El nuevo secretario general del PSOE ha introducido en el debate político un concepto de largo alcance: la “transición económica”. Pedro Sánchez suele relacionar este concepto con dos ideas: la necesidad de definir un “nuevo modelo productivo” que asegure un desarrollo económico sólido -¿cómo se va a ganar la vida nuestro país?-, y el establecimiento de un “nuevo contrato social” que garantice unas condiciones dignas de trabajo y de bienestar social al conjunto de la población.
La fórmula de asociar una transición económica a la transición política no es nueva, desde luego. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países del occidente europeo asumieron la democracia constitucional como modelo político y, al mismo tiempo, suscribieron como modelo económico aquello que se llamó “el consenso socialdemócrata” o “modelo social europeo”, que fue seña de identidad para el continente y motivo de admiración en el mundo hasta la caída del Muro de Berlín. Se trataba de asociar la democracia liberal y la economía de mercado a la vigencia de un Estado de Bienestar que proporcionaba seguridad, equidad y bienestar a las mayorías.
La Transición Democrática española de los años 70 incorporó igualmente ambas facetas. La transición política se fraguó en la Constitución de 1978, y casi a la par se fue negociando un modelo socioeconómico con un Estado de Bienestar incipiente y unos derechos laborales asimilados a los de nuestro entorno. Los Pactos de La Moncloa, la propia Constitución y, sobre todo, la llamada Década del Cambio con los gobiernos socialistas en los años ochenta, consolidaron esta segunda transición. Aquello se hizo razonablemente bien, y desde entonces los españoles hemos multiplicado nuestra renta y nuestros derechos. Hasta la crisis vigente.
Casi 40 años después de aquellas transiciones de los setenta y los ochenta, la sociedad española vuelve a necesitar de un gran pacto renovado en torno al modelo político y al modelo económico. Las nuevas demandas de participación política, los desafíos territoriales y la integración europea, entre otros factores, aconsejan una reforma de la Constitución de 1978. Y las consecuencias brutales de la crisis iniciada en el año 2008, con su burbujeo especulativo en las finanzas, con sus ciclos de crecimiento frágil y recesión dramática, con su tendencia a ganar competitividad devaluando condiciones sociales y laborales, y con su propensión creciente a la desigualdad, resultan insoportables ya. Hace falta un nuevo modelo económico, mediante un pacto renovado y una transición racional.
¿En qué ha de consistir esta nueva transición económica? El propósito está claro. Los medios para alcanzarlo, no tanto. Una economía eficiente que asegure un desarrollo sólido en lo económico, sostenible en lo ambiental, y equitativo en lo social. ¿Cómo? Economía de mercado, sí. Global, también. Pero economía de mercado global con reglas globales de cumplimiento global, y con derechos globales de exigencia global. Y una economía menos financiarizada. Y una economía que resuelva el trilema de Rodrik sacrificando el poder de los Estados en lugar de los derechos democráticos de los ciudadanos. Es decir, una economía que no busque la competitividad en las devaluaciones constantes de los derechos laborales y de las condiciones sociales de las personas, sino en factores como la educación mejorada, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, el perfeccionamiento logístico, la equidad social…
La transición económica en España debe acompañarse con un desarrollo de la industria, especialmente la industria con alto valor añadido e intensiva en empleo. “Una fábrica, al menos, en cada pueblo y ciudad”, ha planteado metafóricamente Pedro Sánchez. La construcción especulativa, el turismo playero y los servicios generales no pueden volver a ser los nichos prioritarios para la actividad económica y el empleo en nuestro país. España tiene capacidades y condiciones para desarrollar una industria potente en áreas como la agroindustria, las energías renovables, la biotecnología, la industria aeroespacial, la industria cultural, los videojuegos, la enseñanza del castellano…
La nueva economía será sostenible o no será. En lo ambiental y en lo social. Lo dijo bien Stiglitz: “Un modelo económico que no proporciona bienestar a la mayoría y no resulta sostenible para el planeta, no es un modelo económico viable”. Derechos laborales reconocidos y garantizados a escala global. Derechos ambientales que se hagan respetar, aunque el presidente de determinado Gobierno tenga un primo escéptico, o aunque presionen las petroleras.
Una fiscalidad suficiente, progresiva y sin paraísos de fraude. Una apuesta por lo público en sectores estratégicos como garantía de equidad y prevalencia del bien común. Unas condiciones de bienestar social elevadas a la categoría de derechos constitucionales plenamente asegurados y financiados, de carácter universal y acceso gratuito, mediante sistemas públicos de sanidad, educación, pensiones y atención a la dependencia, con rentas básicas garantizadas…
Y atención a las nuevas teorías de la economía social, la economía colaborativa, la predistribución…
Transición Económica. Este es un buen camino para dar fuerza y credibilidad a una alternativa ganadora para la izquierda reformista en Europa. La izquierda útil.