Estas nuevas medidas están provocando malestar entre votantes del gobierno. Y han vuelto a producirse, tímidamente, algunos cacerolazos en la capital
Desde noviembre pasado, el gobierno de Cristina Fernández ha venido dictando una serie de normas que hacen prácticamente imposible comprar dólares en el mercado oficial. Naturalmente, esto ha provocado la existencia de un mercado paralelo, con la consiguiente brecha cambiaria. Un mercado ilegal, pero que es conocido por todos y, lo que es más importante, es tomado como referencia a la hora de hacer cálculos de costos y precios. El llamado dólar blue se cotiza aproximadamente a 6,35 pesos, mientras que el oficial lo hace a 4,66.
Para el ciudadano común, cabe la posibilidad de pedir a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos, la Hacienda argentina) la autorización para comprar dólares al cambio oficial. Pero solo para viajar, ya no es posible comprar con objeto de ahorro. Y esto hay que hacerlo con el billete de avión en la mano, solo una semana antes del viaje y con la incertidumbre de si recibirá el visto bueno, sin posibilidad de apelación. La práctica indica que la respuesta es totalmente aleatoria y generalmente negativa. Fue muy comentado el caso del cineasta Eliseo Subiela, que viajó a Perú para participar en un festival de cine, con el auspicio del ministerio de Relaciones Exteriores argentino, pero que no pudo conseguir autorización para comprar dólares.
Los argentinos, pues, acostumbrados a ahorrar en dólares, echan mano al colchón, a la caja de seguridad o a los llamados arbolitos, cambistas que manejan el mercado negro. Todo comenzó por la falta de dólares para hacer frente al pago de la deuda y el déficit comercial, sobre todo por la abultada cuenta energética. Ya se pagó el grueso del vencimiento de la deuda para este año, pero el control sobre el dólar no solo no se flexibilizó, sino que día a día se acrecienta.
La última disposición afecta a las compras en dólares con tarjetas de crédito, que se verán penalizadas con un 15 %, en teoría como un adelanto del pago a las ganancias, un impuesto que pagan los empleados en relación de dependencia. Una disposición sumamente controvertida, ya que la Constitución establece que todos los impuestos deben ser establecidos por el Parlamento “y toda norma de naturaleza tributaria es de su exclusiva competencia”, como señaló la diputada Elisa Carrió.
Carrió impulsó una denuncia penal contra la presidente por supuestas irregularidades en las restricciones a la compra de dólares y en el uso de reservas del Banco Central para financiar al gobierno y pagar la deuda externa. La diputada de la Coalición Cívica anunció que ampliará su denuncia contra la presidente, por abuso de poder, exacciones ilegales, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. Carrió dijo que se está “quebrando la paz social controlando la vida personal de cada uno de los argentinos”. También dijo que la AFIP pretende convertirse en una parodia de Triple A (la banda de ultraderecha fundada por López Rega en los ´70), persiguiendo a los ciudadanos.
En su último discurso con motivo del Día de la Industria, la presidente defendió estas medidas. En cadena nacional obligatoria –la número 17 en lo que va de año- y en horario de máximo audiencia, Cristina Fernández justificó las restricciones del acceso al dólar señalando que “tenemos que utilizarlo para pagar las importaciones y que la industria no detenga su marcha, y para el pago de la deuda”.
Pero la voracidad de la Hacienda argentina va más allá del dólar y anunció un exhaustivo control de las compras de los argentinos en el exterior. Se revisarán todos los conceptos en los resúmenes de las tarjetas de crédito. Más allá de 300 dólares, deberá pagarse un 50 % en concepto de impuesto.
El cepo al dólar preocupa a los argentinos por varias razones, pero fundamentalmente porque se les corta la posibilidad de ahorro. Con una inflación real del 25 % -la oficial es ficticia-, el ahorro en moneda nacional es imposible. Ningún banco ofrece tasas de interés que puedan preservar el valor del dinero. Pero, además, se acerca la hora de las vacaciones en el verano austral (diciembre a marzo), época en la que son cientos de miles los ciudadanos argentinos que eligen las playas de los países vecinos, Uruguay, Brasil y Chile. Países donde el peso argentino se cotiza a un cambio de referencia con el dólar negro.
Esto pone en serias dudas la temporada veraniega de Uruguay, que vive de los argentinos que viajan y de los que tienen propiedades inmobiliarias. Según las últimas cifras disponibles, el 58 % de los turistas que recibe el país son argentinos. El propio presidente uruguayo, José Mujica, dijo estar preocupado por la situación y adelantó que se estudian medidas para tratar de enfrentar la cuestión. Entretanto, se ha lanzado una campaña agresiva para captar brasileños, que hasta ahora solo suponen el 14 % de los turistas.
Ricardo Echegaray, director de la AFIP, llegó a decir que prefería que los argentinos veraneasen este año en Argentina. Curiosa e irritante declaración de quien es propietario de un lujoso apartamento (163 metros cuadrados) en el exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este.
Estas nuevas medidas están provocando malestar incluso entre votantes del gobierno. Y han vuelto a producirse, tímidamente, algunos cacerolazos en la capital. Para el día 13 se está convocando a través de las redes sociales a una manifestación en Buenos Aires para decirle no al kirchnerismo en el 2015 (próximas elecciones), frente a los intentos de reelección de la presidente. No obstante, estas manifestaciones son, de momento, muy minoritarias y el gobierno tiene todavía la iniciativa política y un poder de movilización infinitamente superior.
