miércoles 21.08.2019

España necesita ya un gobierno de izquierdas y progresista

Han pasado dos meses desde que la sociedad española optara en las urnas por un Gobierno de izquierdas. Un bimestre que nos lleva a asistir como espectadores de un verdadero carrusel de opiniones sobre la posible composición del Gobierno: de coalición, de cooperación, con independientes… unos dimes y diretes entre las diferentes fuerzas políticas que, como quien no quiere la cosa, también tiran de la amenaza de unas nuevas elecciones generales en el próximo noviembre si la investidura, según algunos socialistas, resultara fallida. Hablamos en este sentido de un auténtico dislate que no haría sino dejar al descubierto la escasa fiabilidad de los programas de las fuerzas políticas cuando se presentan a las elecciones. Una vez más, en lugar de realzar el papel fundamental que la política ha de cumplir en la sociedad y sumar así esperanzas para encaminarla ineludiblemente hacia progreso, se provoca la desafección de la mayoría social.

Dos largos meses en que la ciudadanía no puede más que vislumbrar como tenues sombras a través de los titulares lo que podrían ser las líneas de acción del Gobierno entrante. Es como si los ciudadanos y ciudadanas no hubieran dejado claro democrática y libremente con su voto el programa y las políticas que quieren que se lleven a cabo en su país. Por si acaso a alguien no le ha quedado claro: la mayoría social ha optado por un gobierno de izquierdas que revierta las reformas estructurales y los destrozos que la derecha conservadora y reaccionaria ha infringido durante sus últimos mandatos en la sociedad española.

La mayoría de los votantes, con su papeleta, han puesto sobre la mesa la urgente necesidad de un Gobierno que apueste decididamente por su país acometiendo políticas económicas y sociales al servicio de población trabajadora

La mayoría de los votantes, con su papeleta, han puesto sobre la mesa la urgente necesidad de un Gobierno que apueste decididamente por su país acometiendo políticas económicas y sociales al servicio de población trabajadora. Ello pasa por un restablecimiento de los derechos suprimidos por las reformas laborales; por una recuperación de la calidad de la democracia derogando la Ley Mordaza  y el artículo 315.3 del Código Penal (auténtico misil de la reacción contra el derecho de huelga y las libertades democráticas), así como por una dinamización de la actividad económica  y la generación de empleo de calidad y con derechos. Y esto no tiene ningún atisbo de efectividad sin un imprescindible incremento de los recursos económicos del Estado, es decir, hablamos de una reforma fiscal en profundidad que, al tiempo que permita recaudar mayores ingresos, haga que el sistema tributario sea más equitativo. Disponer de mayores recursos se traduce en inversiones selectivas que estimulen la actividad económica y promuevan el cambio de patrón de crecimiento. Este será sano, sostenible y, por tanto, menos vulnerable a los cambios de ciclo. Esta transformación pasa por un incremento de la inversión en I+D+i, por una apuesta más decidida por el sector público porque su peso en la economía está relacionado con el progreso y la cohesión. Y todo ello, que no es poco, implicaría también un necesario favorecimiento de la inserción laboral, la estimulación del empleo juvenil, la mejora de la educación y la formación profesional… Sin olvidar una apuesta por los servicios públicos: una sanidad en la que el sistema nacional de salud siga basándose en los principios de universalidad, equidad, corrección de las desigualdades y participación social, orientándose hacia la mejora de la calidad, la innovación y la cohesión; una educación pública; una atención a la dependencia instrumentada prioritariamente con servicios públicos a las personas; un fortalecimiento del sistema de seguridad social y de pensiones suficiente y sostenible, como instrumento estratégico de redistribución de la renta y como elemento de estabilidad económica que afronte el ciclo vital  de las personas y limite los efectos negativos que sufren las personas a lo largo de su vida por carencia de actividad y rentas.

Es decir, se necesita más Estado del Bienestar, porque lo que se ha de buscar es el reforzamiento del interés general. Interés general que es primo-hermano de políticas de igualdad e incompatible con el exclusivo interés de las élites privadas.

El Parlamento surgido de las elecciones tiene la oportunidad de corregir los gravísimos efectos de las reformas estructurales aprobadas por el Gobierno del PP, a favor de las élites económicas y financieras y en contra de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, ha quedado bien claro en las urnas que la lucha contra la desigualdad debe ser la primera y principal política del Gobierno, porque la precariedad laboral afecta a la mayoría de la población trabajadora y así lo ha dejado claro la ciudadanía el pasado mes de abril con su voto. Se trata de una precariedad conformada por alta tasa de paro, larga duración, agotamiento de las prestaciones por desempleo, brecha de género, temporalidad, tiempo parcial, prolongación de la jornada de trabajo, deterioro de la salud laboral e incremento de los accidentes de trabajo. Otra vez nos encontramos con el enemigo del Bienestar Social. Resumiendo, queda más que clara la situación de urgencia en la que nos encontramos con cuestiones básicas de interés general que no pueden esperar.

Vivimos una etapa importante en este país. Lo expuesto escenifica una realidad a la vista de todo aquel que la quiera ver. Quien no pueda entenderlo es que hace oídos sordos a las pésimas consecuencias que las reformas estructurales del PP han tenido en el tejido económico y social de la sociedad española a largo plazo. Se puede decir más alto, pero no más claro a aquellos que no lo quieren ver: de esas reformas estructurales procede la distribución injusta del crecimiento económico, los recortes, la limitación de las libertades, la desigualdad, la precariedad…

La mayoría de la sociedad está lejos de entender la actitud de las fuerzas de izquierda a la hora de retrasar la investidura y la conformación del Gobierno, porque la situación urge.

El hecho de que el hombre sea el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, por conocido, no deja de ser menos doloroso. No haber aprendido nada de los años pasados duele y retrasar las soluciones puede ser suicida para las izquierdas. La mayoría de la sociedad está lejos de entender la actitud de las fuerzas de izquierda a la hora de retrasar la investidura y la conformación del Gobierno, porque la situación urge.

El cineasta británico Ken Loach, con motivo de la recogida del premio Masters of Cinema en Mallorca, declaraba con acierto el pasado 3 de julio al diario El Mundo que: “el capitalismo ahora es mucho peor […]. Es desalentador comprobar que no aprendemos. La injusticia se acepta como parte del sistema […]. Lo curioso es el lenguaje que emplea un sector de la misma izquierda socialdemócrata que, después de reconocer que lo que ocurre es injusto, advierte sobre el peligro de los extremistas. Reconocen la injusticia, pero hacen lo posible para evitar cambiar las cosas».

Urge un Gobierno de izquierdas, urge derogar las reformas estructurales del PP, urge un programa para la legislatura que calendarice las medidas a tomar y discrimine entre lo urgente y lo necesario. El tiempo de las declaraciones y de las promesas ya ha pasado. Estamos en la era de los hechos, de elegir con decisión la necesidad de empezar a cambiar la dinámica social dominante.

Estamos en un tiempo donde el dilema no puede centrarse en qué personas compondrán el gobierno, sino si las políticas que se van a aplicar estarán al servicio de la mayoría social, tal y como se encomendó en las urnas hace ya dos largos meses. De ahí que lo importante ha de ser el acuerdo de las fuerzas de izquierda sobre el programa.

España necesita ya un gobierno de izquierdas y progresista