@jgonzalezok | La presidente argentina, Cristina Fernández, anuló su anunciado viaje a Paraguay en los próximos días, como consecuencia del procesamiento por presunta corrupción de su vicepresidente, Amado Boudou. Alegó una afección a la garganta, para evitar que Boudou quedara a cargo del Poder Ejecutivo.
Pero lo sorprendente es que Cristina Fernández sigue sin hacer ninguna declaración pública sobre el caso. No dijo una palabra cuando surgieron las primeras denuncias periodísticas, hace más de dos años, tampoco cuando fue llamado a prestar declaración, el pasado 9 de junio, ni ahora que ha sido formalmente procesado.
En todo este tiempo, eso sí, atacó a los medios independientes, que son los que motorizaron las denuncias. Y a la justicia, a la que ha tratado de domesticar. En lo que puede ser considerado una referencia al caso Boudou, pero sin mencionarlo todavía directamente, la mandataria hizo un paralelismo con el general Perón, el fundador del movimiento al que pertenece. Con motivo del 40 aniversario de su muerte, este 1º de julio, Cristina Fernández recordó que fue acusado de estupro y de tener cuentas en Suiza.
En un tiro por elevación contra los jueces, la presidente volvió a sacar los argumentos que utilizó para justificar su frustrada reforma de la Justicia, señalando que es el único poder que se autogobierna y que no depende de elecciones para su renovación. Y en una embestida centrada en la Corte Suprema, recordó que hace años –cuando ninguno de los miembros actuales la integraba- había convalidado los golpes de Estado. “No fuimos los políticos, tan denostados, tan vilipendiados, tan calumniados, fueron jueces, fueron fiscales, fue el Poder Judicial de la Nación el que convalidó la doctrina de los golpes de Estado”, señaló. Se olvidó que Juan Domingo Perón, el fundador de su movimiento, fue funcionario de dos gobiernos que surgieron de golpes de Estado.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en sus habituales conferencias de prensa matutinas, no quiso hasta ahora pronunciarse sobre la situación del vicepresidente, alegando no ser abogado penalista. Dijo, incluso, que no había hablado del tema con la presidente, ya que estaban trabajando en la causa de los fondos buitre. Y que no iba a hablar más del tema, porque “todo lo que había que decir sobre el tema ya se dijo”.
Eso sí, criticó con dureza a los medios por “el tratamiento inequitativo y desigual” respecto a la situación de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, procesado por un caso de escuchas ilegales.
En realidad el caso de Macri (PRO, derecha), es bastante diferente. El juez dictó su absolución aunque el fiscal, Jorge Di Lello –el mismo que le tocó a Boudou-, apeló y espera revitalizar la causa. Y la comisión de juicio político que se armó en la legislatura, con mayoría kirchnerista, llegó a la conclusión de que no había motivo para condenarlo.
El gobierno de Cristina Fernández actúa como si el tema no tuviera la gravedad institucional que significa tener a su vicepresidente en ejercicio imputado por la Justicia. Pero el silencio de la presidente es consistente con su forma habitual de manejar la agenda y el relato. Algunos de los principales problemas del país, como la inflación o la inseguridad fueron sistemáticamente ignorados por Cristina Fernández, que prefiere siempre las autocelebraciones.
Desde el comienzo del gobierno de los Kirchner, una de sus obsesiones fue imponer la agenda por encima de la propuesta de los medios. Y ser los que escribieran el relato, siempre con mucha dosis de épica. El historiador José Luis Romero relacionó este mecanismo con lo que ya a principios del siglo XX descubrieron Sorel, Le Bon y otros muchos sobre el secreto de la política de masas: “a la gente le gustan los relatos míticos que explican, tranquilizan e identifican. Satisfacen la necesidad de creer, de pertenecer a una causa, de protagonizar una hazaña, de derrotar a un enemigo”.
Entretanto, crece la indignación del arco opositor con la posibilidad de que el vicepresidente siga ejerciendo sus funciones. Pero el juicio político en el Parlamento está fuera de su alcance. No solo no tiene la mayoría necesaria, además la Comisión de Juicio Político está integrada en su gran mayoría por cristinistas que no se han reunido una sola vez en los últimos 3 años. No obstante, el oficialismo aceptó que la Comisión se reúna este miércoles para someter a discusión preliminar los pedidos de juicio político. Una fuente kirchnerista citada por el diario Clarín dijo que el cambio de estrategia sería el siguiente: tratar el tema de forma rápida, antes del próximo partido de Argentina en el Mundial de Fútbol, y desactivarlo aprovechando la amplia mayoría que tienen en la comisión.
Antes de esta sesión, el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, divulgó una carta que la oposición nucleada en UNEN le envió a Boudou, en la que reclaman que tome una licencia hasta que se aclare su situación judicial. Morales señaló también que la representación que ejerce el vicepresidente en sus viajes al exterior “plantea un daño a la nación”, y señala que los medios de los países que visita reflejan fundamentalmente su situación judicial.
