domingo 12.07.2020
GALICIA

La demolición de la sanidad pública gallega desde el propio poder

Foto: Junta de Galicia
Foto: Junta de Galicia

Trabajo como médico de familia en el barrio de Labañou (A Coruña) desde hace treinta años. Nunca, hasta ahora, me habían obligado a ejercer la profesión en condiciones tan precarias y  estresantes como las de los últimos tiempos. Hubo jornadas de atender a más de sesenta pacientes en el día. Tomar decisiones clínicas contra reloj produce una sensación de incertidumbre que lleva a que muchos compañeros no la puedan soportar. Y las personas que solicitan consulta tienen que esperar, a veces, varios días para ser atendidas. La degradación de la Atención Primaria (AP) en Galicia ya es evidente y provoca una merma notable en la calidad de la atención

El gobierno del PP aplicó medidas drásticas sobre este nivel asistencial: rebajó los presupuestos, eliminó las gerencias de AP, anuló el Plan de Mejora que había iniciado el gobierno progresista, aplicó medidas de  reducción de personal, en la dotación de los centros y en el acceso a pruebas diagnósticas. Los profesionales, sometidos a una presión excesiva día tras día, expresan su malestar: hubo dimisiones en bloque de los jefes de servicio de AP de Vigo, los profesionales de los PAC mantuvieron una huelga durante meses, y las enfermeras y médicas precarias formaron plataformas para reclamar un trato digno. 

La consigna es degradar lo público y derivar fondos a los centros concertados. Núñez Feijóo no solo perjudicó a la Atención Primaria: dañó al sistema público en su conjunto

Esta situación no se produce de forma casual. Es consecuencia de las decisiones políticas de estos gobernantes neocom que pretenden deteriorar la Sanidad Pública para generar espacios de negocio a las empresas privadas. Recordemos que los presupuestos sanitarios son muy apetecibles: representan el 40 por ciento del total de la CCAA. La consigna es degradar lo público y derivar fondos a los centros concertados. Núñez Feijóo no solo perjudicó a la AP: dañó al sistema público en su conjunto. Desde su ocupación del poder en 2009,  inició una rápida carrera hacia la privatización. Comenzó con la  externalización de servicios de apoyo (suministro y logística, mantenimiento, limpieza y energía, cita previa, telecomunicaciones,  catering) y continuó entregando a manos privadas la gestión del alta tecnología, el Laboratorio Central de Galicia, la investigación clínica e incluso las contrataciones públicas del Sergas. Es decir: los datos más sensibles de la sanidad dejan de estar bajo el control estricto de la Administración.

Con su Ley de Salud rebajaron las Áreas Sanitarias de once a siete; los hospitales comarcales perdieron capacidad de gestión y pasaron a depender de los centros de referencia. La pérdida de autonomía de los comarcales favorece actuaciones como el reciente cierre del  paritorio del hospital de Verín. La extraordinaria movilización de las gentes de la comarca (con la consigna “Verín no se cierra”) hizo dar marcha atrás en la decisión, aunque de forma condicionada (y posiblemente temporal: después de las elecciones puede que muden de idea, si continúan en el poder). Esta decisión, claramente política, tiene una lectura muy clara: este gobierno apuesta por los grandes hospitales y la alta tecnología -donde hay espacios abiertos a los negocios-, y no se preocupa por la atención próxima a las personas -que favorezca la vida en el territorio-. El derecho a la atención sanitaria queda anulado: la salud se convierte en una mercancía.

En la primera legislatura Núñez Feijóo disimulaba la intención  privatizadora (afirmó que iban a externalizar las actividades no  estrictamente sanitarias, pero que respetaría el núcleo duro: la bata blanca). Ahora actúa sin pudor. Legisla para favorecer los intereses privados mediante el “Decreto de tiempos máximos de espera”: el paciente que no acepte la derivación a los centros concertados quedará  excluido del derecho establecido en dicho decreto (Instrucción 01/2019). Desvía dinero público directamente a los centros concertados: en A Coruña firmó en 2018 un Acuerdo Marco con los hospitales privados (100 millones de euros para realizar actividad derivada del Sergas durante cuatro años). Y tiene en cartera las Unidades de Gestión Clínica que, de ser aplicadas, significaría la privatización de los servicios de la red asistencial del Sergas.

Pero si la sanidad gallega está castigada por las decisiones del PP, hay que señalar la situación de emergencia en que se encuentra Vigo y comarca. La entrega del Hospital Álvaro Cunqueiro a la gestión privada (concesión por veinte años) y la continuidad del concierto con el Hospital Povisa (prorrogado por diez años) hace que la atención hospitalaria de esta zona esté controlada por intereses privados. Por si fuera poco Povisa, propiedad de la familia Silveira, ha sido comprado por Rivera Salud (que nació en Valencia para gestionar el fracasado hospital de Alzira, pero que hoy pertenece a la aseguradora estadounidense Centene). 

El día 9 de febrero se celebró en Santiago una manifestación multitudinaria contra el desmantelamiento de la sanidad pública, que está siendo atacada desde el propio poder. Es necesario un cambio político en Galicia lo antes posible para frenar esta demolición y restaurar el daño causado. El cinco de abril hay elecciones.


Pablo Vaamonde | Médico de familia en A Coruña

La demolición de la sanidad pública gallega desde el propio poder
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