El general Narváez sustituye al general O’Donnell y era la cuarta vez que ascendía a este puesto y venía acompañado de elementos ultraconservadores, como Nocedal en Gobernación y de reformistas eficaces, como Claudio Moyano en Fomento.
Se derogaron todos los decretos, leyes y disposiciones que violaban el Concordato del año 1851 y se restablecieron las relaciones con la Santa Sede. Se suspendió la aplicación de la ley de desamortización del año 1855.
- LA GUERRA EN ÁFRICA
- LA INTERVENCIÓN EN ULTRAMAR
- EL FINAL DEL REINADO DE ISABEL II
- JUSTIFICACIONES DE ISABEL II
Se conformó el restablecimiento de la Constitución del año 1845, pero sin el Acta adicional que había hecho aprobar el general O’Donnell y se suprimieron todas las disposiciones que los progresistas habían introducido para el gobierno de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Se volvía a la situación anterior a la revolución del año 1854.
El gobierno de Narváez llevo a cabo una notable tarea legislativa. Se trabajo con gran afán no poca inteligencia para ampliar la falta de libertad en las instituciones políticas con regular administración. Los moderados contaron con una aplastante mayoría en la Cámara, pues en las elecciones celebradas en veinticinco de marzo del año 1857, sólo salió media docena de diputados progresistas.
Las Cortes se abrieron el uno de mayo del año 1857 y la primera cuestión que abordaron fue la reforma del Senado, en el que en lo sucesivo se exigirían más requisitos para adquirir la condición de senador, con el objeto de que se prestigiase más la Alta Cámara.
Se introdujo la novedad de hacer hereditario el cargo para aquellos grandes de España, que disfrutasen de una renta superior a los 200.000 reales. La medida, no tuvo afecto por el temor de los gobiernos que se sucedieron a que aquellos pudiesen dar lugar al restablecimiento de las vinculaciones [1].
El Gobierno presentó un proyecto de Imprenta. En ella se introducían la censura previa para la publicación de los periódicos y se exigía a los directores un depósito permanente de 300.000 reales si era de Madrid y de 200.000 reales si era de provincias.
El Gobierno de Narváez realizó importantes trabajos estadísticos, como el censo general de la población del año 1857, promulgó la ley de Instrucción Pública y fundó a Academia de Ciencias Morales y Políticas. Al mismo tiempo, el gobierno moderado actuó con gran dureza en las represiones que llevó a cabo contra los autores de los desórdenes que tuvieron lugar en el verano del año 1857 en Andalucía.
Sólo había transcurrido un año desde su nombramiento, cuando se produjo la caída del general Narváez. La reina desconfiaba de su carácter autoritario.
En el colmo de la insensatez, la reina hizo un intento de presidir ella misma un gobierno, de lo que fue disuadida por Bravo Murillo, tras mostrarle su condición de inviolable.
Forma gobierno el general Armero, el quince de octubre del año 1857 y gobernara hasta el once de enero del año 1858. El general Armero era un hombre de transición que pretendía situarse entre el radicalismo progresista y el reaccionarismo de los moderados.
Una desfavorable votación en las Cortes provocó su sustitución por Javier Istúriz que gobernó desde el once de enero del año 1858 al treinta de junio del mismo año, contó con el apoyo del sector más duro del moderantismo encabezado por Bravo Murillo, pero fue despegándose de él para conectar con los elementos más liberales e incluso con algunos del partido progresista.
El gobierno de los moderados se había desacreditado a causa de sus escisiones, que ponían de manifiesto su desgaste. Su contenido político no se había renovado, seguía alimentándose ideológicamente del doctrinarismo de la época de María Cristina y no se había producido el relevo de sus principales líderes. Lo mismo ocurría con los progresistas.
El resultado de la deserción de miembros de una y otra opción política fue la formación de la Unión Liberal, una nueva fuerza que intentaría conciliar la libertad con el orden y que llenaría la vida políticas española, al menos hasta el año 1863.
La Unión Liberal
La Unión Liberal estaba integrada por elementos convergentes de los dos partidos históricos e inspirados por el general O’Donnell y José Posada Herrera, antiguo progresista, político hábil y con sentido político.
El objetivo era el de hallar el difícil equilibrio entre libertad y el orden y conciliar los diversos intereses que habían venido enfrentándose sistemáticamente en forma de poder o de oposición.
Como partido de síntesis, la Unión Liberal carecía de un programa propio y de un cuerpo de doctrina original. Es más, el general O’Donnell consideran la intransigencia doctrinal y los dogmas políticos como trabas insalvables para la buena marcha del gobierno.
Posada Herrera condenaba al partido moderado y al progresista porque cada uno pretendía imponer su propia Constitución, cada uno tenía su propio sistema de administración, e incluso, cada uno tenía sus propios funcionarios.
Creía que había que partir de las instituciones existentes para consolidarlas y hacerlas eficaces, para después llevar a cabo su perfeccionamiento y adaptación a los tiempos venideros.
Su eclecticismo y pragmatismo le llevaban a acoger a todos aquellos que aceptasen la dinastía y la Constitución y no tuviesen opiniones contrarias en lo esencial al proyecto, sin tener en cuenta su procedencia ni su denominación. Los procedentes de los partidos tradicionales que acudieron a la llamada de la Unión Liberal eran los resellados.
El treinta de junio del año 1858, se constituyó el Gobierno del general O’Donnell con una duración superior a los cuatro años. Posada Herrera llevaría Gobernación donde fue calificado de Gran Elector. La consiguiente disolución de las Cortes fue acompañada de la convocatoria de elecciones para finales del año 1858.
Los mecanismos de influencia y presión se pusieron en funcionamiento con el objeto de obtener una mayoría cómoda en el Congreso. Los gobernadores civiles fueron aleccionados, se cambió a todo el personal de la Administración y se rectificaron las listas electorales.
Posada Herrera consiguió fabricar una gran mayoría son que por ello dejasen de estar representados los hombres más destacados de la oposición que ejercieron una crítica brillante y tenaz a la labor del gobierno.
El Congreso abrió sus sesiones, el uno de diciembre del año 1858. En los debates se puso de manifiesto que la palabrería y las acusaciones mutuas, junto con la falta de preocupación por los problemas de fondo que tenía planteado el país, eran cosas que no había podido desterrar la vida parlamentaria a pesar del dominio de la Unión Liberal.
Las sesiones de las Cortes se interrumpieron durante el verano del año 1859, para reanudarse el uno de octubre. Algunos acontecimientos no consiguieron del todo alterar la tranquilidad que vivió el país en aquella época.
Un intento republicano dirigido por Sixto Cámara, que intentó sublevar a la guarnición de Olivenza, y que le costó la vida y un frustrado regreso del conde de Montemolin, que desistió cuando nació el hijo varón de Isabel II, el futuro Alfonso XII. La guerra de África inició una serie de aventuras exteriores que explican la desactivación de los endémicos conflictos domésticos durante algún tiempo.
La estabilidad política de estos años tiene mucho que ver con la prosperidad económica. El gobierno de la Unión Liberal era consciente de que el desarrollo y la creación de riqueza eran sólo el camino para una España nueva, sino el mejor antídoto contra la revuelta social.
El presupuesto extraordinario del año 1859 preveía una serie de inversiones en este sentido, a base de captación de ingresos extraordinarios y de préstamos. El ferrocarril comenzó su auténtica expansión a comienzos de la década de los años sesenta y la industria metalúrgica se benefició de la política de O’Donnell de construcción naval para dotar al país de una verdadera escuadra capaz de enfrentarse a las primeras potencias del mundo.
Estos años, sólo alterados ocasionalmente por brotes de republicanismo o manifestaciones de descontento social, como la revuelta de Loja, fueron aprovechados por la reina para realizar algunos viajes por distintas regiones del país.
Visitó Alicante, Baleares, Barcelona y Zaragoza en el año 186. Dos años más tarde recorrió las regiones de Andalucía y de Murcia y su satisfacción por el recibimiento de que fue objeto en el sur de España se refleja en el discurso de la Corona para la apertura de la legislatura de aquel año.
Se produce un desgaste natural provocado por su larga permanencia en el poder y forzaron la dimisión de O’Donnell el veintisiete de febrero del año 1863.
La causa concreta de su caía fue la negativa de la reina a acceder al deseo de O’Donnell de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, para que se pronunciasen sobre la cuestión de una reforma constitucional.
La actitud de Isabel II parecía responder al deseo de que no se aboliese aquella otra reforma que se había aprobado en julio del año 1857, en la que se reforzaban los requisitos para la obtención de un escaño en el Senado.
Sin embargo, más tarde autorizó al Ministerio de Mon para que en el año 1864 la derogase definitivamente. Sea cual fuere la intención o el capricho de la reina, lo cierto es que su postura precipitó la caída de O’Donnell, dando con ello fin a aquel ensayo de entro, que subsistió mientras que duró el poder.
A partir de ese momento y hasta el final del reinado de Isabel II resulta difícil encontrar una explicación coherente y racional sobre la evolución de la política española. Todos se reducen exactamente a la distribución de las fuerzas políticas en presencia, ni mucho menos a los sectores sociales responsables.
Ello no era más que un reflejo de la descomposición y la fragmentación de los distintos partidos, de la falta de solidaridad que impedía cualquier intento de llevar a cabo una coalición.
Los progresistas nos e encontraban en condiciones de gobernar, porque su partido se halaba desorganizado y dividido, situación que achacaba a la política de descomposición de las antiguas fuerzas por parte del anterior gobierno.
La reina, por su parte, seguía desconfiando de un partido al que consideraba como cripto-revolucionario. Su actitud a partir de entonces sería la del detraimiento, y desde ahí inclinándose cada vez más hacia la acción revolucionaria.
Los demócratas también e hallaban divididos entre la antigua dirección de Rivero y Orense y la nueva generación representada por Pi y Margall y Castelar, entre las individualistas y los socialistas. Sin embargo, trataban de atraerse a los progresistas decepcionados, alentando las disensiones entre ellos. La Corona no podía contar con los demócratas por su actitud antidinástica y revolucionaria.
Quedaban los moderados, pero también éstos se hallaban fragmentados en varios grupos y habían demostrado una nula capacidad de recuperación porque en realidad sus cuadros directivos habían sido los más afectados por el entusiasmo de la Unión Liberal, que les había ocupado un territorio político que ahora resultaba difícil de volver a ganar.
LA GUERRA EN ÁFRICA
El aspecto más interesante de la etapa de la Unión Liberal fue la política exterior. Desde la pérdida de las colonias del continente americano, los problemas de la política interior habían atraído de tal manera la atención de los distintos gobiernos que se puede afirmar que España vivió durante más de tres décadas con un escasísimo contacto con el exterior y prácticamente aislada en el contexto de la política internacional.
obra de Francisco Sans Cabot
Ese aislamiento puede parecer contradictorio con la integración de España en la Cuádruple Alianza (Inglaterra, Francia, España y Portugal) cuyo Tratado se firmó en Londres en el año 1834 y que contribuyó a crear un sistema regional europeo occidental, parlamentario y liberal.
La guerra de África hay que entenderla como una cuestión que aparte de los aspectos relativos a la defensa de unos territorios pertenecientes a España, afectó a la política interior por cuanto sirvió al general O’Donnell para crear en torno al gobierno de la Unión Liberal un consenso generalizado, impulsado por la exaltación nacionalista que provocó el conflicto.
Los problemas en Marruecos se habían iniciado a comienzos del reinado de Isabel II, a raíz de la ocupación en el año 1843de algunos territorios colindantes con la plaza de Ceuta que ponía en peligro su defensa.
El gobierno del general Narvaéz presentó con este motivo una reclamación más enérgica, que fue contestada negativamente por el sultán de Marruecos. La intervención mediadora de Francia e Inglaterra facilitó la firma del Convenio de Tánger el veinticinco de noviembre del año 1844 y de Lareche del seis de mayo del año 1845, mediante los que se restituían a Ceuta y Melilla sus antiguos límites.
Los Convenios no se cumplieron puesto que continuaron las agresiones, el comercio español no recibió ventajas pactadas, ni las plazas de Ceuta y Melilla recobraron sus antiguos límites. España volvió a reclamar de nuevo a Marruecos en el año 1848 y el sultán respondió calificando de invasión su territorio la ocupación de las islas Chafarinas por tropas españolas.
La ruptura parecía inevitable y se produjo en efecto en el año 1859, precisamente cuando acababa de formarse un nuevo acuerdo, el Convenio de Tetuán del veinticinco de agosto del año 1859. De forma inesperada, los moros de la cabila de Anghera atacaron la plaza de Ceuta, destruyeron sus defensas y arrancaron el escudo de España de la piedra que marcaba el límite entre el territorio español y el marroquí.
España declaró la guerra a Marruecos el veintidós de octubre del año 1859 y contó para ello con las simpatías de las naciones europeas, excepto de Inglaterra, que desconfiaba de la presencia española al otro lado del estrecho y temía por la fortaleza de Gibraltar.
Las tropas españolas se fueron reuniendo en los puertos de Algeciras, Málaga y Cádiz, tras alcanzar la cifra de 40.000 soldados. Este ejército se dividió en tres cuerpos mandados, por los generales Echague, Zavala y Ros de Olano.
Contaban también con una reserva mandada por el general Prim y con una división e caballería bajo el mando del general Félix Alcalá Galiano. La jefatura suprema la asumió el propio general O’Donnell, quien marco como principal objetivo la toma de Tetuán. Para trasladar a estas tropas al norte de África se dispondría de catorce buques. Una vez allí, debían dirigirse por tierra hasta Tetuán.
El ejército marroquí estaba mandado por el hermano del sultán, Muley-el-Abbas y estaba compuesto por tropas permanentes y accidentales, que en total se acercaban a los 40.000 hombres, pero poco disciplinados y faltos de una mínima organización.
Hasta comienzos del año 1860 no pudieron los españoles iniciar su marcha a Tetuán. El general Prim se adelantó con sus tropas penetrando en el valle de los Castillejos, donde fue sorprendido por el enemigo y colocado en una difícil situación.
La ayuda del general Zavala y el arrojo y la valentía de Prim consiguieron que los marroquíes se retiraran, no sin antes causar 700 bajas en las tropas españolas. Su comportamiento le valdría a Prim el sobrenombre de héroe de los Castillejos.
A los dos días continuó el avance sobre Tetuán, teniendo que vencer grandes obstáculos por el hostigamiento continuo que sufrían los soldados y por la escasez de víveres con que contaban, dadas las dificultades con las que tropezaban la escuadra para desembarcar las provisiones a causa del temporal. A pesar de todo, tomaron importantes posiciones en el Monte Negrón, lo que les facilitó el camino para llegar al objetivo final.
El cuatro de febrero se preparó el ejército para atacar Tetuán. Se realizó una previa preparación por parte de la artillería, que disparó alrededor de tres mil proyectiles, tras lo cual Prim atacó
Al día siguiente el general O’Donnell entró en Tetuán, que ya no ofreció resistencia. Muley-es-Abbas trató de dilatar las negociaciones para fijar las condiciones de paz con el objeto de rehacer sus fuerzas, cosa que consiguió en Wad Ras, delante del desfiladero de Fondak, en el camino que llevaba de Tetuán a Tánger.
El ejército español siguió avanzando, mientras la escuadra bombardeaba Larache y Arcila. En Wad Ras se produjo el combate más duro de toda la campaña militar el veintitrés de marzo del año 1960. La batalla fue muy sangrienta debido al ardor de los combatiente y las dificultades del terreno, que hicieron que se llegar en numerosas ocasiones al cuerpo a cuerpo. Al final, los marroquíes tuvieron que retirarse a las alturas de Fondak, dispuestos a continuar, si era necesario, la resistencia.
El veintiséis de abril del año 1860, se firma el Tratado de Wad-Ras. Tetuán quedaba en poder de los españoles, hasta que éstos recibiesen una entrega de 400 millones de reales en concepto de indemnización de guerra.
Marruecos cedía a España todo el territorio comprendido desde el mar, siguiendo las alturas de Sierra Bullones hasta el barranco de Anghera. Asimismo cedía a perpetuidad la costa del océano Atlántico de Santa Cruz la Pequeña (Ifni), para que crease allí un establecimiento de pesquería, como el que había tenido allí en otros tiempos.
El rey de Marruecos se comprometía, por otra cláusula del tratado, a ratificar el convenio referente a las plazas españolas de Melilla, el Peñón y Alhucemas, que habían firmado los plenipotenciarios de los dos países, en Tetuán el veinticuatro de agosto del año 1859. Desde el punto de vista comercial, España recibiría por parte de Marruecos el tratamiento de Nación más favorecida.
La guerra de Marruecos había comenzado con el respaldo popular entusiasta de la mayor parte de los españoles. Incluso hay que reconocer que fue un aglutinante milagroso que puso de acuerdo a todos los partidos.
Es más, la oposición mostró, a través de las intervenciones en el Congreso y a través de la prensa, un mayor ardor intervencionista que el propio Gobierno. A medida que se desarrolló la campaña, esos entusiasmos fueron enfriándose algo a causa de las numerosas bajas que causaban.
Posteriormente, dio origen a importantes críticas por los escasos resultados de la intervención, ya que Marruecos no cumplió sus compromisos. Una guerra grande una paz chica, fue la frase con la que se expresaba ese desengaño.
La guerra permitió al general O’Donnell recibir el título de duque de Tetuán, y dio lugar a una colección de espléndidos retratos, pinturas y grabados, como los que realizó Mariano Fortuny, que estuvo pensionado en la campaña por la Diputación de Barcelona, o a relatos que alcanzaron notable difusión.
LA INTERVENCIÓN EN ULTRAMAR
La política interior española durante la etapa de la Unión Liberal se proyecta en Ultramar en las siguientes intervenciones:
- Colaboración con Francia en la expedición a la Conchinchina entre los años 1857 y 1968.
- Expedición a México entre los años 1861 y 1862.
- Recuperación de Santo Domingo del año 1861.
- La guerra del Pacífico, con Perú y Chile entre los años 1863 y 186.
La retórica y un cierto triunfalismo por los resultados de esta política se manifiestan en el discurso de la Corona en la sesión de apertura de las Cortes el ocho de noviembre del año 1861.
La expedición de Conchinchina se llevó a cabo a remolque de Francia, que tenía sus miradas puestas en Indochina y en Anam por razones económicas y estratégicas. El motivo que provocó el envió a Oriente de una fuerza combinada fue el asesinato de los obispos españoles Sampedro y Díaz y de otros misioneros que evangelizaban aquellas tierras.
Aunque el mando de la expedición se la cedió a los franceses, en realidad quienes llevaron el peso de las operaciones que allí se realizaron fueron los españoles, quienes enviados desde Manila bajo el mando del coronel Palanca, demostraron estar más habituados a aquel riguroso clima y conocer mejor el medio en el que tenían que desenvolverse.
La intervención en México se hizo también conjuntamente con Francia y con Inglaterra, interesadas estas dos potencias en abrir zonas de influencia en el continente americano. México se hallaba enzarzado en una serie de luchas interiores entre conservadores y radicales, encabezados éstos por Benito Juárez, quien triunfante en diciembre del año 1860, tomó una serie de medidas perjudiciales para los intereses extranjeros.
Algunos mexicanos solicitaron la intervención de España, Francia e Inglaterra para dotar a México de un gobierno estable y fuerte. Napoleón III se manifestó dispuesto y en principio contó con la colaboración de Inglaterra. España decidió sumarse al acuerdo para evitar que las otras potencias obrasen por su cuenta.
El treinta y uno de octubre del año 1861, se firmó el Tratado de Londres, donde se pactó entre las tres naciones enviar a México las tropas de intervención, obligándose a no ejercer en los negocios internos de México influencia alguna capaz de menoscabar el derecho que tiene la nación de escoger y constituir libremente la forma de gobierno.
La intervención se realizaría sobre la base de un cuerpo expedicionario compuesto por 6.000 españoles y 3.000 franceses. Inglaterra enviaría dos navíos, cuatro fragatas y 700 hombres de desembarco.
España preparo su expedición desde Cuba y la puso al mando del general Prim, quien decidió a salida desde La Habana antes de ponerse de acuerdo con los aliados, tomando Veracruz y San Juan de Elúa a mediados de diciembre del año 1861.
En esta fortaleza se reunieron los tres jefes expedicionarios y manifestaron su intención de no interferir en las cuestiones internas de México, sino sólo tenderle una mano amiga.
Las fuerzas aliadas se internaron hasta Orizaba, donde Prim llevo a cabo varias entrevistas con los representantes de Juárez y formó la llamada Convención de la Soledad, el diecinueve de febrero del año 1862, por la que el gobierno mexicano, aun declarando que se mantendría firme ante cualquier tipo de revocación, aceptaba entra en negociaciones.
La Convención fue rechazada por Francia, ya que obstaculizaba su propósito con respecto a Maximiliano. Napoleón envió otro ejército a Veracruz, cuyos jefes, el general Lorenzez y el almirante Jurien de la Graviere, trataron de convencer a Prim y al feje inglés sir Wike, de que los tres gobiernos aliados estaban de acuerdo con la candidatura del archiduque Maximiliano. No lo consiguieron y el representante francés declaró que su expedición es una expedición francesa y no está a las órdenes de nadie.
Las decisiones se confirmaron en una conferencia, que tuvo lugar en Orizaba, el nueve de abril, a partir de la cual se separaron las fuerzas inglesas y españolas, regresando Prim a La Habana para no hacerse cómplice de la implantación en México de una monarquía francesa.
La decisión de Prim fue muy personal y no contó en un principio con el beneplácito de O’Donnell, quien hubiese preferido una contemporización, hasta que se llevase a cabo una negociación en Europa.
Incluso parece ser que la reina Isabel II soñaba con la entronización de un infante español en México. Sin embargo, primero ésta y después el jefe del gobierno, comprendieron la honradez y la gallardía del general Prim, aprobando su actitud y felicitándolo por su comportamiento.
La política de prestigio impulsada desde el gobierno de O’Donnel dio lugar también al episodio de le efímera reincorporación de Santo Domingo a la Corona española. Desde la paz de Basilea del año 1795, España había cedido a Francia la parte española de la isla, aunque sus habitantes nunca habían aceptado a sus nuevos dominadores.
Constituida en República independiente en el año 1844, corría el peligro de ser absorbida por Haití, cuyo titulado emperador, Francisco Soulouque amenazó en el año 1858 con invadir el territorio dominicano. Fue entonces cuando se presidente, Pedro Santana pidió protección a los gobiernos de Madrid y de Washington.
Se pidió que aceptase el protectorado o la anexión de Santo Domingo. O’Donnell no quería tomar una decisión precipitada, cuando se vio sorprendido por la decisión unilateral del gobierno dominicano de declarar soberana a Isabel II y anexionar la República a la Corona de Castilla.
Cerciorado del respaldo con que contaba tal decisión a través del capitán general de Cuba el gobierno español, tras comprobar también la conformidad de las potencias europeas, decretó el diecinueve de marzo del año 1861, la reincorporación a la monarquía del territorio que comprendía la República Dominicana. Santana fue nombrado capitán general, se creó una Audiencia y se organizó la administración pública
En Santo Domingo pronto comenzaron a alzarse también voces de protesta, que al poco tiempo se trocaron en brotes independentistas. Su represión se adivinaba dura y costosa, de ahí que se creara un estado de opinión favorable a la derogación del decreto de anexión.
El general Narváez, a la sazón residente del Gobierno, era partidario del abandono de Santo Domingo, pero tropezaba con la negativa de la reina. Por fin, se presentó en la Cortes un proyecto de ley que derogaba el decreto del año 1861, aunque las tropas españolas abandonaron la isla antes de que se llegase a su aprobación. El reconocimiento definitivo de la independencia de la República de Santo Domingo no se realizó hasta diciembre del año 1874.
Las expediciones a Perú y Chile hay que enmarcarlas también dentro de la misma línea que las intervenciones anteriores y son en gran parte consecuencia de los acontecimientos que se habían desarrollado en México y Santo Domingo.
Ambas naciones habían intercambiado agentes consulares y puede decirse que sus relaciones se habían mantenido de forma cordial. Las expediciones a México y Santo Domingo levantaron ciertas suspicacias en el gobierno peruano, que fortificó sus puertos y se negó a admitir al vicecónsul español.
El gobierno de Madrid quiso entonces hacer una demostración de fuerza y envió una escuadrilla formada por dos fragatas y dos goletas al Pacífico, que zarpó en el año 1862, siendo bien recibidas en varios puertos.
Cuando se hallaban en el Callao ocurrieron unos incidentes que desataron el conflicto. Unos trabajadores españoles fueron asesinados y otros heridos en una hacienda peruana en extrañas circunstancias. Las autoridades de aquel país no acertaban a castigar a los culpables.
El almirante Pinzón que mandaba la escuadrilla española, tomó las islas Chinchas, que se hallaban frente a Lima. La mediación de los encargados de negocios de Francia, Inglaterra y Chile, pidieron que abandonaran las islas, pero no dio resultado.
La escuadra española fue reforzada por cuatro fragatas más y Pinzón fue sustituido por el general Pareja en diciembre del año 1864. El general Pareja tomó el puerto de El Callao y consiguió que el gobierno peruano negociase un Tratado con España, en el que se comprometía a indemnizarle con tres millones de pesetas a cambio de la devolución de las islas.
Un cambio de gobierno en Perú fue aprovechado por las nuevas autoridades para negarse a reconocer el Tratado y firma una alianza con Chile y declara la guerra a España a comienzos del año 1866.
La escuadra española se dirigió a Valparaíso. Bombardeó sus fortificaciones sin atender las advertencias de la escuadra norteamericana, que se hallaba fondeada en las proximidades. Méndez Núñez fue herido en el combate y hubo numerosas bajas en las dotaciones de los barcos españoles. Ambas partes se atribuyeron la victoria y las relaciones se mantuvieron hostiles, hasta que en el año 1871, se firmó un armisticio entre España y la s Republicas de Chile, Ecuador y Perú.
Aquellas incursiones españolas en territorio americano demostraron una considerable falta de sensibilidad hacia los territorios de sus antiguas colonias, que entendieron la injerencia como una arrogante postura de la nación que no había acertado aún a asimilar el hecho de la independencia americana.
EL FINAL DEL REINADO DE ISABEL II
La caída del general O’Donnell el dos de marzo del año 1863, dio paso de nuevo a los moderados, que alternan el poder con los unionistas hasta la caída de Isabel II en el año 1868.
El marqués de Miraflores, que representaba al moderantismo de izquierda sucedió al duque de Tetuán y se mantuvo en el poder hasta el once de enero del año 1864. Su convocatoria de elecciones a Cortes fue tachada de atentatoria contra el derecho de reunión electoral por progresista y demócratas que alegaron la imposibilidad de salvar los obstáculos tradicionales para justificar su postura de retraimiento.
No por ello, se vio libre el marqués de Miraflores de una fuerte oposición en las Cortes, integrada por moderados históricos y por unionistas, que consiguieron colocar en la presidencia a Ríos Rosas, el cual tuvo que dirigir unas tumultuosas sesiones en las que resultaba imposible tomar alguna decisión.
El fracaso de este gobierno se resolvió con una sustitución por uno nuevo, presidido por Lorenzo Arrazola, que era un moderado histórico, conciliador, que tuvo que dimitir al mes y medios de haber sido nombrado, por no haber conseguido el decreto de disolución de las Cortes que pretendía. Alejandro Mon fue su sucesor, pero su gestión corrió la misma suerte que sus antecesores.
En esta danza continua de gobiernos, le tocó el turno a Narvaéz, cuando el partido progresista pareció encontrar el camino de una mayor cohesión y unidad bajo la jefatura de Prim, que arrastró consigo algunas de las personas que habían militado en la Unión Liberal.
Los intentos de construir un sistema bipartidista, alentados por la reina madre María Cristina, no podía prosperar por la persistencia de fracciones irreconciliables y por los cabildeos palaciegos, que seguían ejerciendo una sustancial influencia en el desarrollo de la vida política.
Narváez seguía resolviendo problemas a golpe de espada, como ocurrió con ocasión de las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar del ocho al diez de abril del año 1865. El ejército reprimió con dureza las algaradas callejeras, con el consiguiente escándalo de la oposición y con la indignación de la opinión pública. Hasta el Ayuntamiento y la Diputación de Madrid dimitieron por aquellos sucesos de la noche de San Daniel.
La reina cesó a Narváez y le sustituyó por O’Donnell, quien formó gobierno el veintiuno de junio del año 1865. Sus esfuerzos por reimplantar el programa de la Unión Liberal ya no tenían objeto, Los progresistas habían pasado del retraimiento a la actitud revolucionaria y Prim intentó sin suerte a comienzos del año 1866 sublevarse, pero fracaso.
El veintidós de junio del año 1866, la sublevación corrió a cargo de los sargentos de artillería de San Gil, disconformes con las medidas que les impedían el ascenso a la oficialidad hasta el grado de comandante, como ocurría con la infantería. Fueron sometidos por el general Serrano.
El diez de julio del año 1866, Narváez formó su sexto y último gobierno y se sostendría ya en el poder hasta su muerte, el veintitrés de abril del año 1868. Su gestión estuvo condicionada por el temor a la revolución que se adivinaba y en la que trabajaban activamente los más importantes miembros de la oposición.
Mediante el pacto de Ostende, firmado entre otros por Prim, Sagasta, Pierrad, y Ruiz Zorrilla, se acordó destruir todo lo existente en las altas esferas del poder y la elección de una Asamblea Constituyente por sufragio universal para que determinase la forma de gobierno que habría que establecerse en el país. Se creó un centro revolucionario permanente en Bruselas, a cuyo frente se situó Prim, quien preparo un golpe para el mes de agosto del año 1867.
Prim que había acudido a Valencia para dirigir desde allí la insurrección, se encontró con la negativa a colaborar con él de algunos militares comprometidos que se mostraron en desacuerdo con la abolición de las quintas militares, incluidas en el programa revolucionario.
Prim regresó a Marsella y desde allí marchó a los Pirineos, donde esperó inútilmente a las fuerzas que debían ayudarle a atravesar la frontera. La intentona había fracasado.
La política de Narváez, gobernado sin las Cortes y practicando un acusado despotismo militar, provocó deserciones hasta en el seno de la familia real.
El duque de Montpensier le hizo presenta a la reina, a través de su hermana, la necesidad de cambiar la política practicada por el gobierno, en el sentido de una mayor liberalización. La negativa de Isabel II a prestar oídos sordos a estas advertencias de sus hermanos inclinó a éstos al bando de la revolución.
La deserción más determinante fue la de O’Donnell y los unionistas. El duque de Tetuán retiró su apoyo al régimen en razón de los agravios cometidos por la reina, pero se negó a desenvainar la espada contra ella. Tras el fallecimiento de Narváez fue nombrado González Bravo, un civil que empleaba la mano dura.
Los duques de Montpensier fueron expulsados de España, para que su presencia no pudiera contribuir a fomentar la conspiración. La única diferencia que separaba a los unionistas de los progresistas era el candidato de aquéllos, el duque de Montpensier, a quien Prim no estaba dispuesto a aceptar, ya que apoyar a un Orleans le granjearía la hostilidad de Napoleón III. La cuestión se solucionó, al igual que con los demócratas sobre la decisión para el régimen a establecer a una asamblea constituyente.
Progresista, unionistas y demócratas se unieron bajo el propósito común de derribar a la monarquía de Isabel II. La coalición no era sólida, pues Prim desconfiaba de los demócratas y los progresistas veían con recelo a los generales unionistas. No obstante, como afirmaba Olózaga, había un obstáculo que era preciso derribar y no era posible derribarlo sin el concurso de todos. La revolución e inició con un pronunciamiento naval en Cádiz el diecisiete de septiembre del año 1968 y triunfaría en su propósito de destronar a la dinastía de los Borbones.
JUSTIFICACIONES DE ISABEL II
El historiador conservador José Luis Comellas hace un retrato de Isabel II “Desenvuelta, castiza, plena de espontaneidad y majeza, en la que el humor y el rasgo amable se mezclan con la chabacanería y con la ordinariez, apasionada por la España cuya secular corona ceñía y también por sus amantes".
El escritor Valle Inclán en su obra “la corte de los milagros” hace la siguiente descripción: “La Católica Majestad, vestida con una bata de ringorrangos, flamencota, herpética, rubiales, encendidos los ojos del sueño, pintados los labios como las boqueras del chocolate, tenía esa expresión, un poco manflota, de las peponas de ocho cuartos”.
Ya al final de su vida, Isabel II, en una entrevista con el escritor Benito Pérez Galdós le decía: “¿Qué había de hacer yo, jovencilla, reina a los catorce años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más voces de adulación que me aturdían ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso…”
Así describía Pérez Galdós a Isabel II en el año 1902. “El reinado de Isabel II se irá borrando de la memoria, y los males que trajo, así como los bienes que produjo, pasarán sin dejar rastro. La pobre Reina, tan fervorosamente amada en su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y arrojada del reino, baja al sepulcro, sin que su muerte avive los entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa: en él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política; pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido Reina y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada obligación para tan tierna mano”.
Para Isabel Burdiel “Isabel II no fue una ninfómana; simplemente estuvo mal casada. Es cierto que tuvo muchos amantes, pero eso era habitual entre la aristocracia y la realeza de la época”. Sin embargo, para mí si fue una ninfómana y no valen excusas de justificación.
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[1] Es un término jurídico que describe la situación de la propiedad durante el Antiguo Régimen. Significaba la sujeción de los bienes para perpetuarlos en un determinado empleo y en el orden sucesorio dispuesto por el fundador del vínculo. Los bienes quedaban inmovilizados en determinadas familias o instituciones, impidiendo su reparto por herencia o su venta o enajenación por cualquier motivo, con lo que quedaban perpetuamente fuera del mercado, además de reducir la base hacendística de la monarquía. También se denominan vinculaciones el conjunto de instituciones jurídicas que convierten en inalienables los bienes a los que afectan.
