lunes 26/10/20

Por una democracia participativa (II)

Siguiendo el hilo de la primera parte de este artículo,

Siguiendo el hilo de la primera parte de este artículo, publicada aquí mismo el 31 de octubre habría que fiscalizar también el dinero y la actividad de las fundaciones ligadas a los partidos políticos, especialmente para evitar que derivaran fondos a la financiación de las campañas electorales, teniendo en cuenta la propuesta que hacía a ese respecto. Ahora bien, el resto de la actividad de dichas fundaciones quedaría exento de otro tipo de fiscalización que no fuera la estrictamente penal o fiscal.

Uno de los instrumentos más eficaces en la democracia participativa que muchos defendemos sería la introducción de una consulta popular revocatoria a mitad de legislatura, dada la especial querencia que algunos partidos políticos tienen a incumplir flagrantemente sus programas electorales. El mandato ejecutivo del Gobierno sería, por tanto, revocatorio, y sujeto a derogación por mandato popular si la mayoría del electorado considera, por ejemplo, que el Gobierno se ha desdicho de sus promesas o ha gobernado en sentido contrario a su ideología. Esta no es una medida extemporánea pues la Constitución boliviana, por ejemplo, la introduce en el sistema político y su actual presidente, Evo Morales, ya se sometió a dicho referéndum revocatorio a mitad de mandato, superándolo con creces. Y a quienes les resulta denigratorio compararse con Bolivia, habrá que recordarles que una de las democracias más admiradas del mundo, la estadounidense, celebra cada dos años elecciones a la Cámara de Representantes -equivalente a nuestro Congreso de los Diputados- por lo que cada dos años se renueva totalmente dicha Cámara. Dicho de otra manera, que en EE UU los mandatos del poder legislativo duran solo dos años, pues también cada dos años se renueva parcialmente su Senado. Luego quien argumente que no se puede convocar a la ciudadanía cada dos años, que se lo haga mirar bien en EE UU.

Sin duda alguna, el referéndum sería un instrumento habitual en cualquier democracia participativa. Todas las leyes que supusieran un cambio de modelo (político, social, económico, cultural…) deberían someterse al voto popular. Desde luego, todas las leyes orgánicas, también. Habría que elevar, eso sí, la mayoría requerida para la aprobación de leyes en el Congreso. Por ejemplo, las leyes ordinarias deberían ser aprobadas por mayoría absoluta y no por mayoría simple. Y las leyes orgánicas deberían aprobarse por mayoría de tres quintos o de dos tercios y no por mayoría absoluta. De esta manera se obligaría a cualquier Gobierno a buscar amplias mayorías cualificadas, mayores consensos, así como obligaría a los gobiernos a someter todos sus proyectos legislativos a debates parlamentarios más profundos. Elevar un poco el listón de las mayorías requeridas para la aprobación de leyes redundaría en una mayor implicación y participación de los partidos y, por tanto, en más democracia.

Otra medida necesaria sería la implementación de referendos y plebiscitos telemáticos, es decir, mediante voto electrónico en páginas webs oficiales habilitadas al efecto. No es de recibo que se puedan hacer hoy en día tantas transacciones seguras por Internet y, sin embargo, algunos políticos y juristas sigan poniendo trabas a esta modalidad de participación política ciudadana. En cualquier caso, se podrían convocar dichas consultas presenciales en ayuntamientos y juntas municipales, no en colegios, para reducir su coste y facilitar su rápida convocatoria. Soluciones hay, lo que no hay es voluntad de dar la palabra al pueblo más a menudo. En esto también tenemos que aprender mucho de los estadounidenses.

Una democracia participativa reduciría las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, actualmente fijadas en 500.000. Creo que la propuesta que ya circula para reducirlas a 300.000 es adecuada. Además, habría que reconocer la Iniciativa Constitucional Popular para proponer reformas de nuestra norma fundamental, lo que actualmente no es posible. Así como habilitar el Recurso de Inconstitucionalidad Popular para que un número considerable de ciudadanos pudieran solicitar al Defensor del Pueblo dicho recurso ante legislaciones que pudieran vulnerar derechos constitucionales de ciertos colectivos.

Una democracia participativa concedería más valor al mandato representativo consagrado en nuestra Constitución pero limitado en la práctica por el mandato imperativo de partido que impone el derecho parlamentario, con el aval de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que interpreta dicho mandato representativo sujeto a la disciplina de partido del grupo en el que se inscribe cada parlamentario. Cierto es que, ahora, quien se salta dicha disciplina puede ser sancionado por su partido, pero sería más democrático habilitar un procedimiento por el que cada proyecto legislativo, antes de ser debatido en la respectiva comisión parlamentaria, se debatiera y se votara dentro de cada grupo parlamentario que corresponda a un solo partido político, concediendo libertad de voto a cada representante y publicidad al resultado de dichos debates y votaciones para que, así, los electores conociéramos también las posiciones particulares de nuestros representantes dentro de sus respectivos grupos parlamentarios. Las enmiendas aprobadas por mayoría en cada grupo serían las que éstos propondrían después en la comisión parlamentaria, confrontándolas con el resto de los grupos, excepto con aquellos grupos parlamentarios formados por varios partidos, donde dicho debate no sería posible por la diversidad ideológica que los conforman. Con el modelo actual, son unos pocos parlamentarios de cada grupo los que deciden por el resto, con la instrucción pertinente ordenada desde el partido o desde el propio Gobierno.

También habría que regular mejor la actividad de los lobbies o grupos de presión. Para ello, una medida imprescindible sería publicar las agendas de los miembros de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como la de la Jefatura del Estado, en el ejercicio de sus funciones. Los ciudadanos sabríamos a quién reciben en sus despachos los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, diputados, senadores, vocales del Poder Judicial, etc., etc., aunque eso no evite desconocer con quiénes quedan a comer o a tomar café.

Ampliar la participación en nuestra democracia representativa conllevaría también el derecho al voto a los 16 años, propuesta que ya hizo en su día Izquierda Unida, defendida especialmente por su diputado Gaspar Llamazares. Y ampliar la participación supone también facilitar la información parlamentaria a los ciudadanos, para lo que sería imprescindible habilitar un canal de televisión digital y una emisora de radio que informaran exclusivamente de toda la actividad parlamentaria en Congreso, Senado y asambleas autonómicas.

La lista de mejoras no se agota en estas líneas y cada ciudadano tiene, además, sus propias ideas para perfeccionar nuestra democracia representativa. Sirvan estas reflexiones tan solo para poner de manifiesto que, tal como recordaba en la primera parte de este artículo y mal que le pesara a la otrora lideresa Esperanza Aguirre, la democracia tiene hoy un adjetivo que amplía el horizonte de la misma; no es otro que el de “participativa”, tal y como también reconoce, por cierto, el Tratado de Lisboa. Quizá también Aguirre se saltó esa lectura…

Por una democracia participativa (II)
Comentarios