miércoles 01.04.2020

Los jueces también están bajo el imperio de la ley

    Al igual que el resto de los mortales, los jueces se equivocan y yerran en su cometido. Sería pueril exigir a personas de carne y hueso la infalibilidad que sólo los creyentes atribuyen a Dios y a Puigdemont. De ahí que los Estados de Derecho contemplen la posibilidad de recurrir sus sentencias a diversas instancias, incluidas las supranacionales. Pero el yerro es una cosa, y otra muy diferente la ideología, sobre todo cuando esta influye en la tarea judicial. Pienso que la mayoría de los jueces españoles intentan ser justos a pesar de la flagrante escasez de medios humanos y materiales con que realizan su trabajo, escasez que se manifiesta en larguísimos procesos que debilitan enormemente su eficacia y credibilidad. Pero eso es una cosa y otra muy diferente que las dos máximas autoridades judiciales de España, Carlos Lesmes y Juan José González Rivas, sean personas en extremo conservadoras y, en el caso de Lesmes, vinculada muy estrechamente a organizaciones reaccionarias como el Opus Dei.

Los pactos de la Transición se olvidaron de democratizar la Justicia, de tal manera que hoy abundan los togados de origen franquista o que han adquirido esa ideología por contaminación o querencia indisimulada

Como en tantas otras parcelas de la organización del Estado, los pactos de la Transición -que fueron muy útiles en su momento- se olvidaron de democratizar la Justicia, de tal manera que hoy en los diversos niveles que componen su brazo ejecutor abundan los togados de origen franquista o que han adquirido esa ideología por contaminación o querencia indisimulada. Aunque quizá no lleguen a categoría y se queden en anécdota sangrante, no es raro encontrar todavía a jueces que preguntan a una víctima de violación por su vestimenta o sus hábitos sociales, intentando con ello culpabilizar a quien ha sido salvajemente agredida por quien tenía más fuerza bruta, es decir por machos sin civilizar, sin piedad, sin la más mínima empatía, guiados únicamente por esa pulsión atávica de dominio y sometimiento. No es raro tampoco leer con una expresión inusitada de asombro sentencias como la del Tribunal Constitucional que permite despedir a un trabajador enfermo si las bajas son cortas y reiteradas en un espacio determinado de tiempo: Las bajas las firma un médico del Sistema Nacional de Salud, por tanto tienen presunción de veracidad. La cuestión no es que se permita despedir a quien tiene una baja expedida por quien puede firmarla, sino en casos sospechosos delimitar por la inspección correspondiente si hay alguna anomalía, lo demás es dar a los empresarios carta libre para dejar sin trabajo a quien les de la gana. Lo mismo sucede con los lanzamientos y desahucios, está claro que los jueces aplican la ley que ha hecho el legislador, pero también que tienen potestad para interpretarla y situarla en el contexto adecuado. No es lo mismo desahuciar a un señor que no paga el alquiler durante meses por la razón que sea que lanzar a una familia de un piso porque se ha quedado sin trabajo y no tiene para pagar la hipoteca. Hay otras posibilidades que no tienen porque concluir con dejar sin techo a familias ya de por sí muy castigadas por la crisis.

En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes del proceso independentista catalán, para mí está claro que hubo un delito porque ni el ordenamiento jurídico español ni el de ningún país, permite la secesión de una parte del territorio y estos señores simularon quererla llevar a cabo y tenían una estrategia para forzar al Estado. La secesión se puede producir modificando la Constitución mediante un acuerdo o por la vía insurreccional, es decir la guerra, siempre que se gane. Lo demás es escupir al aire, aunque luego lo esputado caiga sobre todos nosotros. Desde un primer momento, dije que la sentencia me parecía en extremo dura y que dentro de la orquilla existente para las distintas penas los magistrados deberían haberse decantado por las más bajas o al menos nunca por las máximas. Ahora el Tribunal Europeo de Justicia a instancias del propio Tribunal Supremo ha dictaminado que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad desde el mismo día en que obtuvo el acta como eurodiputado. La pregunta es ¿no sabían los magistrados del Supremo esa circunstancia?, y el juez Llarena, que ha hecho las cosas tan bien que no ha conseguido ni una sola extradición, ¿no estaba enterado de que el diputado de ERC tenía todo el derecho del mundo a acudir al Estrasburgo para recoger su acta? Yo creo que sí lo sabían unos y otro, pero prefirieron hacer lo que les pareció.

Como consecuencia de ese parecer particular, se ha creado una situación que podría ser cómica si no fuese lamentablemente estúpida y grave. ¿No tienen ninguna responsabilidad los jueces que de tal manera actúan? ¿Son irresponsables como Su Majestad? ¿Aquí los únicos jueces a los que se puede expulsar de la Carrera son Garzón por investigar la trama Gurtel y el genocidio franquista o Elpidio Silva, los demás están protegidos por San Josemaría Escrivá de Balaguer y el brazo incorrupto de Santa Teresa? Creo que los jueces también están bajo el imperio de la ley y que cuando se yerra de modo flagrante tiene que imponérseles una sanción ejemplar que evite que otros actúen de modo similar.

Como ciudadano muy poco perito en cuestiones jurídicas, al conocer la sentencia del Procés expresé con toda claridad que además de considerarla muy severa, sería bueno promover cuanto antes el indulto de los penados como gesto para abrir un diálogo constructivo. Hoy creo que hay que hacer algo más, y ese algo más es emprender una reforma integral de la Justicia mediante la elección de jueces y magistrados por el pueblo. Hasta ahora quien logra mayoría parlamentaria elige a quien ha de mandar en la judicatura; las asociaciones profesionales y los partidos de derechas pretenden que sean los jueces quienes elijan a ese poder lo que podría llevarnos a un Estado corporativo en el que los médicos elijan al ministro de Sanidad y los policías al de Gobernación. Sería un disparate. Puesto que es uno de los tres poderes democráticos, el Poder Judicial debe se elegido por el pueblo en elecciones libres a las que puedan acudir tanto asociaciones de jueces como particulares. Tal vez así evitemos las “torpezas” que tanto nos sonrojan o al menos sentirnos corresponsables de sus aciertos y errores.

Los jueces también están bajo el imperio de la ley