La Confederación Sindical Internacional (CSI) publica desde hace nueve años el Índice Global de los Derechos, clasificando los países según el grado de respeto por los derechos de las personas trabajadoras. Durante el año la CSI va actualizando los datos sobre violaciones de los derechos de los trabajadores en los distintos países. El Índice Global de los Derechos 2022 clasifica a 148 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores y recopila los casos de los derechos vulnerados y las clasificaciones nacionales por país y región. Este examen exhaustivo de los derechos de los trabajadores según la legislación y las practicas nacionales en 148 países es la única base de datos que existe en la actualidad de este tipo.
Desde la CSI basan las violaciones de los derechos laborales en las normas reconocidas por los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo formada por Gobiernos, empleadores y trabajadores. La metodología se basa en las normas relativas a los derechos fundamentales en el trabajo, en particular el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Los datos se obtienen de las respuestas a los cuestionarios que se envían a 331 centrales nacionales de 163 países para que informen sobre las violaciones de los derechos de los trabajadores.
En el 87 por ciento de los países se ha vulnerado el derecho de huelga
Con el Informe de la CSI se constata que la defensa de la justicia social y de los derechos de las personas trabajadoras implican mayores riesgos y peligros en 2022, pues la democracia es violentada en la mayoría de los centros de trabajo. En cuatro de cada cinco países se limita el derecho de la negociación colectiva y en un tercio de los países se reprime con violencia la acción colectiva. El número de países que excluyen la afiliación sindical o la creación de un sindicato ha subido de 106 en 2021 a 113 en 2022, y los países que reprimen violentamente la acción colectiva han aumentado de 45 en 2021 a 50 en 2022. En el 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga.
En 13 países se han cometido asesinatos de sindicalistas, las libertades de reunión y de expresión se han visto denegadas o limitadas en el 41% de países. Las personas trabajadoras no tienen acceso a la justicia, o tienen un acceso restringido, en un 66% de los países. En 2022 en 69 países se registraron detenciones o arrestos por motivos sindicales y/o conflictos laborales, en un número importante de países el ejercicio del derecho de huelga fue restringido, en 129 de los 148. Siendo las huelgas reprimidas, y los promotores de las mismas enjuiciados en la mayoría de los casos y los participantes sufren despidos en muchas ocasiones.
Las leyes son un instrumento muy efectivo y poderoso para la transformación social y la protección de los derechos en el trabajo. Durante el último año, se adoptaron medidas legales positivas destinadas a fomentar los derechos de las personas trabajadoras, así como el progreso social, se tomaron medidas legales positivas para incrementar la promoción de los derechos laborales en la Unión Europea, Uganda y Estados Unidos, lo que demuestra la capacidad de las organizaciones sindicales para influir en los avances sociales y mejoras en los derechos colectivos e individuales para los trabajadores.
No obstante, en otros países los Gobiernos adoptaron leyes regresivas que socavaron seriamente los derechos básicos de los trabajadores. Se han utilizado leyes represivas para reprimir los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Egipto, India, Kirguistán, Moldavia y Malawi, desde limitar el derecho de huelga, restringir los derechos de negociación colectiva hasta impedir la acción de los sindicatos independientes. Los Gobiernos cada vez más autoritarios están recurriendo a nuevas leyes en un intento por restringir los derechos humanos y laborales.
Estas violaciones que sufre el mundo del trabajo se producen en un contexto marcado por el impacto devastador de las guerras, la invasión de Rusia a Ucrania desencadeno un conflicto armado en Europa, pero subsisten otros conflictos armados en Oriente Próximo, Asia o África. Las dificultades de lograr trabajos decentes están presentes en todas las regiones, persisten altas tasas de desempleo, el enquistamiento del empleo precario y de la economía informal, agravadas por la crisis energética y descontrol de los precios junto unos niveles históricos de desigualdad, la emergencia climática, la pérdida de vidas y de medios de subsistencia a raíz de la pandemia.
Para la CSI el contrato social está roto, su recuperación exige situar la lucha internacional contra las violaciones de los derechos de los trabajadores y los atentados a la democracia en el centro de los objetivos políticos, económicos y sociales. Un nuevo contrato social se debería construir con una nueva gobernanza mundial, que incluya la regulación del trabajo decente en las cadenas globales de suministro de las empresas multinacionales junto con la promoción de la igualdad, la erradicación de la pobreza en el marco de la defensa de la democracia y los derechos humanos.
