Una cierta travesía del desierto del parlamentarismo español ha vaciado durante un largo tiempo el Boletín del Congreso de normas necesarias para el país. Bastante más de medio año, desde la convocatoria de las elecciones del pasado 23 de julio, las Cortes no han podido ocuparse más que de asuntos concernientes a los administradores, amnistía e investiduras incluidas, antes que a los administrados. Una especie de impropia vacatio legis.
Por eso, y dado que la vida cotidiana no se detiene al compás de los periodos electorales, las necesidades legislativas se habían acumulado. Cumplimiento de compromisos con Europa (iba a decir con Bruselas pero se me podría interpretar mal), medidas económicas que debían ser eficaces desde el 1 de enero y diversas otras medidas con urgencia probada, precisaban de una inmediata aprobación. Aparte de los reconocidos beneficios para importantes sectores vulnerables de la población española que contenían la mayoría de esas medidas que esperaban su aprobación.
Por ello, el Gobierno eligió la vía rápida del decreto-ley para tramitar todas esas medidas una vez que pasaran las fiestas navideñas. Se trata, eso del decreto-ley, de un procedimiento que acelera su aplicación pero reduce las posibilidades de negociación previa con grupos políticos sin representación en el Consejo de Ministros. Sobre todo, si existe cierta heterogeneidad en la mezcla de esas medidas.
La derecha-extrema derecha va a votar que NO incluso a sus propias propuestas. Son un NO fijo en la quiniela
Pero, en su aprobación parlamentaria había que contar con las condiciones del terreno de juego, con problemas de cantidad y calidad. En primer lugar, hay que tener en cuenta la existencia de representantes de 12 grupos políticos distintos, cada uno de ellos con autonomía para decidir lo que le pete. Eso, en cuanto a cantidad, con lo que significa satisfacer 12 opiniones diferentes, ya que, no existiendo mayorías absolutas, se hace preciso no renunciar a ni un solo voto parlamentario.
Pero es que, en cuanto a calidad, la cosa empeora. Se sabe de la existencia de 171 votos, los de la derecha-extrema derecha (antes se podía hablar del centro-derecha) cuyos diputados pueden pasarse la legislatura sin gastar una sola neurona. Van a votar que no incluso a sus propias propuestas. Son un NO fijo en la quiniela.
Y luego, hay que tener en cuenta la existencia de conflictos sin tregua, como los de JUNTS y ERC y de PODEMOS con SUMAR. Veremos si, en el futuro, se activa el del PNV con BILDU pero, de momento, con los dos primeros hay suficiente para que la mayoría de la investidura sufra de vértigos constantes. Cada vez que los contrincantes de ambas diadas quieran competir entre sí a ver quién tiene más influencia, el Gobierno tendrá que hacer "de la necesidad, virtud" para sacar adelante sus políticas. Puede pasarse, y obviamente lo saben, transitando por una senda estrechísima con precipicios a ambos lados, una práctica, por cierto, en la que han demostrado gran destreza.
Bueno, pues todo eso se ha puesto de manifiesto en la sesión del Congreso del 10 de enero. Salvo lo de que se haya celebrado en la sede del Senado, todo lo demás que ha ocurrido, me da la impresión de que forma parte de una nueva normalidad parlamentaria. La de que no hay nada que no deba estar sometido al escrutinio y aprobación de los grupos de cuyos votos dependa la propuesta. Bueno, algo parecido a lo que sería un parlamento democrático.
Tener paciencia, escuchar, convencer, o no, y hacer de la necesidad virtud... Se llama política
En los albores de este nuevo periodo de fragmentación política, creo recordar que Pedro Sánchez habló de un "gobierno parlamentario". Seguramente quería expresar con ello la importancia que iba a tener la actividad de unas Cortes, especialmente del Congreso, que tenían que aprobar medidas impulsadas por un Gobierno en minoría. Y, durante una legislatura y media se han podido aprobar más de doscientas normas, según la contabilidad que ha publicitado el propio Gobierno. Claro que, a este solo le hacía falta contar con populistas, separatistas y amigos de los terroristas en un Congreso con 19 grupos políticos distintos.
Ahora, las opciones se han reducido a 12 pero con una composición realmente compleja donde la tradicional división derecha-izquierda está sustituida por una desmembración donde la ideología, el territorio o el simple cómo va lo mío se conjugan para hacer un vistoso caleidoscopio político. Y, hay que reconocer que, todos, pueden tener razones suficientes para opinar, decir y decidir lo que opinan, dicen y deciden. Y, eso, habrá que tenerlo en cuenta como una parte del problema o como el escenario natural donde se desarrolle la política española. Depende del punto de vista de cada cual.
Tengo la modesta experiencia de haber participado en gobiernos municipales en Madrid con y sin mayoría absoluta y les puedo asegurar que no es lo mismo. Cuando hay que decidir medidas que luego tiene que aprobar una asamblea y, de entrada, no todos sus componentes te son favorables, aprendes mucho: a tener paciencia, a escuchar, a convencer, o no, y a hacer de la necesidad virtud, admitiendo algún que otro sapo como guarnición del plato principal que quieres servir. Se llama política.
Por cierto, hay quien se ha pasado varios meses hablando de pactos secretos de Pedro Sánchez con Puigdemont lejos de la luz y taquígrafos del Congreso de los Diputados. Pues bien, esos señores son los mismos que, ayer día 10 de enero, han considerado los acuerdos alcanzados en sede parlamentaria como un “lamentable espectáculo”. ¿Es que añoran el rodillo socialista? No, lo que lamentan es no haber podido derogar el sanchismo y, seguramente, tener que votar en contra de actualizar las pensiones, aumentar los subsidios a desempleados o facilitar la llegada de fondos europeos. Para, con ello, demostrar su patriotismo odiando a Pedro Sánchez, lo que les justifica, incluso, votar con PODEMOS, quienes también tienen la afición a hacer vudú con una muñeca que representa a Yolanda Díaz. A eso, también le llaman política.
