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jueves 19/5/22
euro

La inflación afecta negativamente a las empresas y los hogares, genera incertidumbre sobre los salarios y los beneficios, reduce drásticamente las rentas y el ahorro, y puede frenar la inversión y la creación de empleo. Actualmente la inflación es un fenómeno global, el año 2021 marcó récords sin precedentes en las mayores economías. En España en el mes de marzo la inflación registró una tasa interanual del 9,8%, y la subyacente (sin los precios energéticos y los alimentos frescos) del 3,4%, un nivel de inflación desconocido desde 1985. Esta espiral inflacionista se inició hace un año originada por los problemas globales de las cadenas de suministros industriales, la virulenta escalada de los precios de la energía y su traslado a los procesos productivos y de distribución, y todo ello se ha visto agravado por la invasión de Putin en Ucrania.

La economía global se ha enfrentado desde el inicio del siglo XXI a tres grandes crisis -la financiera de 2008, la covid-19 en 2020 y la guerra en Ucrania este año-, con muchos problemas sin resolver todavía de la primera como la desigualdad y el aumento de la pobreza, aún estamos inmersos en la recuperación de los efectos de la pandemia del coronavirus y con una inflación desbocada a causa de la segunda y la tercera. En la crisis de 2008 se produjo una gran depresión y la deflación que hundió la demanda y aumentó enormemente el desempleo, en cambio actualmente estamos inmersos en un proceso de descontrol de la inflación, y esta es fundamentalmente un fenómeno monetario, por eso no sirven las medidas adoptadas entonces.

Fruto de las políticas económicas basadas en la austeridad, recortes del gasto público y la devaluación salarial impuesta con las reformas laborales autoritaritas se provocó la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras y el aumento de las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC subió el 14,6% desde 2012 a 2021, en cambio en el mismo periodo los salarios pactados en los convenios colectivos crecieron un 12,58% y el salario medio solo aumentó el 3,6%. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad siendo cero la nula desigualdad y 100 la total desigualdad, ha pasado de 34,2 en 2012 a 32,1 en 2020, en 2014 alcanzó el 14,7, la reducción se produce coincidiendo con las subidas del SMI realizadas por el Gobierno, que representan un 31,8% entre 2018 y 2020.

Para afrontar los efectos de la guerra en Ucrania, el Gobierno ha puesto en marcha un conjunto actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales y para apoyar a los colectivos más vulnerables (se amplía el IMV) y a los sectores productivos más afectados (mediante los ERTE y el mantenimiento del empleo), garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad. El Plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. A la vez se plantea acelerar las inversiones del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.

En paralelo al Plan aprobado, el Gobierno viene impulsando con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT un pacto de rentas para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021. La intención es que se deberían dar respuesta a tres temas fundamentales, en concreto, a abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Los interlocutores sociales han venido manifestando su predisposición al pacto de rentas, que propone el Gobierno, para evitar una espiral inflacionaria, si bien han manifestado algunas de sus demandas: los empresarios insisten en ampliar las ayudas a las empresas y se oponen a nuevas subidas de impuestos y los sindicatos plantean tres ámbitos de actuación: salarial, energético y fiscal, junto con mejoras en la protección social, porque consideran que solo un acuerdo salarial no es un pacto de rentas.

El impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros

Según estimaciones hechas públicas, el impacto de la escalada inflacionista sobre las rentas podría situarse en el entorno de los 70.000 millones de euros por la reducción del poder adquisitivo de los salarios y los ahorros. En cambio, los pensionistas tienen garantizado el poder adquisitivo, de acuerdo con la reforma de las pensiones de 2021 que recoge que las pensiones se revalorizan con el IPC medio anual. También hay que tener en cuenta que el aumento de la inflación al 6,5% en 2021 supuso una ampliación de la recaudación en el IRPF.

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales vienen negociando, de forma bipartita, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debería fijar los criterios y las recomendaciones para la negociación salarial junto con las otras materias que conforman los contenidos de los convenios colectivos. Las propuestas conocidas dan a entender que la situación actual de la negociación es muy compleja, pues CEOE y CEPYME vienen manifestado su rechazo a las propuestas de CCOO y UGT basadas en incrementos iniciales inferiores a la inflación actual y en mantener el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, los empresarios consideran que aumentarían la inflación por el efecto de “segunda ronda”. En ese sentido el Banco de España ha vuelto a advertir de que la tendencia al alza de las cláusulas de garantía salarial que se está registrando en la negociación colectiva en los últimos meses son un riesgo creciente de que se produzcan efectos de “segunda vuelta” en la inflación.

La propuesta de las organizaciones sindicales, contempla un escenario plurianual en el que se plantean incrementos por ejercicio, más una recuperación gradual del poder adquisitivo que se pierda. Se fijan unas subidas mínimas, del 3,4% este año, del 3% en 2023 y del 2,25% en 2024. Adicionalmente, el 1 de enero de 2023 los salarios deberían recuperar el 50% del diferencial entre la subida salarial y la inflación media de este año; el 1 de enero de 2023 recuperarían otro 25% y el 1 de enero de 2024, el 25% restante, hasta completar el 100% y en 2025, los sueldos subirían en función del IPC de diciembre de 2024, más un 0,25%. Los empresarios han propuesto una subida del 8% para los próximos tres años, el desencuentro se produce precisamente en la revalorización en función de la evolución de precios que las organizaciones empresariales consideran inaceptable porque consideran que supondría una indexación del IPC año a año, pues ven el riesgo de que se integre definitivamente en el futuro.

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una cuestión nueva

La oposición de las organizaciones empresariales a las cláusulas de garantía del poder adquisitivo de los salarios no es una cuestión nueva, hasta la reforma laboral impuesta por el PP en 2012 más del 70% de los convenios colectivos recogían las cláusulas de revisión salarial, pero desde entonces han llegado a descender por debajo del 20% en los últimos años. Para 2022 el porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de salvaguarda salarial ha mostrado un aumento en los primeros meses de este año. Además, los convenios ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.

Históricamente, el modelo de determinación salarial que se ha venido desarrollando, en la mayoría de los acuerdos interconfederales pactados por las patronales y los sindicatos, con resultados positivos en la lucha contra la inflación se ha basado en el mantenimiento del poder adquisitivo a través de tres elementos interrelacionados. Estos elementos son: la previsión de inflación, como elemento de referencia; la cláusula de revisión salarial que debe garantizar la recuperación de desviación de la inflación respecto incremento salarial inicialmente pactado en base a dicha previsión y la toma en consideración de la evolución de la productividad para mejorar el poder adquisitivo. Estas reglas salariales han contribuido al control de la inflación, al estímulo de la demanda, al crecimiento económico y la creación empleo.

Inflación, salarios y poder adquisitivo