sábado 04.04.2020
PENSIONES

Ni trampas ni atajos para supuestamente financiar la seguridad social: en defensa del sistema de reparto

Ni trampas ni atajos para supuestamente financiar la seguridad social: en defensa del sistema de reparto

La financiación de la paga extraordinaria de pensiones del mes de diciembre, para la que no había cotizaciones suficientes, ha vuelto a plantear la discusión sobre la financiación por aportaciones o préstamos de los llamados “déficits” de la Seguridad Social, la necesidad de nuevos recursos y sobre el saqueo sistemático a que los gobiernos han sometido a la Seguridad Social.

Se constata abuso continuado en el acceso al Fondo de la Reserva de la Seguridad Social que en 2011 alcanzó unas reservas de 66.815 millones de euros. La norma reguladora del Fondo, que permite sacar recursos hasta un 3% del gasto, se ha incumplido sistemáticamente. Así, desde 2011 a 2017, se dispuso de más de 60.000 millones de euros. Este saqueo y los de años posteriores han dejado el Fondo casi agotado. Ha sido el saqueo de la llamada “hucha de las pensiones”.

En España, la reforma laboral y las reformas de pensiones de Zapatero, con el aumento de la edad de jubilación a 67 años, y la de Rajoy, con su Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización (0’25%), que preparaban una fuerte reducción de las pensiones, se generó una gran contestación social y sindical

A su vez, la propaganda sobre los supuestos “déficits” de la Seguridad Social ha activado, quizás por influencia de las políticas de recortes de los gobiernos franceses, la búsqueda de alternativas de nuevos recursos mediante impuestos, tipo contribución social generalizada (CSG) o “cesta de impuestos”.

La introducción de este tipo de tributos, extraños en nuestro sistema fiscal, para financiar pensiones contributivas, supondría el inicio de un cambio sustancial del actual modelo de seguridad social de nuestro país.

Financiación por impuestos del sistema de reparto

Este asunto constituye hoy día un aspecto fundamental de la contradicción entre el capital y el trabajo en tono al salario. Es una ofensiva de la patronal que se da en todos los países por reducir salarios y conquistas sociales, que pone el punto de mira de la ofensiva en la dislocación de los sistemas de seguridad social y su adaptación a las necesidades del capital financiero.

En España, la reforma laboral y las reformas de pensiones de Zapatero, con el aumento de la edad de jubilación a 67 años, y la de Rajoy, con su Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización (0’25%), que preparaban una fuerte reducción de las pensiones, se generó una gran contestación social y sindical que cristalizó en una fuerte resistencia entre los pensionistas.

Frente a esta resistencia, para hacer pasar sus planes, el capital financiero y la patronal pretenden separar la seguridad social de las bases en que ésta se asienta, que son las relaciones laborales, las organizaciones de trabajadores, los convenios colectivos, la defensa de los salarios y de las conquistas sociales. Para ello, la eventual necesidad de nuevos recursos para cubrir los supuestos déficits de la Seguridad Social, se buscan, no en la actividad reivindicativa y sindical de incremento de salarios y cotizaciones sociales, que sería lo coherente, sino en su financiación por impuestos.

Esa búsqueda de nuevos recursos se orienta hacia su financiación por impuestos que en buena medida son soportados por trabajadores. Los tipos de imposición propuestos son muy variados: impuestos específicos, impuestos finalistas, impuestos generales, IVA social, contribución social generalizada, recargos en el IRPF, etc.

Ya que la resistencia organizada en torno a los pensionistas impide rebajar pensiones, se pretende financiar las pensiones contributivas no activando las fuentes lógicas de su financiación, cuyo coste recaería en la patronal, la economía sumergida, falsos autónomos, etc. sino financiándolas por los propios trabajadores y jubilados vía impuestos.

En otros países este giro en la financiación del sistema de reparto ha llevado a que disminuya el peso de las cotizaciones patronales en la financiación de las pensiones.

Los sindicatos y organizaciones obreras se adecuan a la situación cuando entran en el terreno de la financiación por impuestos, cuando, como es el caso, se toma como alternativa al incremento de las cotizaciones sociales ocupando el lugar que les corresponden en este conflicto de intereses entre el capital y el trabajo.

Para la patronal la solución pasa por la reducción de las cotizaciones

El capital financiero junto con la patronal está claramente a favor del cambio de nuestro modelo de sistema público de pensiones. Y cada uno por su lado aprietan, la banca y compañías de seguro por ampliar el mercado de fondos de pensiones, y la CEOE, por rebajar los costes laborales en la parte de las cotizaciones sociales.

La CEOE en las últimas elecciones de 2019 se pronunció por la rebaja de las cotizaciones en los siguientes términos:

Revisión del sistema de financiación del Sistema de Seguridad Social, determinando clara y nítidamente las prestaciones de carácter contributivo y su financiación mediante cotizaciones de trabajadores y empresarios, asumiendo el Estado los gastos de carácter no contributivos, lo que permitirá una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario que redundará en aumento de empleo [y fija su objetivo] Reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que son un impuesto sobre el empleo [sic] y la competitividad de nuestras empresas [1].

La patronal vincula la sostenibilidad del sistema con la reducción de las cotizaciones sociales, es decir, con la disminución del salario diferido, lo que supone que el equilibrio

financiero, si no consigue reducir los gastos, se hace depender de las nuevas fuentes de ingresos y, si estas fallan, el equilibrio vendrá impuesto por la rebaja de las prestaciones.

La posición de la patronal sobre la rebaja de las cotizaciones sociales es un posicionamiento estratégico, forma parte esencial de su lucha por reducir el coste de la mano de obra, incluso en situaciones de bonanza. De hecho, en el momento actual se destaca la alta rentabilidad de las empresas, gracias, entre otras, a la reforma laboral de Rajoy:

La rentabilidad de las empresas españolas es una de las más altas del mundo occidental. Prueba de ello, los beneficios después de impuestos y pago de dividendos superan el 30% del valor añadido de las empresas no financieras, siete puntos por encima de la media de la eurozona.

Fruto de ello, las empresas españolas apenas necesitan recurrir al crédito bancario u otras fuentes de financiación externa para sostener su esfuerzo inversor. Incluso gozan de un superávit financiero (es decir que su renta disponible excede la inversión). En 2019, con datos hasta el tercer trimestre, el superávit financiero de las empresas españolas alcanzó 26.600 millones, casi cuatro veces más que en Alemania. Las cuentas de las empresas francesas y las británicas, por su parte, arrojaban un déficit, de 10.700 y 32.700 millones, respectivamente [2].

El sistema de reparto.

En el sistema de reparto, los asalariados afiliados y en alta en la Seguridad Social financian la pensión de los jubilados que estuvieron también afiliados a la Seguridad Social y fueron por tanto cotizantes. Al mismo tiempo, con la cotización generan su derecho a la pensión futura en base a la solidaridad intergeneracional. Siendo el salario diferido y su defensa lo que le da cuerpo entre los trabajadores de diferentes generaciones a la defensa del sistema público de pensiones.

El salario diferido es la parte del salario que, vía cotizaciones sociales, cuota obrera y cuota patronal, garantiza al asalariado el derecho a una pensión contributiva y a cubrir los riesgos de enfermedad, accidente, despido, jubilación, etc. Por eso la masa de cotizaciones pertenece al conjunto de los asalariados, es su propiedad colectiva, y forma parte del patrimonio común de la Seguridad Social.

Hay que destacar que este patrimonio común es administrado por las instituciones propias de la Seguridad Social, bajo la tutela ministerial, pero reguladas por la legislación específica de la Seguridad Social. De forma que, cotizaciones, bienes, derechos y recursos de la Seguridad Social, constituyen un patrimonio único, distinto del Patrimonio del Estado, y que solo puede destinarse a atender las prestaciones sociales del sistema. Sus recursos y prestaciones se gestionan por unos presupuestos propios, el Presupuesto de la Seguridad Social, que es un presupuesto separado y distintos del Presupuesto del Estado, y los dos juntos forman partes integrantes de los Presupuestos Generales del Estado.

Hay particularidades muy relevantes del Presupuesto de la Seguridad Social que lo distingue del Presupuesto del Estado, es decir, del presupuesto de los ministerios, gestionado por el Ministerio de Hacienda. Entre ellas hay que citar que hay una participación de los trabajadores a través de los sindicatos en el control y vigilancia de las instituciones del sistema de Seguridad Social, que el Presupuesto de la Seguridad Social no está sometido al techo de gasto, que los créditos necesarios para financiar el pago de las prestaciones son ampliables, y, sobre todo, que su financiación fundamental son las cotizaciones sociales.

La implantación de una línea de financiación por impuestos debilita el sistema de reparto. Porque además de servir de apoyo a la petición de la patronal de reducir las cotizaciones, a la larga, apunta a descompensar el peso de las cotizaciones a favor de los impuestos. Estando, además, sometidos estos impuestos a la incertidumbre de las políticas gubernamentales, las limitaciones presupuestarias derivadas del techo de gasto, a las imposiciones del FMI y la UE, a los vaivenes anuales de las políticas del gobierno de turno. Y, cómo no, a las prioridades del pago de la deuda pública consagradas en la reforma del artículo 135 de la Constitución que afectan directamente al Presupuesto del Estado, donde se registrarían esos tributos, pero no al Presupuesto de la Seguridad Social.

Hay políticos, representantes de la derecha, que claramente se pronuncian por el cambio de modelo. “La clave de la sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones” [3], dice Carles Campuzano del PDECAT, antiguo portavoz en el Pacto de Toledo. Para los asalariados ese plan representa una pérdida de salario y poder adquisitivo: por el lado de la reducción de cotizaciones es una pérdida de salario diferido, y por parte del impuesto, supone una reducción de su salario disponible.

Y, precisamente, los obstáculos para iniciar ese camino de sustitución de cotizaciones ya se destacaron desde la creación, a propuesta de CiU (actual PDECAT), de la Ponencia que más tarde se llamó del Pacto de Toledo. En la proposición no de ley de su creación se dice que los déficits y la evolución presupuestaria de la Seguridad Social se agravarán por el envejecimiento de la población, el paro, “y a causa de la estructura financiera del sistema de la Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto” [4]. El centro de su preocupación es, efectivamente, desarmar el sistema de reparto basado en la financiación por cotizaciones sociales, modelo que incluso en los años transcurridos de la reciente crisis ha demostrado su fortaleza y concentra el apoyo de miles de pensionistas.

El Pacto de Toledo, creado para “sacar de la discusión política” [Sic] las reformas de las pensiones y llevar la discusión con “criterios técnicos” y con “profesionales de reconocido prestigio” en una comisión de parlamentarios de todos los grupos en proporción a su peso parlamentario, se fue a pique cuando se hicieron públicas sus recomendaciones. Y fracasó cuando en rueda de prensa los diputados de Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya, Yolanda Diaz y Jordi Salvador, en vez de contentarse con discretos votos particulares, explicaron públicamente en rueda de prensa su rechazo a los acuerdos alcanzados tras cuatro años de discusiones y las nefastas implicaciones del cambio de modelo que se proponía. En reciente entrevista el diputado Jordi Salvador explica. “El Pacto de Toledo para mí ya no tiene recorrido, si es que algún día lo tuvo” [5].

Michel Rocard y el desmantelamiento de la Seguridad Social en Francia

Michel Rocard inició en la Francia de 1985 la línea de acomodación del sistema de reparto a las necesidades de la patronal. Orientación que Delors, desde la presidencia de la Unión Europea, pretendía extender a otros países europeos. Parte de la base de que las cotizaciones sociales son una carga que desalienta la creación de empleo, por eso dice que “es necesaria una acción pública determinada para modular la base de las cotizaciones sociales en una dirección menos desfavorable para el empleo” [6].

Propone la búsqueda de un nuevo equilibrio de la protección social:

1) Tener el coraje de decir que, a partir de ahora, habrá que saber cómo compartir los ingresos generados por cada uno con su actividad productiva a lo largo de toda su vida, y que esto solo se conseguirá garantizando a todos una pensión básica decente. Más allá de eso, podríamos considerar pensiones adicionales por capitalización.”

2) Reequilibrar la participación de las empresas y la participación de los hogares en la financiación de la protección social de dos maneras: mediante la continuación progresiva de la rebaja de las cotizaciones y la sustitución por impuestos de una parte de éstas.

Como Primer Ministro de Mitterrand, Rocard dio un gran golpe a la Seguridad Social al imponer la Contribución Social Generalizada (CSG) en los Presupuestos del Estado de 1991. Medida muy impopular que desde el principio contó con fuerte rechazo sindical y parlamentario. Tuvo que ser adoptada utilizando el procedimiento extraordinario previsto el artículo 49-3 de la Constitución que para detener el rechazo parlamentario a un proyecto de ley requiere que los que lo promueven planteen y ganen una moción de confianza

En España caen en un grave error los que proponen iniciar la financiación de pensiones por impuestos

Entre las posibles medidas de mejora de los ingresos del sistema público de pensiones presentadas en la comparecencia del Secretario General de CCOO, en la Comisión parlamentaria de los Patos de Toledo del 28 de noviembre de 2016, se incluyen:

Ingresos procedentes de la imposición general, en la cuantía que se considere necesaria en cada momento. A título de ejemplo, la financiación con impuestos de las prestaciones por supervivencia, supondrían unos ingresos adicionales de 19.000 millones de euros [7]

En comparecencia similar en el Pacto de Toledo, el Secretario General de UGT el 14 de diciembre de 2016, dice entre las conclusiones:

Los ingresos por cotizaciones no son en ningún caso suficientes. Por lo que es preciso complementar los ingresos por cotizaciones con ingresos provenientes de impuestos. El sistema de Seguridad Social debe lograr una financiación suficiente y consolidada. Es una de las mayores obligaciones de esta Comisión en este proceso de revisión del Pacto de Toledo.

Es un grave error porque abre la vía para romper el lazo entre las pensiones contributivas y los salarios. Y ese lazo es el que facilita la organización de la clase obrera en la defensa de los derechos de seguridad social y sus prestaciones.

Para UGT la necesidad de nuevos ingresos también pasa por la creación de impuestos específicos:

Para UGT, es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Esto supondría definir una cesta de impuestos cuya recaudación se destinaría en su integridad a financiar el sistema de pensiones. Tendría un carácter finalista: totalmente o con mayoría de impuestos directos (progresiva y redistributiva) y calculada de forma que siempre sea mayor que la diferencia de ingresos y gastos [8].

Por su parte el actual Director General de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, en una larga entrevista previa a su nombramiento sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, afirma que en una situación de cambios del mercado de trabajo la “excesiva dependencia de las cotizaciones sociales es catastrófica” [9], coincidiendo así con la orientación originaria del Pacto de Toledo, que considera el sistema de reparto como un obstáculo a sus planes de reforma y, así, busca romper, o al menos debilitar, el vínculo de las pensiones con el salario, con los convenios, con la lucha del movimiento obrero por los salarios y el empleo digno. En definitiva, la separación de las reivindicaciones de los pensionistas de las reivindicaciones de los asalariados. Con esta premisa de fondo, explica:

Me parece interesante la propuesta del impuesto finalista. No estoy pensando tanto en la última propuesta del PSOE, aunque llevaba la idea de impuesto finalista en su programa electoral. Francia recauda a través de esta Contribución Social Generalizada (..) 90.000 millones al año. De hecho, Macron, que tanto le gusta a Ciudadanos, ha subido 1,7 el porcentaje de esta contribución.

Y a la pregunta del periodista ¿Es aplicable un impuesto así en España?, responde.

Esa fórmula es muy interesante en este caso, porque, aunque en este país da mucho miedo subir los impuestos, yo creo que esto la gente lo entiende. Si dices, vamos a crear un impuesto ante el reto del envejecimiento, porque tenemos 25 años por delante en los que tenemos que hacer un esfuerzo importante, y esto es una cuestión central de nuestro modelo de convivencia y sociedad. Así que, para blindar esto vamos a establecer un mecanismo que en función de las necesidades vamos apretando un poco más o menos”.

También la ministra Magdalena Valerio se ha pronunciado por la creación de impuestos para financiar la Seguridad Social, subrayando que “estos impuestos no afectarán a los trabajadores ni a las clases medias” [10]. Precisamente para los pensionistas supondrá una pérdida de poder adquisitivo tener que pagar esos impuestos. Pues, aunque la introducción de nuevos impuestos se acompaña siempre de promesas de ser una imposición para los ricos, como ocurrió en el país vecino, con el tiempo, se extendió a los asalariados e incluso a los propios pensionistas.

Respecto a la propuesta de modificar la naturaleza de las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares muerte y supervivencia realizada en el Pacto de Toledo convirtiéndolas en prestaciones asistenciales supone romper la integridad del sistema de pensiones públicas. Al convertirlas en pensiones asistenciales se abriría el camino a la reducción de esas pensiones, al tiempo que entrarían en el terreno de transferibles a las Comunidades Autónomas. Las pensiones de viudedad son de mujeres en más del 90%, que acceden a la pensión después de los 70 años y el 70% de estas pensionistas tienen como único recurso económico la propia pensión.

Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras, como las pensiones de viudedad y orfandad. Su inclusión entre las propuestas a discutir en el Pacto de Toledo ha cobrado actualidad recientemente al ser retomada por un conocido exdirigente de CCOO Agustín Moreno, jubilado, que como profesor de Historia firma un artículo donde dice que “procedería ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir a cargo del Sistema de Seguridad Social”. Planteando así la posibilidad de que la viudedad y orfandad como “modalidad no contributiva o asistencial es [una pensión] de ámbito universal y se financia con cargo de las aportaciones de los PGE [del Presupuesto del Estado]” [11]. Y así, al excluir las pensiones de viudedad y orfandad de su categoría de prestación de Seguridad Social, y convertirlas en pensiones asistenciales, no financiadas con cotizaciones sociales, el Presupuesto de la Seguridad Social

dejaría un sobrante de 16.000 millones de euros al año. Ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos. Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales (…). Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno progresista”. 

Es decir, se saca superávit a condición de transformar las pensiones contributivas de viudedad y orfandad en pensiones asistenciales. Son contributivas porque constituyen un derecho procedente de un salario diferido, el del cónyuge o progenitor fallecido. No parece que sea la voluntad de viudas, huérfanos y los propios asalariados, que son los verdaderos dueños de sus cotizaciones, y quizás no quieren que nadie decida por ellos y menos con ocurrencias tan dañinas.

La lucha de las pensiones contributivas está unida a la lucha del movimiento obrero por la mejora de las condiciones de empleo y mejores salarios

¿Qué dicen los sindicatos franceses de la financiación con impuestos?

Han sido diversas las fórmulas utilizadas para sustituir cotizaciones por impuestos, con el objetivo de reducir el coste el trabajo en beneficio de la patronal y los accionistas. Desde su creación, la Seguridad Social fue financiada con cotizaciones sociales que surgen del trabajo y por tanto son salario, salario diferido. Pero la patronal nunca acepta esa carga y reiteradamente manifiesta su voluntad de trasladarla a los trabajadores, a las familias, vía impuestos.

Hay que subrayar un punto: que sea de la parte de los asalariados o la de los empleadores, las cotizaciones sociales son parte integrante de la remuneración de la fuerza de trabajo. Reducir las cotizaciones sociales es sinónimo de reducción de la remuneración de la fuerza del trabajo.

La valoración que la CGT francesa hace sobre el aumento del 1,7% de la CSG, señalado como el ejemplo a seguir por el actual Director General de Ordenación Económica de la Seguridad, es la siguiente:

Al aumentar la Contribución Social Generalizada (CSG) en un 1,7% para los empleados y pensionistas, el Gobierno acentúa una vez más la transferencia de la financiación de la seguridad social desde las cotizaciones hacia el impuesto y la sustitución de cotizaciones por impuestos, según un comunicado de la Federación de Finanzas de la CGT.

Esta transferencia ha aumentado constantemente desde la creación de la CSG por parte del Gobierno de Rocard en 1991 hasta el Gobierno de Jospin en 1998, en que la CSG aumentó del 1,1% al 7,5% para los asalariados y al 6,6% para los pensionistas.

Con este nuevo aumento, la proporción de las cotizaciones a la seguridad social aumentaría del 86,8 por ciento en 1991 al 65,6 por ciento, mientras que la proporción de impuestos, incluido el CSG, aumentaría del 4,9 por ciento al 30,3 por ciento. La CSG, este impuesto injusto es financiado por asalariados y los jubilados hasta el 89,6% (..).

Desde su creación, los aumentos sucesivos en la CSG a menudo han sido compensados por reducciones en las cotizaciones sociales, en particular, las cotizaciones del "empleador".

Tanto es así que hoy, lo que pagamos en CSG fue pagado anteriormente por los empleadores. Un impuesto injusto financiados por asalariados y pensionistas, la patronal se beneficia [12].

Por parte de la central Force Ouvrière, la Unión Confederal de Pensionistas y ocho organizaciones sindicales de jubilados, contra el aumento del 1,7% de la CSG, en carta del 19 de mayo de 2017 dirigida al Presidente Macron manifiestan:

Señor Presidente, queremos manifestar nuestro desacuerdo sobre la propuesta de aumentar al 60% de los jubilados un 1,7 punto el CSG, que es un impuesto para compensar la disminución de las cotizaciones salariales.

Aumentar el 1,7% de contribución social generalizada va a subir una vez más la presión fiscal sobre los jubilados, (..). Es ignorar que la CSG, a diferencia de las cotizaciones, no genera en contrapartida ningún derecho. Finalmente, es olvidar que este impuesto es ampliamente soportado por los asalariados, activos o no [13].

Por su parte, el Secretario General de la UCR-FO manifiesta: “Necesitamos que nosotros estemos preparados para estar todos movilizados parar dar nuestro rechazo a políticas suicidas económicamente, socialmente y que terminarán por serlo políticamente”. Una movilización contra el aumento del 1,7% del CSG tuvo lugar del jueves 28 de septiembre, con decenas de miles de jubilados respondiendo al llamamiento de nueve organizaciones que reagrupan a sindicatos y asociaciones (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFE/CGC, FSU, FGR-FP, UNIR SOLIDAIRES, LSR, UNRPA).

Efectivamente, da toda la impresión de que en España se copia lo que proponen los gobiernos del país vecino, en vez de lo que dicen los sindicatos de clase de allí a las propuestas de su gobierno.

La defensa de las pensiones está unida a la defensa del salario

Hay una herencia recibida por el actual gobierno que es necesario no olvidar, porque es en buena medida causante de la situación actual y cuyos elementos principales son los siguientes:

  1. Uno de los elementos centrales del sostenimiento del sistema de reparto se basa en las reservas generadas en periodos de superávits y su utilización en periodos de debilidad en las cotizaciones. Pero el abuso continuado en la utilización de los excedentes, para financiar otras políticas que debieron financiarse con el Presupuesto del Estado, ha llevado a la situación actual en la que no hay reservas constituidas para hacer frente a cotizaciones insuficientes.
  2. Han sido reiterados los incumplimientos de los sucesivos gobiernos, no reconociendo reservas con los superávits utilizados en gastos ajenos a la Seguridad Social, o la práctica ilegal de computar como préstamos que falsean las cuentas de la Seguridad Social, lo que debía ser aportaciones desde el Presupuesto del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social
  3. Junto a esta política de saqueo a la Seguridad Social, las insuficiencias de recursos se explican por la pervivencia de la reforma laboral de Rajoy y sus efectos en la precarización y la devaluación salarial. Por ello es urgente la derogación de la reforma laboral.
  4. Las reformas de pensiones de Zapatero de 2011, que eleva a 67 años la edad de jubilación, y la de Rajoy de 2013, con su Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización (0’25%), cuya búsqueda de equilibrio del sistema se basa en el recorte de las pensiones y en dificultar el acceso al derecho a pensión, también requieren la derogación urgente, así como su actualización anual por el IPC, para el mantenimiento del poder adquisitivo.

Al abordar las soluciones y futuras medidas, respecto a la propuesta de crear nuevos impuestos para financiar pensiones, además de los argumentos expuestos hasta aquí, debe señalarse otro inconveniente añadido. Consiste en las limitaciones derivadas de la normativa presupuestaria acordada con la Unión Europea, pues el resultado de la combinación del techo de gasto público, el límite del déficit del Presupuesto del Estado y los objetivos de reducción de la deuda pública, daría como resultado recursos siempre insuficientes para las pensiones, sobre todo para las pensiones no contributivas o asistenciales, que necesariamente deben financiarse con el Presupuesto del Estado.

Las medidas concretas que pueden proporcionar recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio de la estructura financiera del sistema de reparto hay que buscarlas en los mecanismos propios del sistema, es decir, removiendo los obstáculos que bloquean de crecimiento de los ingresos regulares del sistema, las cotizaciones sociales.

Y a su vez, la defensa del actual sistema de pensiones está indisolublemente unida a la defensa del principio de la caja única, continuamente puesta en cuestión por algunas fuerzas nacionalistas. Cualquier fisura o cesión a ese principio fundamental abriría la puerta a la dislocación de nuestro sistema de seguridad social.

En la lucha por tener los recursos necesarios para las pensiones no hay que buscar en el sistema impositivo, sino en la mejora de los salarios y en la mejora del nivel de empleo y de su calidad. La lucha por las pensiones está vinculada a la lucha por los salarios dignos, Si no suben los salarios malamente podrá haber sostenibilidad del sistema con pensiones dignas.

La lucha de las pensiones contributivas está unida a la lucha del movimiento obrero por la mejora de las condiciones de empleo y mejores salarios. Por ello, para el éxito de la lucha por unas pensiones dignas, sólo cabe la defensa del modelo actual de pensiones y, por tanto, impulsar todos los lazos entre los pensionistas y los asalariados actuales que faciliten la acción común.

Los recursos necesarios, siendo coherentes con nuestro sistema de reparto, deben buscarse en el incremento las cotizaciones. Derogando la reforma laboral que precariza el trabajo y limita la acción de los convenios en defensa del salario, elevando el salario mínimo, luchando contra la economía sumergida, incrementando los cuerpos de inspección, luchando de verdad contra el fraude, destopando las bases, eliminando los regalos en exenciones a los empresarios financiados con cotizaciones, actuando contra la existencia de los falsos autónomos, promoviendo una política de empleo público, etc.

La discusión y clarificación de los objetivos precisos de las movilizaciones y las exigencias al nuevo gobierno que se constituya son una necesidad urgente, porque no habrá nunca buenas pensiones si no hay buenos salarios. Para los sindicatos rechazar la vía de los impuestos es vital, se trata de su propia existencia como organizaciones que, a través de los delegados sindicales, participan en el control y gestión de esta conquista.


Juan Miguel Fernández Ruiz | Profesor Honorífico de la Universidad Complutense. Funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado.


[1] CEOE. Propuestas empresariales ante las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y 10 de noviembre de 2019.
[2] El País, “La economía ante la epidemia”, Raymond Torres, director de coyuntura de FUNCAS, 16 de febrero de 2020
[3] Alternativas Económicas nº 42, diciembre de 2015.
[4] Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Informe de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1996.
[5] Información Obrera. "El Pacto de Toledo para mí ya no tiene recorrido si es que algún día lo tuvo". http://www.informacionobrera.org. Nº344, 17 de enero de 2020.
[6] Michel Rocard. “A l`épreuve des faits. Textes politiques 1979-1985.” Editions du Seuil, 1986, paginas 120 y 122.
[7] Documentos del Pacto de Toledo difundidos por las dos centrales.
[8] UGT. “UGT reclama medidas urgentes para acabar con el déficit de las pensiones”. 10 de noviembre de 2019.
[9] Eldiario. “Es sistema de pensiones es perfectamente sostenible hoy y dentro de 30 años”. 31 de marzo de 2018.
[10] Publico. “El PSOE propone una cesta de impuestos finalistas para salvar las pensiones”. 8 de enero de 2018.
[11] Kaosenlared. “Las pensiones no corren peligro si no se saquea el sistema”.
[12] CGT.
[13] FORCE OUVRIERE.

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