El pasado 24 de febrero se desarrolló en Bruselas, ante las puertas del Consejo Europeo, una concentración convocada por la Confederación Sindical Europea (CES) en favor de un aumento generalizado de los salarios en todo el continente y para solicitar el apoyo de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para que se apruebe la directiva sobre los salarios mínimos. Esta manifestación sindical se convoca para influir en las próximas negociaciones que van a los entablar el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre la directiva para establecer salarios mínimos dignos, favorecer la negociación colectiva y mejorar la protección de los trabajadores en la UE. Lo que podría suponer un gran avance la aplicación en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Después de estudiar la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea un año antes, el Consejo Europeo acordó una posición común para una norma europea que promueva los salarios mínimos dignos en la Unión. Anteriormente el pleno del Parlamento Europeo aprobó el mandato negociador de esta iniciativa por 443 votos a favor, 192 en contra (con los votos de los eurodiputados del PP y Vox) y 58 abstenciones. El acuerdo del Consejo Europeo para la negociación con la Eurocámara contó con las discrepancias de algunos países de la UE, ya que la posición común no obtuvo el respaldo de Hungría y Dinamarca, que defienden sus propios sistemas, mientras que Alemania y Austria se abstuvieron.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece en el Convenio 131 y la recomendación 135 la necesidad de un salario mínimo que garantice a los trabajadores y trabajadoras una renta que les permita satisfacer sus necesidades de manera adecuada. También la Carta Social Europea, tratado internacional elaborado por el Consejo de Europa en 1961 (y revisada en 1996), en su artículo 4º dispone que los Estados firmantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores "a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y sus familias un nivel de vida decoroso". En este sentido el Consejo de Europa ha propuesto que la cuantía del salario mínimo represente el 60 por ciento del salario medio del país, y que, una vez conseguido ese umbral, se compruebe que sea una remuneración suficiente para vivir.
Francia ha situado como primera prioridad de su mandato lograr aprobar de manera definitiva la directiva para asegurar unos salarios mínimos dignos
La futura normativa europea no prevé fijar un salario mínimo a nivel de la UE, se limitaría a establecer unas reglas para mejorar la determinación de los salarios mínimos, aquellos países que cuentan con esta figura en su legislación laboral fijarán un marco nuevo para actualizarlos de acuerdo a una serie de criterios comunes regulados por la directiva. Se pretende fijar un modelo para que los salarios mínimos se revisen con regularidad, y se contempla que se actualicen automáticamente con mecanismos de indexación para garantizar el poder adquisitivo. La CES ha propuesto que el importe del salario mínimo sea igual al 60 por ciento del salario medio o al 50 del salario mediano, lo que resulte más beneficioso para los trabajadores, estima que si se aplicaran esos métodos de cálculo 24 millones de trabajadores europeos verían aumentar significativamente sus salarios mínimos.
Tambien los Estados miembros se comprometen en esta iniciativa a potenciar la negociación colectiva, pues han resaltado que es necesaria para garantizar salarios dignos, ante su actual retroceso la propuesta pide a los países planes para impulsar la negociación colectiva, en los que la tasa de cobertura sea inferior al 70 por ciento. Entre los Estados miembros de UE se dan grandes diferencias en lo que respecta a la cobertura de los trabajadores por los convenios colectivos, algo que tiene que ver con los distintos sistemas de relaciones laborales y también por contrarreformas laborales impuestas durante la anterior crisis financiera. La mayoría de los países de la Unión se integra en el grupo caracterizado por tasas de cobertura superiores al sesenta por ciento de la población asalariada. En ese nivel se encuentran quince países, como Austria, Bélgica, Francia y Portugal, con tasas superiores al noventa por cien, España se sitúa alrededor del ochenta por ciento. Sistemas como el alemán, croata, griego o maltés tienen tasas por debajo del setenta por ciento.
Aunque 21 Estados miembros disponen de salarios mínimos, regulados legalmente, en la UE hay media docena de países, particularmente los nórdicos además de Austria, Chipre o Italia, que no los tienen. Además, las disparidades entre quienes lo fijan son enormes y oscilan entre los 332 euros mensuales de Bulgaria y los más de 2.000 euros de Luxemburgo. La Comisión Europea se ha comprometido a respetar las características y tradiciones de los sistemas nacionales, algo que reclamaban los países nórdicos. En Europa hay tres grupos tipos de países en función del salario mínimo que se cobra: los del Este, donde no llega a 1.000 euros al mes; los del centro, donde supera los 1.500 euros mensuales y Eslovenia y España que superan los 1.000 euros mensuales por 12 pagas. En Alemania, el SMI en 2022 está en 1.621 euros en 12 pagas; en Francia se pagan 1.603 euros al mes; en Bélgica son 1.658 euros mensualmente; en Luxemburgo 2.257 euros al mes y en España el salario mínimo está fijado en 1.000 euros al mes por catorce pagas desde enero de 2022.
El grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplias capas de la ciudadanía europea ha sido el caldo de cultivo de diversas expresiones de desafección al proyecto europeo (como el Brexit o el auge de la extrema derecha). Por eso el impulso de la Europa Social requiere avances como los que se están negociando por las Eurocamara y el Consejo, para erradicar las secuelas de las políticas neoliberales que impusieron la devaluación salarial y la desregulación de las condiciones de trabajo y también potenciar en una mayor convergencia real. Las esperanzas están puestas en la presidencia rotatoria de la UE, que ocupa Francia durante el primer semestre de 2022, que ha situado como primera prioridad de su mandato lograr aprobar de manera definitiva la directiva para asegurar unos salarios mínimos dignos. A su vez pretende fomentar las negociaciones sobre otra directiva para garantizar que los trabajadoras y trabajadores reciban el mismo salario por un mismo trabajo, por un trabajo de igual valor, a través de un conjunto de medidas vinculantes sobre transparencia retributiva.
