Ortega necesita tener una mayoría parlamentaria lo más amplia posible, que le dé una legitimidad suplementaria ante la controversia creada por su candidatura
Anomalías y trampas fueron denunciadas por la misión de observadores de la Unión Europea, encabezadas por el español Luis Yáñez. La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, expresó su “descontento y protesta” por las dificultades para realizar su labor.Yáñez también señaló que el Consejo Supremo Electoral, con mayoría sandinista, puso trabas inexplicables: “no sé por qué tanta opacidad y trampas en un proceso que debería ser libre”, añadió.
Un 20 % de los observadores de la OEA no pudieron ejercer su labor, al impedírseles el acceso a las mesas de votación. El ex canciller argentino, Dante Caputo, jefe de la delegación de la OEA, señaló que este era un caso con el que hasta ahora no se habían encontrado y lo calificó como muy preocupante.
La organización Ética y Transparencia, una ONG local constituida para observar las elecciones, también denunció irregularidades antes y durante la jornada electoral. “No se cumplieron los procesos ni las garantías para tener la certeza de que el voto emitido (…) está siendo procesado según los requisitos que establecen los principios universales en materia de observación electoral y de democracia electoral”, dijo el presidente de esta organización, Roberto Courtney. Ética y Transparencia denuncia, por ejemplo, que los partidos opositores no pudieron contar con sus propios fiscales en un número de mesas electorales que situaron entre el 15 y el 20%.
Para esta ONG, “la única explicación razonable de esa ausencia ha sido el bloqueo sistemático por parte de la autoridad electoral” y por tanto el proceso no puede ser calificado de justo, honesto ni creíble.
LA OEA tenía designados 80 observadores y la UE 90. En realidad, su condición fue la de “acompañantes”, ya que el gobierno nicaragüense consideraba que el término “observadores” tendría un matiz de ingerencia. De hecho solo autorizó la presencia de organizaciones internacionales a último momento y con reglas restrictivas respecto a su libertad de movimientos y los informes que podrán hacer públicos, que tendrán que tener el visto bueno de la Junta Electoral.
Condiciones inusuales en este tipo de misiones, que llevaron a la Fundación Carter, que venía observando las elecciones de Nicaragua desde 1990, a desistir de participar en esta ocasión.
Con estos antecedentes, los resultados de estas elecciones entran en un cono de sombra que recuerda el precedente de las elecciones municipales del 2008, en las que el gobierno cometió un fraude tan evidente, que casi toda la cooperación internacional, incluida la de la Unión Europea, se suspendió como forma de protesta.
En cualquier caso, la victoria de Daniel Ortega se daba por descontada. Todas las encuestas coincidían, incluso, en que no sería necesaria una segunda vuelta. Pero más allá de los datos sobre las presidenciales, Ortega necesita tener una mayoría parlamentaria lo más amplia posible, que le dé una legitimidad suplementaria ante la controversia creada por su candidatura. Ilegal, según la Constitución, que prohíbe la reelección, legal según la Corte Suprema, que lo habilitó en una controvertida decisión.
