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domingo 29/5/22
CRÓNICAS DE AMÉRCIA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Un fiscal argentino pide interrogar al vicepresidente Boudou por presunta corrupción

Se sospecha de posibles incompatibles con la función pública del vicepresidente argentino, a favor de un presunto testaferro.

Amado Boudou.

@jgonzalezok | El fiscal federal Jorge Di Lello pidió al juez que tiene la causa contra el vicepresidente, Amado Boudou, que lo llame para tomarle declaración como imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La causa se abrió después de que hace dos años surgieran las primeras denuncias contra Boudou, en una causa que ha golpeado políticamente al gobierno de Cristina Fernández. El juez, Ariel Lijo, deberá decidir si acepta o no la petición del fiscal, en todo o en parte, y no tiene límite de tiempo para contestar, pudiendo incluso ignorar el requerimiento del fiscal. Boudou, por su parte, podría elegir declarar por escrito, evitando así la imagen humillante de presentarse en el Palacio de Tribunales. Sería el primer caso de un gobernante argentino teniendo que declarar estando aún en el poder.

La justicia argentina sabe leer los tiempos políticos y es tradicional que las causas por corrupción se aceleren cuando perciben que se acerca un final de ciclo, como es el caso. Al vicepresidente argentino parecen haberle soltado las manos desde el gobierno. Prácticamente relegado en los últimos meses, no ha participado en ninguna decisión importante de gobierno, ni siquiera durante la larga ausencia por enfermedad de la presidente.

A pesar de que está acorralado jurídicamente y en soledad política, seguramente no dejará de dar batalla. No hay que olvidar que en su momento, cuando la causa estaba dando sus primeros pasos, logró quitar de en medio al primer fiscal encargado del caso, que se atrevió a pedir el allanamiento de una vivienda propiedad del vicepresidente, arrastrando también al juez y al Procurador General de la República –el jefe de los fiscales-, Esteban Righi, a pesar de ser éste un hombre con prestigio profesional y peso político dentro del peronismo.

El caso que investiga la Justicia es conocido con el nombre de una empresa, Ciccone, que fue comprada por un oscuro fondo que encabezaba supuesto testaferro de Boudou. Este se habría interesado, cuando era ministro de Economía, por lograr que se le levantara la quiebra a dicha sociedad, ahogada deudas impagables con la Hacienda pública. La empresa fue comprada por Alejandro Vandenbroele, amigo de José María Núñez Carmona, a su vez amigo íntimo de Boudou y socio en varias empresas del vicepresidente.

Ciccone era una importante imprenta que tenía capacidad para fabricar billetes de banco. Es lo que hizo nada más ser comprada por los presuntos socios de Boudou, en perjuicio de la Casa de la Moneda. También se ocupó de fabricar las papeletas electorales del FPV (Frente para la Victoria, sello electoral del kirchnerismo). Aunque, en este caso, tercerizó el trabajo por no contar con las máquinas adecuadas.

La empresa sería finalmente nacionalizada, en medio del escándalo monumental que se desató tras escandalosas denuncias periodísticas. Entre ellas, por ejemplo, que Vanderbroele, al que el vicepresidente sigue sosteniendo que no conoce, alquila un piso propiedad del vicepresidente, que ha pagado recibos de teléfono y otros servicios cargados a ese domicilio, y que familiares de Boudou fueron invitados a diversos viajes por el mundo a cargo de la empresa de Vandenbroele.

Tanto Núñez Carmona –amigo de infancia del vicepresidente-, como Vandenbroele y otros miembros de la familia Ciccone –los propietarios originales de la empresa-, también han sido reclamados por el fiscal para que declaren en la causa como imputados.

El fiscal da por sentado que existe una relación de amistad o, al menos, de conocimiento mutuo de Boudou con Vandenbroele. Pero señala que no es el único elemento determinante en la investigación para demostrar que el vicepresidente se interesó en el caso Ciccone, violando el artículo 265 del Código Penal. El mismo prevé de uno a seis años de cárcel para el funcionario que se interese en cualquier contrato u operación, buscando un beneficio propio o de un tercero. La pena prevista lleva la adicional de inhabilitación especial perpetua.

En el escrito del fiscal figura también una reflexión muy sugerente: “habida cuenta del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, no resulta razonable que el ordenamiento jurídico facilite que un funcionario público, de la jerarquía del vicepresidente de la Nación, esté sujeto a investigación de manera eterna e indefinida, ya que se encuentra comprometido el mandato constitucional acordado oportunamente por el pueblo de la Nación”.

Y añade que es imprescindible, para fortalecer el sistema democrático republicano, establecer la situación jurídica de Boudou, “brindándole de esta manera la posibilidad de un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal”.

En la lista del fiscal figura también Ricardo Echegaray, titular de la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos). El fiscal estima que dicho organismo habría colaborado en la maniobra para lograr salvar a la empresa Ciccone de la quiebra y habla de “maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo, dos meses antes, había solicitado la quiebra de la misma”.

La estrella de Boudou parece estar definitivamente opacada. Hoy está alejado de cualquier decisión de gobierno. Cristina Fernández fue la única responsable del breve estrellado del que gozó al comienzo del segundo mandato. Se llegó a especular con que podría ser el sucesor, si la mandataria no lograba cambiar la Constitución para poder aspirar a un nuevo mandato. Fue la presidente quien lo eligió personalmente, sin consultar con nadie. Su figura no gustó a importantes dirigentes del kirchnerismo, pero dada la verticalidad absoluta del sistema político, nadie lo dijo en público.

La mandataria, que ya se equivocó con su anterior vicepresidente –Julio Cobos, con el que terminó mal, sin hablarse-, no ha reconocido en ningún momento su error. Y el caso Boudou llega en el peor momento, con una importante crisis económica y política, que lo que menos necesitaba era un problema como este.

Un fiscal argentino pide interrogar al vicepresidente Boudou por presunta corrupción