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miércoles. 06.07.2022

El paro y la precariedad, delitos de lesa humanidad

Al ejército de parados que reclamaba el capitalismo desde los años setenta, se ha vuelto a añadir ahora el ejército de precarios y mal pagados.

"La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua"

Hace siglo y medio Carlos Marx escribió sobre el desempleo estructural o ejército industrial de parados, una masa de trabajadores excedentarios que son absolutamente necesarios para la optimización de beneficios por los capitalistas: "La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por tanto superflua. (...) A todo capitalista le interesa, de manera absoluta, arrancar una cantidad determinada de trabajo de un número menor de obreros, en vez de extraerla, con la misma baratura e incluso a un precio más conveniente, de un número mayor. (...) Cuanto más amplia sea la escala de la producción, tanto más determinante será ese motivo. Su peso se acrecienta con la acumulación del capital…". Agonizante el sistema político y económico que imperó en Europa y en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sin que se atisbe cuál será el modelo que lo sustituya, en este paréntesis insoportable se está instalando el mismo modelo que existió cuando Marx escribió esas líneas allá por la segunda mitad del siglo XIX.

Quitándonos cualquier tipo de anteojeras y mirando al enemigo de frente, hemos de ser conscientes de que no se va a crear empleo como lo conocimos salvo que seamos capaces de imponer un cambio drástico a las políticas económicas –a la política- que nos están dictando desde los cuarteles generales del neoconservadurismo. Hace unos años la empresa Coca-Cola Iberian Partners, que dirige Sol Daurella, máxima representante de una familia que hizo fortuna con Franco, decidió cerrar varios de sus fábricas españolas a pesar de que la empresa concesionaria había tenido unos beneficios cercanos a los cuatrocientos millones de euros. Igual ha ocurrido en nuestro país con Telefónica, BBVA, Valeo, Acciona, Iberia, Banca Cívica y centenares de empresas que, ganando mucho dinero, decidieron usar de modo drástico la reforma laboral que el Partido Popular les sirvió en bandeja. Fuera de nuestras fronteras está ocurriendo lo mismo, todavía tenemos frescas las imágenes de los trabajadores de Air France corriendo tras los ejecutivos que querían despedir a tres mil de ellos sin más motivo que aumentar sus beneficios. Paradigmático es también el caso de Volkswagen, empresa fundada por Hitler y puesta en marcha por Ferdinand Porsche, que acaba de anunciar tras la estafa mundial de las emisiones de gas, que tendrá que reestructurar su plantilla para hacer frente al fraude que han cometido sus directivos, es decir, que aprovechará esa estafa –como han hecho los bancos de la crisis- para despedir a miles de trabajadores completamente ajenos a las decisiones nefastas de los jefes de la empresa.

No hay que ser marxista, ni siquiera haber leído los textos de Ricardo o Rosa Luxemburgo, para saber que al capitalista no le interesa crear empleo, que esa no es la función de la empresa, que lo que interesa al capitalista y a la empresa es conseguir el máximo beneficio con la inversión mínima, de modo que si un empresario pudiera fabricar teléfonos móviles sin la intervención de trabajadores lo haría de mil amores. No cabe, pues, enfadarse ni indignarse con quienes al invertir su dinero pretenden acrecer las ganancias de acuerdo con lo que le permiten legisladores y gobernantes, y sí con quienes gobiernan y legislan permitiendo que el hombre se haya convertido en mera mercancía de usar y tirar. Por eso, es menester volver a reivindicar la empresa pública bien gestionada –Argentaria, Tabacalera, Telefónica o Endesa –hoy privatizadas- serían casos paradigmáticos en España-, como contrapeso a las privadas, porque la empresa pública no sólo tiene como objetivo ganar más dinero, sino que además tiene que prestar un servicio público de calidad y, por eso, hacerlo con trabajadores a los que se respeten todos sus derechos. Pero sobre todo, es necesario reivindicar la política con mayúsculas, que regrese la política para poner freno a las ambiciones incontroladas de quienes se creen investidos por mano divina –calvinismo de antaño, catolicismo oputa hoy- para aumentar sus riquezas a costa de lo que sea, y de quien sea.

Los legisladores y gobernantes occidentales y orientales llevan décadas gobernando y legislando para que los inversores, o sea los ricos del mundo unidos, puedan acrecer sus riquezas de manera exponencial sin que apenas tengan que contribuir a ese acerbo común de los mortales que son los Derechos Humanos. En el actual contexto, las relaciones de producción que han impuesto infringen los derechos más elementales de las personas y no hacen más que agrandar, año tras año, la brecha que existe entre los que más tienen y los que no tienen nada sin que los poderes políticos consideren, ni en sueños, la posibilidad de modificar sus decisiones. Si a eso añadimos que las nuevas tecnologías permiten producir cantidades mucho más grandes de cosas con muchas menos manos, nadie en su sano juicio puede pensar que dentro de uno, dos o tres años volveremos a situaciones próximas al pleno empleo. Al ejército de parados que reclamaba el capitalismo desde los años setenta, se ha vuelto a añadir ahora el ejército de precarios y mal pagados, personas que aceptan lo que da el mercado, que trabajan un día a la semana por un tanto, o que son contratadas por equis tiempo por un salario desconocido desde 1980, como exponente claro de lo que el sistema demanda y está dispuesto a dar.

Ante situaciones parecidas acaecidas en las revoluciones industriales del siglo XIX, los trabajadores se unieron, llegando a quemar las fábricas en las que se despedían obreros por la innovación tecnológica, para que esas innovaciones repercutieran en el bienestar de todos, no sólo de los empresarios, demandando la reducción de la jornada, que en los países más avanzados se consiguió a principios del siglo XX. En la actualidad asistimos a la mayor revolución tecnológica de la historia, hasta tal punto que nos permite pensar que dentro de poco la producción de bienes apenas necesitará al hombre. Se insiste en que debemos aprender idiomas, viajar al extranjero, prepararnos para ser competitivos, pero nada de eso sirve para paliar el mal que sufrimos, en ningún caso habrá trabajo digno para la mayoría por muy preparada que esté. Se impone, necesariamente, la reducción de jornada. Hace poco, en su visita a España José Pepe Mugica nos hablaba de esa urgencia, y nos decía que era menester un cambio drástico de mentalidad que llevase al hombre a ser dueño de sus destinos sin tener que estar esclavizado al trabajo, dedicando mucho más tiempo al ocio y a cultivarse, a convivir consigo mismo y con los demás. Sabido es que eso no gusta a los que viven en el vértice de la pirámide, pero nunca el mundo avanzó por su voluntad, sino contra ella. Mantener la actual jornada laboral con el ejército de parados y precarios que eso conlleva, con el sufrimiento y el dolor de millones de personas que cada vez se ven más cerca del peor de los abismos, es un crimen de lesa humanidad. Nos corresponde a nosotros, ciudadanos conscientes, llevar a los poderes públicos a personas íntegras y capaces de deshacer tanta atrocidad.

El paro y la precariedad, delitos de lesa humanidad