Cinco meses después de la expropiación de YPF (16 de abril), el gobierno argentino presentó un informe sobre el trabajo que la intervención estatal en la compañía realizó los tres primeros meses. “Querían vaciar la compañía y venderla porque tenían la vocación de irse por el descalabro que habían hecho”, dijo el viceministro de Economía, Axel Kicillof. También aseguró que al gobierno argentino no le quedó otra opción que tomar el control de la petrolera “para salvarla de la disolución y el vaciamiento”.
El mismo Kicillof aseguró que en los ´90 “se convirtió a YPF en un instrumento para la valorización financiera y para la extracción desmedida de un recurso escaso, en manos de unos especuladores que se dedicaron a cualquier negocio, menos a aquellos que apuntaran al bienestar del pueblo argentino”. Acusó a Repsol de tener oscuros intereses, y aseguró que su director, Antonio Brufau, contestó a las demandas que le hizo el gobierno argentino de mayor inversión y producción, diciendo que para hacerlo tendrían que obligarle.
Kicillof, que además de viceministro de Economía está al frente de la intervención de YPF, dijo que si se sigue creciendo al ritmo actual –“tasas inéditas”, aunque la economía se ha enfriado en los últimos meses- cada vez iba a faltar más energía y petróleo. Un argumento más para tomar el control de la compañía y “revertir la curva descendente que mostraba la producción de YPF”. En este sentido aseguró que la desinversión de la petrolera afectó al superávit comercial, ya que se necesitó aumentar la importación de energía, y al superávit fiscal, porque debían gastarse más recursos en esas compras.
“El saqueo de activos YPF en el exterior fue inclusive más importante que en el país, y se endeudaron para pagar dividendos por montos que superaban la rentabilidad”, dijo el alto funcionario argentino, que es el verdadero artífice de la política económica del gobierno, por encima de su superior, el ministro Hernán Lorenzino.
En la batería de acusaciones, también achacó a Repsol que habría buscado alinear los precios internos de los combustibles con los internacionales, “cosa que proyectaban hacer en 2014”, lo que habría afectado los ingresos populares y la propia competitividad de la economía.
Según el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el llamado Informe Mosconi –por el nombre del militar e ingeniero Enrique Mosconi, creador y primer director de YPF- muestra “cómo se afectaba el futuro de los argentinos”, acusando a Repsol de ser una empresa “que hacía maravillosas campañas publicitarias, pero cada vez invertía menos, producía menos y a la vez ganaba más plata”.
Según la versión presentada por Kicillof y Abal Medina, Argentina habría empezado a revertir la tendencia a la caída en la producción de hidrocarburos, gracias a “las medidas que ha tomado el gobierno nacional para atender el problema energético”. El punto fundamental del nuevo plan de la empresa es “destinar sus ganancias a la inversión en el país, más allá de que se consigan recursos en el exterior, de capitales privados locales o del presupuesto nacional”.
La presentación del Informe Mosconi estuvo salpicada con las tradicionales descalificaciones a la prensa. Habló del “ejército de alcahuetes que aplaudía de pie a un capital privado (Repsol) que estaba destruyendo a la compañía y con ella, con ser tan estratégica, al futuro de la Argentina”. También aludió a un supuesto “cepo mediático –para oponerlo al cepo cambiario- que inventa y tergiversa”.
Esta referencia hay que encuadrarla en la política comunicacional del gobierno de Cristina Fernández, que justifica sus reiteradas cadenas oficiales en radio y televisión porque de lo contrario los “medios concentrados” –entiéndase no oficialistas-, ignorarían importantes temas de la agenda presidencial.
El jefe de gabinete también aseguró que con este informe se abre un nuevo capítulo en información pública en Argentina. Y que no hay más espacio para el ocultamiento y el secreto. Mencionó otros ejemplos, como las decisiones sobre la apertura de información sobre el terrorismo de Estado y sobre la guerra de las Malvinas.
A pesar de estas un tanto pomposas manifestaciones, Argentina carece de una ley de acceso a la información, a pesar de que está reconocido en la Constitución. El presidente Néstor Kirchner llegó a firmar un decreto (el número 1.172), que reconoce el derecho de todo ciudadano a tener acceso a la información que generan los diversos organismos del gobierno. Pero nunca superó los trámites parlamentarios para convertirse en ley. Y la práctica indica que en Argentina es imposible conocer muchos datos que deberían ser accesibles. Ni siquiera la agenda de los funcionarios, empezando por la de la presidente. Y el acceso a las fuentes gubernamentales está seriamente limitado para los medios no oficialistas, que generalmente reciben el silencio por respuesta.
No solo hay restricciones al derecho a la información pública, también hay “ocultamiento y distorsión de los datos”, como señaló un documento de Plan Fénix, un colectivo de la Universidad de Buenos Aires. El mayor ejemplo lo constituye la manipulación de los datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), sobre todo los de inflación, que afectan a los datos sobre la pobreza y, por tanto, las políticas públicas para combatirla.
