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26 de mayo de 2010, 8:40
NUEVATRIBUNA.ES - 25.5.2010
La ministra, sin embargo, ha reconocido este martes que su estudio está sobre la mesa como una alternativa para "garantizar la sostenibilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS). De momento, no se ha decidido su aplicación porque "no hay una opinión clara y formada sobre la bondad de la medida", según ha dicho Jiménez en declaraciones a TVE.
De aprobarse, el copago sanitario se sumaría a los recortes en el gasto farmacéutico anunciados por la ministra el pasado mes de marzo. El usuario pagaría una parte testimonial (un euro), como una opción más para ahorrar en la factura sanitaria. La propia titular de Sanidad ha reconocido que su introducción sería polémica porque "entraña un importante coste económico para quienes más usan la sanidad", es decir, "las personas mayores, que son pensionistas y con rentas muy bajas". Ese es el motivo de que en el último plan de recorte anunciado por el Gobierno para reducir el déficit público no hayan "creído conveniente" su adopción.
Pese a todo, y aunque actualmente consideran que es "bastante relevante" tomar una medida de este calado, Jiménez explica que su obligación es "fortalecer y el sistema y mantenerlo en el tiempo" y, de este modo, tienen que estudiar "todas las alternativas posibles". "Evidentemente tenemos que estudiarlo como hacemos con todo tipo de reformas, con seriedad, porque tenemos que ver como va evolucionando la economía y los planes de ajuste, para ver como consolidamos nuestro plan de austeridad", admite la ministra.
Asimismo, recuerda que se ha comprometido con los consejeros autonómicos de Sanidad a estudiar esta medida y, paralelamente, en el Congreso de los Diputados hay una ponencia trabajando sobre esta cuestión. Pese a todo, desde el punto de vista del ingreso han hecho "cálculos" y han visto que "es un ingreso menor en relación con la proporción de la deuda".
LA FADSP VE LA MEDIDA "INJUSTA" E "INSOLIDARIA"
La posibilidad de aplicar el ‘copago’ fue duramente criticada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Su portavoz Marciano Sánchez Bayle dijo, en declaraciones a nuevatribuna.es, que la propuesta es “injusta” e “insolidaria” ya que “penalizará a las personas más pobres”, pensionistas y parados.
A su juicio, “no es asumible”, sobre todo en un momento de crisis económica ya que supondría “un golpe tremendo” al “sistema de solidaridad” que supone la sanidad pública. Sánchez Bayle calificó la propuesta de “regresiva” y consideró que, de llevarse a cabo, sería “un suicidio político”. En su opinión “no es una medida que pueda sustentar un Gobierno de izquierdas. Solo plantearlo descalifica a la persona que lo hace”, afirmó, al tiempo que confió en que “no prospere”.
La ministra, sin embargo, ha reconocido este martes que su estudio está sobre la mesa como una alternativa para "garantizar la sostenibilidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS). De momento, no se ha decidido su aplicación porque "no hay una opinión clara y formada sobre la bondad de la medida", según ha dicho Jiménez en declaraciones a TVE.
De aprobarse, el copago sanitario se sumaría a los recortes en el gasto farmacéutico anunciados por la ministra el pasado mes de marzo. El usuario pagaría una parte testimonial (un euro), como una opción más para ahorrar en la factura sanitaria. La propia titular de Sanidad ha reconocido que su introducción sería polémica porque "entraña un importante coste económico para quienes más usan la sanidad", es decir, "las personas mayores, que son pensionistas y con rentas muy bajas". Ese es el motivo de que en el último plan de recorte anunciado por el Gobierno para reducir el déficit público no hayan "creído conveniente" su adopción.
Pese a todo, y aunque actualmente consideran que es "bastante relevante" tomar una medida de este calado, Jiménez explica que su obligación es "fortalecer y el sistema y mantenerlo en el tiempo" y, de este modo, tienen que estudiar "todas las alternativas posibles". "Evidentemente tenemos que estudiarlo como hacemos con todo tipo de reformas, con seriedad, porque tenemos que ver como va evolucionando la economía y los planes de ajuste, para ver como consolidamos nuestro plan de austeridad", admite la ministra.
Asimismo, recuerda que se ha comprometido con los consejeros autonómicos de Sanidad a estudiar esta medida y, paralelamente, en el Congreso de los Diputados hay una ponencia trabajando sobre esta cuestión. Pese a todo, desde el punto de vista del ingreso han hecho "cálculos" y han visto que "es un ingreso menor en relación con la proporción de la deuda".
LA FADSP VE LA MEDIDA "INJUSTA" E "INSOLIDARIA"
La posibilidad de aplicar el ‘copago’ fue duramente criticada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Su portavoz Marciano Sánchez Bayle dijo, en declaraciones a nuevatribuna.es, que la propuesta es “injusta” e “insolidaria” ya que “penalizará a las personas más pobres”, pensionistas y parados.
A su juicio, “no es asumible”, sobre todo en un momento de crisis económica ya que supondría “un golpe tremendo” al “sistema de solidaridad” que supone la sanidad pública. Sánchez Bayle calificó la propuesta de “regresiva” y consideró que, de llevarse a cabo, sería “un suicidio político”. En su opinión “no es una medida que pueda sustentar un Gobierno de izquierdas. Solo plantearlo descalifica a la persona que lo hace”, afirmó, al tiempo que confió en que “no prospere”.
