El uno de octubre del año 1823, Fernando VII desembarcó en el Puerto de Santa María y fue recibido por el duque de Angulema, se da por finalizada la etapa constitucional y comienza un nuevo ciclo de diez años de duración.
La misión de los cien mil hijos de San Luis había sido únicamente la de derrocar al régimen liberal y restablecer en el trono a Fernando VII. No tenía previsto ser un ejército, sino que incluso se había pensado en una rápida intervención para evitar una posible comparación con la odiada ocupación napoleónica.
La necesidad de poseer un brazo armado que pudiera garantizar debidamente la estabilidad del gobierno absoluto del rey y que evitase cualquier intentona liberal, dio lugar a que Fernando VII mostrará gran interés en solicitar la permanencia del ejército francés en España.
Luis XVIII no solamente no se opuso a los deseos de Fernando VII, sino que los aceptó con complacencia, porque ello suponía un fortalecimiento de la situación francesa en el exterior.
El secretario de estado español y el embajador francés firmaron en Madrid, el nueve de febrero del año 1824, un convenio por el que las tropas francesas permanecieran en España hasta que se afianzase el gobierno de Fernando VII.
El convenio tenía una duración de cinco meses que permitió el establecimiento de un ejército de unos 45.000 hombres. Posteriormente, fue prorrogado sine die, disminuyendo los efectivos a unos 22.000 hombres.
La intervención directa de este ejército en la vida política española fue escasa, ya que solamente se redujo a la destacada participación en la liberación de Tarifa, tomada por un grupo de liberales al mando de Francisco de Valdés en agosto del año 1824.
LOS DISTINTOS GOBIERNOS
Una vez en Madrid, Fernando VII cesó a Víctor Sáez, como ministros de Estado, promocionándole al obispado de Tortosa, y nombró un nuevo ministerio claramente moderado dirigido por el marqués de Casa Irujo. El gobierno tuvo un claro matiz reformista y emprendió la difícil tarea de restablecer una Administración desquiciada por los acontecimientos vividos desde el año 1822.
Desde el año 1822, España se hallaba en estado de verdadera guerra civil y era muy difícil hacerse cargo de la situación del país a finales del año 1823. Los realistas vencedores esperaban, cuando menos, reparación de los perjuicios sufridos en los años de dominio liberal y castigo de los causantes. Los liberales vencidos se mostraron dispuestos a recuperar el poder y adoptaron una actitud retadora y desafiante.
Este gobierno tuvo que seguir las instrucciones que el rey dio al marqués de Casa Irujo y que constituyen el único testimonio directo del pensamiento de Fernando VII acerca de sus orientaciones políticas.
El sexenio absolutista había demostrado la inutilidad de la labor política llevada a cabo por la Inquisición. Este fracaso, unido al desinterés por la ortodoxia religiosa y el carácter obsoleto del Tribunal, explica que la Inquisición no fuese restablecida en el año 1823.
A través de la Real Cédula del trece de enero del año 1824, se dio nuevas competencias a la policía fundamentalmente centradas en la represión del movimiento liberal, aunque también se produce un control de los movimientos absolutistas,
El aumento del poder de la policía hay que considerarlo como un aspecto de la tendencia existente a lo largo del siglo XIX y XX de aumentar las competencias del Estado como consecuencia del proceso de urbanización que en un mayor o menor grado afectó a toda Europa.
Fernando VII dio la orden de la disolución del ejército y la creación de otro nuevo. La disolución se realizó rápidamente, tanto en las milicias provinciales como en las divisiones y cuerpos de ejército formados por la necesidad de la guerra.
Las razones dadas para estas medidas se basaban en que, una vez restablecido el rey en sus derechos, el ejército que dese la guerra de la Independencia era demasiado numeroso, resultaba innecesario y su reducción supondría un ahorro importante para la Hacienda y de utilidad para la agricultura.
Para el restablecimiento del orden público se crearon a partir del trece de enero delo año 1824, las comisiones militares y al cabo de siete meses disminuyendo drásticamente los robos, el problema era que estas actuaciones también iban encaminadas a los asuntos políticos.
La depuración política, llamada entonces purificaciones, también Afecto a los civiles de acuerdo con las Bases dictadas por Fernando VII, que ordenaba limpiar todas las Secretarías del Despacho, Tribunales y demás oficinas de todos lo que hayan sido adictos al sistema constitucional.
El rey ordenó a sus ministros que no existiera ningún tipo de representatividad que venía de las Cortes de Cádiz, que le habían despojado de su soberanía, y del trato que le habían dispensado las Cortes del Trienio. La cuestión de la representatividad se planteaba como la lucha entre dos poderes absolutos el del rey y el de las Cortes,
La última instrucción que dio el rey era que no se reconocieran los empréstitos constitucionales, porque los consejeros del rey consideraron que éste era el castigo más propio para escarmentar a los que fomentan las rebeliones con el auxilio de sus capitales.
De esto se encargó el ministro de Hacienda, López Ballesteros, que era considerado un mago de las finanzas sin una inclinación política clara, es decir era un tecnócrata.
La Hacienda Pública durante esta década ominosa sufrió los mismos problemas que durante el Trienio. La falta de dinero disponible, deuda creciente, imposibilidad de una fiscalidad rigurosa, mecanismos agarrotados por carencia de medios o retrasos de pagas y necesidad de recurrir a empréstitos que, imprescindibles a corto plazo, terminan por aumentar las deudas del Estado.
Las reformas que se llevaron a cabo en el campo de los impuestos fueron más bien escasas, pues fundamentalmente se volvió al sistema del Antiguo Régimen. El mérito de López Ballesteros fue el establecimiento de los Presupuestos Generales del Estado, con una coordinación completa entre todos sus elementos y debidamente asentado los ingresos y los gastos por partida doble. Se prefería cobrar menos, pero cobrar bien, con efectividad y regularidad y administrar adecuadamente.
López Ballesteros permaneció anclado en el sistema fiscal en el Antiguo Régimen, sin embargo, respecto a los empréstitos exteriores siguió la política comenzada en el Trienio. Siguiendo la última instrucción dada por Fernando VII de no reconocer los empréstitos constitucionales, la Hacienda se encontró liberada de tener que pagar mil millones de reales que se debían, pero al mismo tiempo se cerraban en el exterior las puertas de la banca extranjera para posibles créditos.
La presión de los aliados hizo que el proyecto de ley presentada por Ofalia para declarar una amnistía por motivos políticos y que había quedada pospuesta desde enero del año 1824, volviera a tratarse.
En la reunión del Consejo de Ministros del catorce de mayo del año 1824 y publicado posteriormente el veinte del mismo mes, se pedía la unión, la paz interior y la reconciliación. La amnistía o contento absolutamente a nadie. Los realistas furibundos la recibieron mal, porque podría ser utilizada por los liberales, y se consideró que su aplicación tuvo efectos perniciosos.
Los moderados tanto realistas como liberales, consideraron que las excepciones incluidas en el decreto le convertían en raquítica y mezquina. Para los revolucionarios liberales era papel mojado en cuanto que se hallaban excluidos de ellas.
Cea Bermúdez fue llamado por Fernando VII para ponerse al frente del gobierno. El ministro de la Guerra, el moderado general Cruz, fue sustituido por el general realista exaltado, Aymerich que era el jefe de los voluntarios realistas.
La sustitución del general Cruz se debió a las declaraciones realizadas por este sobre el caso Capapé, donde el ministro no había tomado ninguna precaución sobre los planes revolucionarios que se daban en Gibraltar.
Los quince meses del gobierno de Cea Bermúdez se pueden caracterizar porque no hubo una unidad de actuación debido a la desunión existente entre los integrantes del gobierno que los llevó a una serie de intrigas y alianzas entre ellos.
El gobierno tuvo que hacer frente a conspiraciones realistas como la casi desconocida como es el caso del mariscal Capapé y a sublevaciones liberales plasmadas en la toma por Valdés, el desembarco de Pablo Iglesias en Almería, movimientos armados en Jimena.
Estas conspiraciones originaron la reacción del gobierno, que prohibió todo tipo de sociedades secretas, incluso las realistas que parecía que se habían creado ya.
Desde comienzos del año 1825, se intentó la supresión de las comisiones militares porque según el Consejo de Castilla, estaban en contradicción con nuestras leyes. Hubo un incidente muy sonado entre el presidente de la Comisión militar de Madrid, el general Francisco Chaperón y Luis Fernández de Córdoba sirvió para agilizar la supresión de estas comisiones militares.
A los pocos días de la supresión de las Comisiones militares tuvo lugar la sublevación realista del mariscal de campo, Jorge Bessiéres, cuyos preparativos conocía la policía desde hacía dos meses, manteniendo informado perfectamente el ministro de Gracia y Justicia.
El gobierno y Fernando VII no quisieron precipitarse y esperaron a que el proyecto de rebelión se realizase con el fin de descubrir todos los hilos de la trama. El quince de agosto, Bessiéres salió de Madrid hacia Getafe donde se unieron algunos oficiales y un escuadrón, con la que comenzó realmente la sublevación.
El ministro de la Guerra se mantuvo firme, decretando que fueran pasados por las armas los rebeldes todos aquellos que no se entregasen a las tropas reales mandadas por el conde de España.
La sublevación de Bessiéres tuvo dos consecuencias importantes:
- Por un lado, se acordó expulsar de Madrid en el plazo de seis horas a los realistas más importantes.
- Por el otro lado, se mandó crear una Junta Consultiva del reino, subordinada al Consejo de Ministros compuesta de veinte miembros con el objeto de llevar a cabo un estudio incesante sobre la situación política del país.
Esta junta apenas duró tres meses y medio porque a finales de año prefirió restablecer el Consejo de Estado.
El país pasaba por tiempos difíciles como lo muestran los diversos informes como el del duque del Infantado, de los obispos, cinco Capitanes Generales y la Chancillería de Valladolid. Había un ambiente de intranquilidad, una profundad división entre los españoles y sobre todo una gran penuria económica.
Cea Bermúdez es sustituido en la Secretaría de Estado el veinticuatro de octubre del año 1824 por el duque del Infantado, que era un incondicional partidario de Fernando VII desde los tiempos en que era Príncipe de Asturias.
El nuevo residente del Consejo de Ministros era un conservador a ultranza, a pesar de lo cual, el gobierno siguió siendo moderado con los puestos claves del mismo con conservadores. Es en ese momento cuando se inicia una cierta liberalización del país.
La primera medida tomada por el duque del Infantado fue reformar el Consejo de Estado que, aunque no había dejado de existir, había dejado de reunirse. En nuevo Consejo tendría como misión proponer, consultar y preparar reformas y planes de mejora positivos.
La supremacía del Consejo de Estado sobre el Consejo de Ministros era un paso para alejar toda idea de parcialidad de parte de los ministros que, hasta entonces, habían gobernado el país sin contrapeso ni asesoramiento.
Esta apariencia de enfrentamiento al despotismo ilustrado se vio contrapesada con la mayoría claramente conservadora de los componentes del Consejo y se manifestó en el cese del Consejo de ministros decretado por Fernando VII a comienzos de febrero del año 1826.
El embajador español en París ya había anunciado con varios meses de antelación las tramas de los emigrados españoles en Gibraltar, citando al excoronel Bazán como jefe de la conspiración, El gobierno pudo prevenir a los Capitanes Generales, especialmente al de Valencia, de la existencia de un proyecto de desembarco en las costas valenciana y forzar a las autoridades inglesas de Gibraltar a que los expulsaran.
Durante la noche del dieciocho al diecinueve de febrero los hermanos Bazán desembarcaron al frente de sesenta hombres en la costa de Alicante, junto a Guardamar, con la pretensión de provocar un levantamiento general. Nada más poner pie en tierra los conspiradores se vieron rodeados y combatidos por los realistas de los pueblos de alrededor.
Durante los últimos meses de gestión del duque del Infantado al frente del ministerio de Estado tuvo lugar uno de los hechos menos conocidos y más inteligible del reinado de Fernando VII, la llamada conspiración de los moderados.
Dentro del plan general de los emigrados, a cuya cabeza estaba el navarro Espoz y Mina y se concibió el proyecto de implantar el régimen constitucional a través del mismo Fernando VII, sirviéndose de los moderados.
Espoz y Mina autorizó el proyecto como uno más, que sirviera “para fomentar la división en el partido del gobierno, sobre todo entre los fernandistas y carlinos, y conseguir, si fuera posible, que viniendo a las manos con cuerpos armados, vejasen a los pueblos y excitasen en ellos la aversión a los unos y a los otros”.
El proyecto presentado por Fernando VII era totalmente moderado y comprendía un manifiesto en el que el rey planteaba el olvido del pasado y anunciaba reformas entre las que se encontraba la disolución del Consejo de Estado y la creación de un Consejo Supremo de Estado, compuesto por un número doble de miembros al de las provincias del reino. Su función consistiría en proponer las reformas que debían hacerse en las leyes fundamentales.
Fernando VII nombraría nuevos ministros, con Espoz y Mina al frente de la Secretaría de la Guerra, que debería deshacerse de todos los realistas exaltados deportándolos a Filipinas. El proyecto causó un comienzo de desunión entre Fernando VII y su hermano Carlos María Isidro y fracasó fundamentalmente por la presión de los ministros moderados, que le hicieron ver a Fernando VII la posibilidad de realizar lo que quisiera sin necesidad de utilizar a Espoz y Mina.
Una gran parte de la atención del gobierno del duque del Infantado estuvo absorbida por el tema de Portugal, cuyo rey, Juan VI. Había fallecido el diez de marzo del año 1826, sin designar sucesor. La regencia establecida reconoció al emperador del Brasil, Pedro, hijo mayor del fallecido, como rey de Portugal. Don Pedro concedió una carta otorgada y renunció a la Corona a favor de su hija de siete años, María de la Gloria.
El diecinueve de agosto del año 1826, a los casi diez meses de su nombramiento, cesaba el duque del Infantado como ministro de Estado y era sustituido por Manuel González Salmón. El cese del duque del Infantado se debió a la presión combinada de cuatro ministros que se encontraban arrinconados por las atribuciones concedidas al nuevo Consejo de Estado y la supresión de las reuniones del gobierno.
El primer problema que tuvo Manuel González Salmón que enfrentarse fue el de Portugal. Las dos tendencias que existían acerca de la cuestión se definieron más como motivo de las quejas presentadas por el representante oficial portugués, el conde de Villareal a causa de la tolerancia hacia los realistas portugueses.
El gobierno dirigió su atención a lo largo del año 1827 a Cataluña, donde existía un gran descontento por parte de los realistas, especialmente por los Voluntarios que se quejaban de haber recibido una licencia ilimitada sin haber sido admitidos en el ejército. La irritación de los realistas, agraviados o malcontents, había ido creciendo hasta que, inducidos no se sabe todavía pro quién, estalló en el año 1827.
La sublevación comenzó en marzo, con el intento de sorprender la ciudad de Tortosa para poner en libertad a otras partidas en Vic y Manresa, pero en conjunto fueron esporádicas. El gobierno estuvo muy al tanto y tendió a reducir el peligro con prevenciones que con medidas más drásticas. A finales del mes de abril se concedió un indulto con la esperanza de que la actitud conciliadora y suave del gobierno hiciera cesar la insurrección.
Sin embargo, las partidas continuaron aumentando llegando a ocupar Manresa, Vic y Berga en el mes de agosto. La insurrección alcanzó tal grado de amplitud que Fernando VII decidió viajar a mediados de septiembre a Cataluña para pacificarla.
Con la llegada de Fernando VII la insurrección fue a menos. En su permanencia en Barcelona se prohibió introducir algodón procedente de fábricas extranjeras y la conversión del puerto de Barcelona en puerto franco.
LA ECONOMÍA
La guerra de la Independencia supuso una destrucción continua y total de las pocas riquezas económicas con las que se contaba. Se practicó una guerra total en la que era lícito lo que pudiera causar daño al enemigo y algunas veces, como ocurrió con la destrucción de las fábricas pañeras en Béjar o el bombardeo de San Sebastián.
Sin duda la industria y las comunicaciones fueron los sectores más afectados. Los catalanes se quejaban de la destrucción de casi toda su industria de lana o algodón y lo mismo sucede en otras ciudades como Valencia, Segovia o Cuenca. Las calzadas quedaron prácticamente intransitables, desapareciendo numerosos puentes.
La actividad económica española sufrió debido a la pérdida del imperio de América ya que a finales del siglo XVIII, la posesión de las colonias constituía un soporte muy importante en la prosperidad económica. La emancipación de las mismas trajo consigo una carencia absoluta de metal acuñable puesto que casi la totalidad del metal precioso que llegaba a las cecas españolas procedía de América.
Al disminuirse las acuñaciones que se hicieron raras y de no buena calidad, teniendo que recurrir al cobre por negarse Fernando VII a rebajar vergonzosamente la ley de la moneda de esta forma escaseo alarmantemente el dinero en circulación.
Se produjo un corte en el comercio con ultramar que origino la falta de productos como café, cacao, azúcar, tabaco o algodón, pero, sobre todo, la pérdida del mercado de exportación de una gran parte de nuestros productos manufacturados del ramo textil y metalúrgicos.
A lo largo del reinado de Fernando VII se asistió a una continua caída del índice de precios. Puede afirmarse que, en el año 1833, los precios caen en picado y ya solo son un tercio de los que había en el año 1812.
La causa primordial de esta deflación se centró en la falta de demanda por la escasez de dinero y por la pérdida del mercado americano. El comercio exterior de España muestra una fuerte contracción que reduce en el año 1827, tanto las importaciones como las exportaciones en un tercio con respecto al año 1792 como resultado, se provoca un aumento considerable del contrabando, que llega en determinados momentos hasta tres veces superior al comercio oficial.
La situación económica es de una gran precariedad pasando a ser una economía de subsistencia en un ámbito local o a lo sumo en comarcal pero nunca un mercado nacional a gran escala.
En el sector agrario la estructura de la propiedad siguió siendo la propia del Antiguo Régimen con grandes propiedades con diferentes formas de amortización y vinculaciones que apenas cambiaron de manos a pesar de las medidas desamortizadoras del gobierno francés o de las tomadas por las Cortes del Trienio Liberal.
Como en toda deflación, hubo un retroceso a la tierra que se mostró tanto en un aumento de las inversiones en tierras como deseo de todas las tendencias políticas a fomentar la agricultura como único medio que permitiese salir de la crisis existente.
El sector industrial fue el que se llevó la peor parte en el periodo deflacionista y, sobre todo, el sector textil en todas sus modalidades. En el año 1824, la mayor parte de las fábricas textiles se habían cerrado, los talleres llenos de polvo y los artesanos pidiendo limosna.
El índice de producción descendió hasta una octava parte de lo que había sido a finales del siglo XVIII. La paralización del comercio exterior por la pérdida de los territorios americanos trajo consigo una contracción del tráfico interno que se plasmó en un aumento del número de quiebras de establecimientos comerciales.
Había dificultades para la circulación de los bienes lo que creaba inconvenientes tanto en el comercio interior como exterior. Esto provocó fuertes disputas librecambistas por ejemplo entre los comerciantes de Cádiz, y los fabricantes proteccionistas catalanes.
Todos estos componentes de la deflación se tradujeron en un empeoramiento de las condiciones de vida en que se desenvolvía el español medio del primer tercio del siglo XIX creando un ambiente de pobreza cercana a la miseria.
Como consecuencia lógica la Administración del Estado se convirtió en una maquinaria agarrotada que conducía al fracaso absoluto cualquier gestión del gobierno.
LA CUESTIÓN DINÁSTICA
El dieciocho de mayo del año 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia que era estéril. El rey vio inmediatamente la posibilidad de tener descendencia, ida que siempre había mostrado y acariciado, si contraía nuevo matrimonio.
Los achaques de que adolecía y la avanzada edad de cuarenta y cinco años le forzaron a tomar rápidamente la decisión, de tal forma que aun antes de celebrarse los funerales de su difunta esposa se le comunicó al ministro Grijalba y cinco días más tarde, de forma oficial, al Consejo de Ministros.
A partir de ese momento el porvenir del infante Carlos, sucesor legal de Fernando VII, parecía inseguro, puesto que al no permanecer el rey viudo podría cambiar su situación si tuviera hijos. El desplazamiento en la línea sucesoria causo un cierto temor entre los realistas que hasta entonces habían cifrado sus esperanzas en el infante.
Para los moderados y también para los liberales, el posible nuevo matrimonio del rey planteaba una nueva situación esperanzadora en la que podría ocurrir la exclusión al trono del infante Carlos.
Fueron desechadas una princesa de Baviera y otra de Cerdeña ambas presentadas por los realistas. La infanta Luisa Carlota propuso como candidata a su propia hermana María Cristina debido a su juventud pues tenía veintitrés años y el descender de una familia prolífica decidió al rey de inmediato a su favor.
El nueve de abril se celebró la boda en Aranjuez y dos días después la nueva reina hizo la entrada en Madrid. El cuarto matrimonio del rey es considerado por algunos sectores historiográficos como una verdadera maniobra liberal desde sus orígenes hasta su finalización.
Todas las fuentes coinciden en alabar las buenas costumbres de la nueva reina, destacando su alegría juvenil que contrastaba con la seriedad de la reina Amalia y que explica la rápida y eficaz influencia que María Cristina alcanzó sobre el envejecido y achacoso Fernando VII.
A comienzos de abril del año 1830, Fernando VII ordenó publicar en la Gaceta “la Pragmática Sanción” que fue decretada por el rey Carlos IV a petición de las Cortes del año 1789 y mandada publicar para la observancia perpetua de la Ley 2ª, título 15, partida 2ª que establece la sucesión regular en la Corona de España.
Con esta ley el infante Carlos quedaba prácticamente excluido de la sucesión, puesto que, si el estado de buena esperanza en que se encontraba la reina María Cristina llegaba a buen fin, el hijo o hija que naciese sucedería directamente a Fernando VII.
Había un interés evidente en el año 1830 en la publicación de la Pragmática, pues de esta forma se evitaba la llegada del infante Carlos y sus realistas exaltados. También la publicación se debe a la presión que ejerció la familia de la reina.
Los efectos políticos de la publicación de la Pragmática Sanción fueron evidentes. A partir de eso momento los realistas se opusieron manifiestamente a esta norma por el interés que tenían en que el infante Carlos llegara al trono, ya que con el veían factible, las reformas que predicaban y la posibilidad que no hubiera una solución de continuidad.
Los liberales aceptaron de grado dicha modificación del orden sucesorio, porque éste era el único camino para lograr sus esperanzas, ya que eliminaba definitivamente al infante Carlos y se abría la posibilidad de una minoridad, lo que, a la larga, les daría un amplio margen de maniobra.
En julio del año 1830, fue derrocado el rey francés Carlos X y se instauró una monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe de Orleáns. El no reconocimiento diplomático del nuevo régimen por parte de Fernando VII hizo que el gobierno francés alentara las actividades de los emigrantes liberales españoles.
Era muy conocida en Francia la idea de los liberales que pretendían una invasión y que la población española la aprobaría y apoyaría que los títulos del gobierno español bajaron en la bolsa de París mientras que se duplicó el valor de las cotizaciones de los bonos de las Cortes del Trienio.
El gobierno reaccionó tomando medidas políticas y militares. La frontera con Francia se guarneció y tanto los capitanes generales de Navarra, Aragón y Cataluña. Declaro traidores y reos de pena de muerte a los que fueran hechos prisioneros con las armas en la mano o quienes auxiliaren con armas y municiones, víveres o dinero a los rebeldes.
La actuación de la Junta de Perpiñán fue totalmente ineficaz, porque la discordia existente entre los partidarios de mina y los de Torrijos, la lucha entre masones y comuneros por el poder había llegado a tal grado que era imposible la reconciliación entre ambas facciones, a pesar de que Mina hizo un último esfuerzo que fracasó estrepitosamente.
La invasión comenzó por Navarra el día trece de octubre del año 1830, cuando un contingente de unos 800 hombres al mando de Valdés, penetrando pro Urdax, seguido de Mina, mientras que Chapalangarra, el coronel De Pablo, lo hizo por Valcarlos, donde fue abatido por Eraso.
Mina se dirigió a Vera de Bidasoa, que tomó, e intentó sin éxito sublevar a Irún, pero el general Llauder acudió a Vera, puso en fuga a los liberales y les obligó a volver a Francia.
El poco éxito de estos intentos y las medidas tomadas por el gobernador inglés de Gibraltar, hicieron que una expedición a las costas levantinas organizadas por Torrijos, Manzanares y Palarea se pospusiera sine die.
La pretendida invasión liberal fue un fracaso completo no sólo por las medidas de orden público tomadas por el gobierno y por la desunión antagónica de los líderes liberales, sino también por la falta de apoyo popular, puesto que los revolucionarios en vez de encontrarse con la aclamación de los habitantes de los pueblos, se hallaron con una indiferencia total e incluso con el abandono de las localidades de sus moradores.
Quién logró sus objetivos fue el gobierno francés. Fernando VII mandó poner al corriente, sin perder un momento la documentación necesaria para remitirla al embajador español en París, conde de Ofalia, a fin de que reconociese a Luis Felipe de Orleáns como rey de los franceses con tal que desarmase e hiciese internar en Francia a los emigrados.
La revolución francesa del año 1839 y el comienzo de las intentonas liberales tuvieron dos consecuencias en el plano interior:
- Por un lado, se cerraron las universidades para evitar que fuera creciendo la agitación estudiantil existente.
- Por el otro lado, el dominio de la situación permitió que, con motivo del nacimiento de la princesa Isabel, con extraordinario regocijo de Fernando VII, se concediese el indulto general que sirvió para que algunos emigrantes volvieran a España.
El catorce de septiembre del año 1832, a la enfermedad de la gota que padecía Fernando VII se le unió un fuerte catarro que llevó a los médicos de la corte a declarar que el rey se hallaba en grave peligro de muerte.
Como pasos previos para la sucesión de Isabel II se pensó que la reina María Cristina se hiciera cargo del gobierno y que el infante don Carlos renunciara a sus hipotéticos derechos. Lo primero que se consiguió mediante la firma de Fernando VII de un decreto autorizando a la reina para el despacho. Decreto que María Cristina puso inmediatamente en práctica, señalando hora ese mismo día para despachar con el ministro de Estado.
Para lograr el segundo objetivo, se establecieron contactos a través del conde de Alcudia con don Carlos, al que se le ofreció la corregencia, la regencia e incluso el matrimonio de su hijo con la heredera Isabel. Las gestiones del secretario de Estado fueron inútiles, ya que el infante rechazó una a una todas las soluciones posibles.
La reina se informó de la situación que podría crearse en el caso de la muerte del rey. Antonini le manifestó el ambiente entre los realistas de Madrid que era de guerra civil. El jefe de la Guarda Real, también consultado por la reina, expuso que el intento de mantener los derechos de la infanta Isabel traería gran derramamiento de sangre
Entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil, María Cristina eligió la segunda posibilidad para lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la reciente Pragmática Sanción. Ante su esposa y los ministros que se encontraban en la Granja, el rey rubricó de forma no violenta.
El decreto que debía haberse mantenido en secreto se convirtió en un secreto a voces, de tal forma que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción por encima de todo.
Una vez que el rey se restableció y que se contó con una fuerza militar adicta, se llevó a cabo el plan previsto por la Junta liberal, cambiando a todo el gobierno por uno presidido por el embajador de España en Londres, Francisco Cae Bermúdez. Don Carlos perdió con este gobierno la posibilidad de acceder directamente al trono español pues se había realizado un auténtico golpe de Estado.
El nuevo gobierno con el pleno apoyo de la reina María Cristina, se planteó dos objetivos fundamentales:
- Hacerse con el poder a todos los niveles.
- Resolver el problema creado con la firma del decreto derogatorio de la Pragmática Sanción.
El primer objetivo se consiguió, logrando cuidadosamente sustituir a todos los mando militares y policiales que pudieran estar comprometidos con las ideas del infante don Carlos. Desmontado los cuerpos de voluntarios realistas, para lo que se les privó de cobrar tributos directamente, ordenando que la Hacienda real fuese la única institución que se hiciese car de la percepción de los impuestos.
Se proclamó una amnistía que supone de hecho un pacto entre María Cristina y el liberalismo. La monarquía isabelina se asentaría con el apoyo de todos los liberales, mientras que éstos realizarían sus ideales bajo la bandera de la legitimidad.
El segundo objetivo tuvo dos fases diferenciadas:
- En la primera, se buscó a una cabeza de turco en la persona de Calomarde, que fue primeramente desterrado a cuarenta leguas de la Corte y de los sitios reales y posteriormente perseguido hasta que pudo ponerse a salvo su vida huyendo a Francia.
- La segunda fase, se esperó a dominar plenamente todos lso resortes del país.
El veintinueve de septiembre del año 1833, Fernando VII muere dejando como herencia a su hija, Isabel II una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen liberal.
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