicos de Empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La norma se remite a su tramitación en el Parlamento, para modificar la Ley de Empleo vigente desde 2003, recogida en el texto refundido por el Real Decreto Legislativo 3/2015. Con este Proyecto de Ley se quiere impulsar las políticas públicas de empleo para facilitar que las personas trabajadoras –como los parados de larga duración, jóvenes y mujeres– puedan disponer de nuevas y más eficaces herramientas para mejorar la orientación y el acompañamiento tanto para la búsqueda de empleo como para mejorar su empleabilidad.
Un objetivo central del Proyecto de Ley es el acompañamiento personalizado, de forma presencial o telemática, a las personas trabajadoras demandantes de empleo mediante las medidas que garantiza la Cartera Común de Servicios. Cada usuario o usuaria de los Servicios Públicos de Empleo tendrá un expediente laboral personalizado único, que recogerá su perfil, recibirá tutorización individual y continuada y se elaborará un itinerario adecuado a cada persona. Para ello, se planifica y asegura el acceso personalizado a la Formación Profesional para el Empleo, en base a las demandas del sistema productivo y del mercado laboral.
Las empresas también tendrán a su disposición un catálogo de servicios garantizados, que permitirá la gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo, información y asesoramiento en la contratación, identificación de necesidades de formación y apoyo en los procesos de recolocación. Además, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red EURES. Las empresas usuarias comunicarán las vacantes para que sea posible cubrir sus necesidades de empleo presentes y futuras; creando, por tanto, un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo
De gran relevancia es la ampliación que se prevé de los colectivos de atención prioritaria que incluyen a los siguientes: víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad intelectual elevada, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas, o pertenecientes a otras minorías étnicas, o personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.
La transformación digital y modernización de los Servicios Públicos de Empleo hará posible diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad continua y personalizada. Las usuarias y usuarios tendrán acceso a las ofertas de empleo en todo el territorio del Estado en igualdad de condiciones, y podrán acceder a la mejora de la empleabilidad y a la protección social durante el periodo de búsqueda de una ocupación. La eficacia de las políticas de empleo se someterá a un nuevo procedimiento de evaluación, la Estrategia plurianual y los Planes anuales estarán orientados a la obtención de resultados. También se incorporarán indicadores para medir la mejora de la empleabilidad mediante tres tasas: la de empleabilidad, intermediación y cobertura
La nueva norma dotará a las Políticas Activas de Empleo de una dimensión local, estableciendo nuevas fórmulas de colaboración con las administraciones locales. Esto supondrá una mejora en la eficacia y la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo, pues su ámbito de actuación y de cooperación institucional se fortalece y amplia, lo debería suponer la conexión de las oficinas de empleo en el territorio y la cooperación entre las diferentes administraciones, muy particularmente entre los servicios públicos de empleo, las administraciones educativas y los servicios sociales. Lo que permitirá cada una atención más integrada e integral de las personas trabajadoras y también de las empresas.
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales las Comunidades Autónomas podrán formular acuerdos y recomendaciones específicas para atender las necesidades concretas en cada territorio. La dimensión local del empleo representa una especial importancia, con el impulso y apoyo a las Comunidades Autónomas a fin de que las administraciones locales puedan desarrollar en sus ámbitos competenciales las Políticas Activas de Empleo que acerquen a la ciudadanía los servicios con eficacia y contribuyan desde lo local a la dinamización del tejido productivo. También se mejora tanto la financiación, como la evaluación de las Políticas Activas de Empleo.
Se plantean diversas iniciativas para a fortalecer y modernizar a los Servicios Públicos de Empleo, como la transformación del actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, para mejorar su capacidad de gestión y agilizar su funcionamiento sin que suponga aumento en el gasto público.
También se habilitará una red de información común para todo el sistema de servicios de empleo, integrada con la red europea. Con el uso de Inteligencia artificial se contribuirá a la tutorización individualizada de cada demandante de empleo. La creación de la Oficina de Análisis de Empleo, vinculada al Observatorio de las Ocupaciones permitirá el estudio y el asesoramiento sobre políticas de empleo y mercado de trabajo.
El Proyecto de Ley Empleo está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, que recoge la estrategia para superar los efectos de la crisis económica y social provocada por la pandemia del coronavirus –junto con los planes de choque ante los efectos la guerra de Ucrania– y las políticas para afrontar los retos de la próxima década y producir una segunda modernización de nuestra economía.
El Plan prevé impulsar un cambio del modelo económico y social mediante el desarrollo de nuevas bases productivas más sostenibles y estables. Para ese cambio de modelo son fundamentales las Políticas Activas de Empleo y su interrelación con las políticas públicas para impulsar la industrialización adaptada al entorno local o territorial, se debería de aprovechar el potencial de creación de empleo del crecimiento sostenible y de las transiciones ecológica y digital atendiendo especialmente a los territorios despoblados o inmersos en reprocesos de transición productiva.
