El resultado de las elecciones del pasado 6 de noviembre en Nicaragua, que según el Consejo Supremo Electoral dio a Daniel Ortega el 62, 46 % de los votos en las elección presidencial y 63 de los 92 escaños del Parlamento (mayoría absoluta) para el sandinismo oficialista, está cada vez más cuestionado por los observadores internacionales.
En un primer informe verbal de la OEA, ofrecido por el jefe de la misión, el ex canciller argentino, Dante Caputo, denunció una severa restricción a su labor. También observó irregularidades en la entrega de los documentos necesarios para votar y algunos hechos aislados de violencia.
Más duro fue el informe de la UE, cuya misión encabezó el español Luis Yáñez, que señaló que las irregularidades detectadas, “significan un grave retroceso para Nicaragua”. Los observadores europeos no pudieron realizar “una verificación clara y documentable de las sumatorias”. Y criticaron que el Tribunal Electoral solo publicara en su página web los resultados por centros de votación y no por Juntas Receptoras de Votos (JRV). Juntas a las que muchos fiscales de la oposición tuvieron problemas graves para acreditarse y acceder a las mismas. Al no poder, por tanto, acceder a la mayoría de las copias de las actas, no pudieron cotejarlas con la información del Consejo Supremo Electoral.
El embajador nicaragüense ante la OEA, Denis Moncada, ha rechazado el informe de la organización e intentó, infructuosamente, aprobar una resolución contra EE.UU. y José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, a los que acusó de hacer causa común para deslegitimar las elecciones y derrocar al gobierno.
“Es inaceptable y repudiable que algunos miembros de la misión de acompañamiento electoral de la OEA proporcionen información falsa, contribuyendo de esa manera con quienes quieren desestabilizar a Nicaragua”, dijo el representante diplomático de Managua. Moncada también señaló que hubo planes de desestabilización organizados por agentes de la embajada norteamericana con sectores de la oposición.
En general, la victoria de Ortega no es puesta en duda, pero sí los números alcanzados en la votación. Con la nueva mayoría en el Parlamento, el sandinismo tiene las manos libres para cambiar la Constitución (con reelección ilimitada), nombrar magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Electoral y los titulares del Banco Central, la Controlaría y la Procuraduría de Derechos Humanos.
La observación internacional de las elecciones fue incompleta, teniendo en cuenta que solo se admitió poco antes de los comicios, que sufrieron restricciones no habituales y que muchos grupos nacionales no fueron autorizados a actuar como observadores. El portal nicaragüense Confidencial sostiene que los observadores más experimentados sostienen que nunca se sabrá el verdadero resultado de la elección, “porque además de que el FSLN contó a solas los votos en un porcentaje significativo de juntas, 30 % aproximadamente, el proceso de escrutinio fue opaco y la presentación de los resultados no permite ser verificada, como admite la misión de observadores de la UE”.
Ética y Transparencia, capítulo local de Transparencia Internacional, señaló por su parte que los comicios no fueron justos ni honestos y, por lo tanto, “los datos oficiales no merecen credibilidad, dadas las graves, sistemáticas e intencionalidades irregularidades durante su emisión y conteos”. No cumplió con los requisitos mínimos universales en materia de transparencia en los conteos y respeto a la voluntad popular, añadió la ONG.
Además, acusó al Consejo Supremo Electoral de llevar a cabo el mismo modus operandi que aplicó en las controvertidas elecciones municipales de 2008, mediante la entrega del control absoluto de la estructura electoral y de todas las Juntas Receptoras de Votos al gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Señala también que a los partidos de oposición se les impidió fiscalizar en al menos el 30 % de los colegios electorales, siendo allí donde el FSLN “obtiene al menos hasta un 30% más de votos de los que logra en lugares donde se fiscalizó debidamente”.
El Centro Carter, que desistió de enviar una misión oficial por las restricciones impuestas por el gobierno nicaragüense, pero que no obstante envió un pequeño grupo de expertos, confirmó una lamentable erosión de las instituciones nicaragüenses. Reconociendo el amplio respaldo que habría obtenido Daniel Ortega en las urnas, los enviados del centro que fundara Jimmy Carter afirman que los informes de observadores independientes “tendrán implicaciones para la gobernabilidad democrática de Nicaragua”.
Reconociendo, también, avances importantes en términos de estabilidad económica y crecimiento, que generan condiciones de inclusión social, señala una evidente erosión en las instituciones democráticas, “dominadas por intereses partidarios; los frenos y contrapesos están desapareciendo y los mecanismos de control y rendición de cuentas son débiles”, añadió el Centro Carter.
