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sábado. 13.08.2022
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

El Gobierno de Cristina Fernández anuncia la desarticulación del Grupo Clarín

El 7 de diciembre llamará a un concurso para readjudicar las licencias audiovisuales del grupo.
clarin, cristina fernández
Cristina Fernández.

El gobierno quiere acabar con parte del negocio del cable en poder de Clarín, que supone una parte fundamental de sus ingresos

Lo había anunciado hace unos días la presidente, Cristina Fernández, pero este fin de semana todo el aparato comunicacional del gobierno lo dio por hecho: el próximo 7 de diciembre las licencias audiovisuales del Grupo Clarín (cable, televisión abierta, emisoras de radio en AM y FM), le serán retiradas y readjudicadas.

El problema es que este supuesto se basa en una interpretación dudosa de un fallo judicial. En efecto, ese día lo que sucede es que vence una medida cautelar avalada por la Corte Suprema, que no tiene que ver con el fondo del problema. La cuestión medular es que la Ley de Medios, aprobada hace tres años, tiene algunos artículos que han sido denunciados como inconstitucionales. Aún en el caso de que hubiera un fallo en contra del conglomerado mediático, uno de sus artículos –ahora en suspenso, el 161- establece que habría un plazo de un año para desinvertir y deshacerse de las licencias que superan lo permitido.

En un extenso anuncio televisivo, el gobierno pasa por alto ese plazo de un año para adecuarse a la ley. Durante cuatro minutos y medio el gobierno advierte que ese día, “si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes deberán cumplir con todos los requisitos legales”.

El anuncio se emitió aprovechando las retransmisiones de fútbol, es decir, horario de máxima audiencia. La emisión del programa “Fútbol para Todos”, en manos del gobierno, viene siendo usado como aparato de propaganda, bien en defensa de las políticas oficiales, bien para atacar a enemigos políticos.

La Ley de Medios, planteada como un proyecto para asegurar la pluralidad de voces y más libertad de expresión, limita las licencias que puede operar cada grupo empresario. Clarín supera el límite, pero también otros grupos, sobre los que el gobierno no ha tomado ninguna medida. Clarín considera que no se puede legislar hacia atrás –tenía las licencias antes de la ley- y sostiene que el gobierno, simplemente, quiere acallar una voz crítica. Incluso Daniel Vila, propietario de uno de los grupos cercanos al gobierno, reconoció que “la ley fue contra Clarín”.

La oposición ha denunciado que el gobierno bloquea la formación de la comisión parlamentaria que debería hacer el seguimiento de la aplicación de la Ley de Medios, y también la designación de los representantes opositores en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que es el órgano de aplicación de la norma.

El gobierno quiere acabar con parte del negocio del cable en poder de Clarín, que supone una parte fundamental de sus ingresos. Y también sacar del aire a TN, el canal todo noticias, que molesta con sus programas periodísticos.

El objetivo inicial de la ley, más voces, más libertad, se ha desvirtuado en la práctica. Argentina tiene 4 canales de televisión abierta y 6 por cable, todos de noticias. De ellos, uno en abierto y otro por cable, son del Grupo Clarín. Del resto, un canal corresponde a la televisión pública y los otros son privados pero de amigos del gobierno y con línea editorial oficialista. La desaparición de Canal 13 (aire) o de TN (cable), harían que desapareciera del aire cualquier visión crítica. Se vio en el reciente cacerolazo contra el gobierno, el pasado 13 de septiembre, cuando solo los canales de Clarín le dieron cobertura, mientras el resto prácticamente lo ignoraba.

En la radio, el panorama es similar

Después de que un empresario ligado a los Kirchner comprara Radio 10, solo queda Radio Mitre (Clarín) como voz discordante. El dial empieza por la radio de las Madres de la Plaza de Mayo –se publicita como la primera por la izquierda-, y se completa con media docena de emisoras que compiten con Radio Nacional por ver cuál es más “nacional y popular”. Algunas, en contradicción con el objetivo de más voces, pasan el informativo para la radio que elabora la agencia estatal, Télam.

El diario Clarín, el de mayor tirada en lengua española, es la cabeza visible de un grupo mediático que no siempre fue enemigo del gobierno. Es más, una de las últimas cosas que hizo Néstor Kirchner como presidente fue prorrogar las licencias de radio y televisión, en el caso de canal 13, de Clarín, hasta el año 2025. También autorizó la fusión de dos empresas de cable, a favor del grupo Clarín. Pero poco después llegó el conflicto con el campo, al comienzo del primer mandato de Cristina Kirchner, y las relaciones se rompieron sin remedio.

La pregunta es si el gobierno podrá afrontar el costo político de cerrar un canal como TN, y más en un año electoral. En 2013 habrá elecciones en Argentina, con una renovación parcial de las dos cámaras del parlamento. La apuesta del gobierno es aumentar su actual representación y lograr la mayoría suficiente para cambiar la Constitución. El cacerolazo del 13 de septiembre y la baja en las encuestas de Cristina Kirchner, muestran que el objetivo parece difícil de alcanzar. De ahí la necesidad de eliminar las voces críticas. Pero una operación de cierre de los últimos canales informativos que no responden al gobierno, puede aglutinar el malhumor social y provocar un fracaso en las urnas.


Spot del Grupo Clarín respondiendo al Gobierno de Cristina Fernández

El Gobierno de Cristina Fernández anuncia la desarticulación del Grupo Clarín
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