La reforma laboral está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, excepto algunos supuestos que entraron en vigor a partir del 30 de marzo de 2022, como los cambios en los contratos temporales y los formativos. La aplicación de la reforma laboral se está produciendo en un momento de complejidad y de dificultades para la sociedad y la economía española por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y su desarrollo coincide con el descontrol de los precios iniciado el pasado año y agravado por la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania.
Durante la crisis de la pandemia el Gobierno PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas, acordadas a través del diálogo social, para proteger la salud, mantener el sistema productivo y el empleo y extender la protección social: Los ERTE y las prestaciones por desempleo y la prestación extraordinaria para los autónomos, las ayudas a las empresas mediante créditos del ICO o el IMV para las personas más vulnerables. Con el apoyo del plan europeo de respuesta a la crisis Netx Generetion que ha posibilitado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contiene las inversiones y las reformas, entre las que se encuentran la Reforma Laboral, la reforma de la Formación Profesional y también las reformas de las Políticas Activas de Empleo o la futura la ley de Empleo
Ante los efectos de la guerra de Ucrania el Gobierno de Coalición ha aprobado un plan de choque, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y sociales para apoyar a los colectivos más vulnerables (se aumentan las cuantías del IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. Se prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.
Los primeros resultados de la reforma laboral se corresponden con los primeros meses de su entrada en vigor, aun parcial, y coinciden con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, del primer trimestre de este año. Son de reseñar, entre otras, los siguientes datos: el total de personas ocupadas alcanza los 20.084.700 y el de desempleadas, situada en 3.174.700, la tasa de desempleo es del 13,65%, lo que supone 32 centésimas más que en el trimestre anterior. La tasa de paro actual es menor a la registrada antes de la pandemia de la COVID, en los últimos 12 meses el empleo ha crecido en 878.000 personas (406.300 hombres y 471.700 mujeres), a un ritmo del 4,57% y aceleró respecto al cierre de 2021 (en el cuarto trimestre de 2021 era del 4,4%). Destaca el aumento del trabajo indefinido frente al temporal, que hace caer la tasa de temporalidad por debajo del 25%,a un 24,2%.
La Seguridad Social, en el mes de abril, ha superado los 20 millones de afiliados, y según el registro de contratos del SEPE desde primeros de año el número de contratos indefinidos ha venido aumentando progresivamente y superando las cifras históricas del registro. En enero se alcanzaron el 15% del total de los contratos, antes de la reforma la media mensual era de alrededor de un10%, febrero subió al 22%, marzo llegó al 31% y en abril, primer mes de vigencia plena de la reforma laboral se alcanzó un 48,7%.
En abril se puede observar como la nueva cultura de la contratación laboral basada en la estabilidad y la reducción de la temporalidad injustificada se va asentando y es llamativo como en las actividades que inicialmente manifestaron más dudas sobre la idoneidad de la reforma para sus sectores es donde más se está impulsando la contratación indefinida, ya sea tanto a tiempo completo como a través de los fijos discontinuos o a tiempo parcial. En la agricultura la contracción indefinida se extiende hasta el 50%, en la construcción al 74%, en los servicios llega a un 48% y en la industria representa un 34%.
Del total de los 698,6 mil de los contratos indefinidos registrados en el mes de abril, lo que supone el 48% del total de los contratos registrados en ese mes, de ellos 413,9 mil fueron contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijo discontinuo, representan el 60% del total de los indefinidos. También disminuyen los contratos de menos de una semana, antes de la reforma laboral estos contratos de corta duración llegaron a ser las 3/4 partes del total la contratación mensual ahora se han reducido a uno de cada cuatro contratos registrados, es un resultado directo de la cotización adicional de 27 euros por cada baja de contrato de duración inferior a un mes. Todo apunta que los contratos temporales se están sustituyendo por contratos indefinidos a tiempo parcial o de fijos discontinuos. Aún es pronto para anticipar conclusiones, pero la tendencia de incrementos importantes de la contratación indefinida se va consolidando de forma potente con las anteriores características.
Simultáneamente a este favorable comportamiento del empleo y la contratación la evolución de la negociación colectiva en 2002 está caracterizada por la alta inflación y por el fracaso actual en las negociaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC) que debía de orientar la negociación salarial. Los datos de los Convenios Colectivos, registrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta abril recogen un incremento salarial pactado del 2,4% con una inflación general del 8,3%, a estas fechas se recogen 2037 convenios colectivos que afectan a medio millón de empresas y a 5,44 millones de personas trabajadoras. Los incrementos sectoriales son los siguientes: en la construcción un 3,15%, en la industria un 3,1%, en los servicios un 2,1% y en la agricultura un 1,8%.
El acuerdo salarial bipartito era la condición necesaria para una negociación posterior con el Gobierno de un posible pacto de rentas. Los sindicatos y las patronales han dado por rotas las negociaciones salariales para 2022 del V AENC, que está pendiente de renovar desde 2020. La diferencia relacionada con la cláusula de revisión salarial a resultado insalvable. Para los sindicatos las cláusulas de revisión son la garantía del mantenimiento de poder de adquisitivo de los salarios y deberían ser un contenido esencial de los convenios colectivos. El actual repunte de los precios está afectando muy negativamente a los hogares con bajos ingresos, la inflación subyacente del 4,4% bate récords en abril y ya es superior a la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el Salario Mínimo Interprofesional de 2022 (SMI).
CEOE y CEPYME han hecho públicas sus recomendaciones para la negociación colectiva de este año sin cifras de incrementos salariales concretas , sin cláusulas de revisión ante las desviaciones de los precios. Planean recuperar el PIB o EBITA como referencias para la “moderación salarial” que preconizan para garantizar la competitividad, y potenciar la negociación en base al salario variable y la productividad. A su vez hacen un llamamiento utilizar las medidas previstas desde la reforma del PP de 2012 para la devaluación salarial, que dan poder a los empresarios para modificar las condiciones sustanciales de trabajo y para las inaplicaciones de los convenios, medidas que no han sido modificadas por la actual reforma laboral.
CCOO y UGT van a impulsar las negociaciones en los ámbitos sectoriales y en las empresas con el objetivo de acordar las cláusulas de revisión para proteger el poder adquisitivo ante la inflación. Ambos sindicatos anuncian que van desplegar con gran intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, donde plantearan las propuestas realizadas en materia salarial efectuadas en las negociaciones del V AENC. Ante las situaciones de bloqueo prevén que la conflictividad laboral pueda aumentar mediante huelgas y otras movilizaciones. Para los empleados de las administraciones públicas el Gobierno anticipa en el Programa de Estabilidad, remitido a la Comisión Europea, mantener para este año la moderación salarial con una subida del 2% y para 2023 la revalorización se haría con la previsión de inflación para ese año.
