@jgonzalezok / @gab2301 | En el 2021, 47.503 brasileños tuvieron una muerte violenta, la mayoría (76 %) como consecuencia de disparos de armas de fuego. Es el país con mayor número absoluto de homicidios en todo el mundo y el octavo en términos relativos, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Datos de la ONU señalan que, con el 2,7 % de la población mundial, tiene el 20,4 % de los homicidios registrados. Pese a ello y contra lo que aconsejan muchos expertos y el deseo de la mayoría de los brasileños (72 % según una reciente encuesta de Datafolha), Bolsonaro alienta el armamentismo en la población civil.
“Si depende de mí, todo ciudadano va a tener un arma de fuego dentro de casa”, dijo el 3 de abril de 2017 el entonces diputado Jair Bolsonaro, en una conferencia en el club Hebraica de Río de Janeiro. Ya presidente, son innumerables sus declaraciones en el mismo sentido, mientras no pierde ocasión de hacer un gesto con la mano como si disparase una pistola: “Pueblo armado jamás será esclavizado”; “cuanto más armado esté un pueblo, mejor para todo el mundo”; o “si no quiere comprar un fusil, no toque las pelotas (traducción aproximada de não enche o saco) de quien quiere”, son algunas de las perlas del mandatario.
Nada extraordinario para quien defiende desde hace años la dictadura militar (1964-1985) y el uso de la tortura y que dijo que los militares deberían haber matado a 30.000 personas, incluyendo al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Por eso, nada más asumir el cargo empezó a poner en práctica sus ideas.
Desde 2019, el gobierno ya publicó 38 normas de diferentes rangos, facilitando la compra, registro, posesión y porte de armas, incluso de grueso calibre. La mayor parte beneficiando a los coleccionistas, tiradores y cazadores, una categoría conocida en Brasil como CAC por sus siglas en portugués.
Antes de Bolsonaro, una persona registrada como CAC podía comprar un máximo de 12 armas, seis mil balas y dos kilos de pólvora al año. De acuerdo a la última norma al respecto, puede adquirir hasta 60 armas, 180.000 balas y 20 kilos de pólvora por año. Y artículos como miras telescópicas y otros que aumentan la precisión de las armas, dejaron de integrar la lista de productos que controlaba el Ejército.
Es el país con mayor número absoluto de homicidios en todo el mundo. Pese a ello, Bolsonaro alienta el armamentismo en la población civil
Al tiempo que se alentó el armamento de la población, aumentó de manera incontrolable el número de clubes de tiro deportivo: el año pasado se abrieron más de uno de estos clubes cada día. En 2018, cuando fue elegido Bolsonaro, el país contaba con un total de 773 y a mediados de este 2022 ya habían llegado a 1.644. Y el número de personas consideradas cazadores, tiradores o coleccionista, pasó de 117.465 a 605.313 en ese mismo período. Según contó la periodista Aline Ribeiro en el diario O Globo, hay clubes que funcionan las 24 horas del día, otros con entrenamiento exclusivo para mujeres y hay hasta un hotel rural con espacios para la práctica de “tiroterapia” en familia.
Al mismo tiempo se relajaron todos los controles. Antes era necesario el informe de un psicólogo reconocido por la Policía Federal, ahora puede proporcionarlo cualquier profesional del área. Aumentó el plazo para renovar las licencias, antes de cinco años, ahora para diez. El gobierno impulsó una legislación para permitir el porte de armas cortas en cualquier lugar y horario y hace más difícil el rastreamiento de las municiones. Y el presupuesto destinado a la fiscalización de las armas viene cayendo en los últimos años.
Incluso entre los integrantes de la numerosa bancada evangélica -en el parlamento brasileño hay grupos parlamentarios transversales, como los ruralistas, los evangélicos, etc-, el armamentismo gana partidarios. Tradicionalmente eran opuestos, pero al calor del bolsonarismo algunos empiezan a cambiar por conveniencia política. Y llegan a citar el episodio de Jesús usando un látigo -para ellos un arma de la época- para expulsar a los mercaderes del templo.
El diputado federal Sóstenes Cavalcante, líder del grupo parlamentario evangélico, se manifestó favorable a la legítima defensa, señalando que “el ciudadano de bien tiene derecho a portar inclusive un fusil para defender su casa, su comercio o su hacienda contra criminales fuertemente armados”. Y afirma que la mitad de los diputados evangélicos está dispuesta a tratar la cuestión. El pastor Fadi Faraj sostiene que “el derecho de defensa es bíblico, la cuestión es defender nuestro valores y la familia”.
Quien está feliz con esta situación es el crimen organizado, que tiene una vía extraordinaria para obtener armamento y municiones
Quien está feliz con esta situación es el crimen organizado, que tiene una vía extraordinaria para obtener armamento y municiones. Bien directamente, bien a través de testaferros. La policía ya incautó numerosas armas en poder del Primer Comando de la Capital -el principal grupo criminal de São Paulo- y del Comando Vermelho -su equivalente en Río de Janeiro- y todas habían sido adquiridas por medios legales.
Según la publicación especializada InSight Crime, hace tiempo que los grupos criminales de Brasil compran armas por medios ilegales, especialmente a través del contrabando desde Estados Unidos o robándolas de los arsenales militares y policiales. Existen, además, las armas artesanales y reensambladas. “Ahora, la relativa facilidad para adquirir armas con permisos CAC parece estar alimentando un flujo de armas legales hacia los grupos criminales”, señala, con la ventaja adicional de que son más baratas.
Según datos del Foro Nacional de Seguridad Pública, de mediados de este año, un tercio de todas las armas particulares del país está irregular o fuera del control de la Policía Federal. Son más de 1,5 millones de armas que constan en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm), que están con la documentación vencida.
El abogado Marcos Pollon, próximo de la familia Bolsonaro, está impulsando una versión brasileña de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. De momento, la organización se llama Asociación Nacional Movimiento Proarmas (Ampa), tiene representantes en todos los estados del país, con más de 1.500 colaboradores, entre contratados y voluntarios. Y cuenta con un cuerpo jurídico de 120 abogados para defender a sus asociados. Pollon será candidato a diputado federal, con la bendición presidencial, y pretende reclutar otros candidatos que integren la “bancada de la bala” en el Congreso.
Bolsonaro puede provocar tumultos como la toma del Capitolio en Washington, una situación sumamente peligrosa con sus partidarios armados
En 2003 Brasil había aprobado una ley conocida como Estatuto del Desarme, que reguló la posesión y el porte de armas: se prohibió el porte de armas para civiles, con excepción de algunas categorías profesionales, y la posesión -derecho a tener un arma en casa o en el lugar de trabajo- pasó a tener una serie de excepciones, casos donde hubiera necesidad comprobada, como aquellas personas que vivían en lugares aislados.
Dos años después de aprobada la ley, se sometió a referéndum uno de sus artículos, que prohibía la venta de armas y municiones en todo el territorio nacional, siendo derrotada la propuesta. Pero tuvo resultados positivos. En la campaña de desarme se consiguió que casi 650.000 armas fueran entregadas voluntariamente y destruidas. Las personas fueron alentadas a entregar sus armas, con o sin registro, recibiendo una recompensa por cada pieza. Se calcula que gracias al Estatuto, entre 2003 y 2017 se evitó la muerte de 197.000 personas.
La ofensiva del gobierno de Bolsonaro para dar vía libre al armamentismo tuvo algunos obstáculos en la Justicia. Buena parte de sus decretos y ordenanzas fue contestada por el Supremo Tribunal Federal, que ve peligro de violencia en el proceso electoral. Existe la posibilidad de que Bolsonaro no acepte su derrota en las urnas y provoque tumultos como la toma del Capitolio en Washington por seguidores de Donald Trump, una situación sumamente peligrosa con sus partidarios armados. Bolsonaristas radicales ya asesinaron en la campaña al menos a dos personas identificadas con el PT (Partido de los Trabajadores), del ex presidente Lula. Sin olvidar que cada vez son más fuertes las milicias, grupos criminales formados principalmente por policías (en actividad o no) y bomberos (grupo militarizado en Brasil), que responden políticamente al bolsonarismo.
