España (y aún más Galicia) es un país de emigrantes. Nuestros abuelos y nuestros padres, en su tiempo, huyeron de la miseria de las aldeas y buscaron un futuro mejor en las Américas, en Europa y en otras geografías. Los que marchan al extranjero suelen ser los más jóvenes, los más fuertes, los más decididos, los más emprendedores (ahora también emigran los más preparados). No es una frivolidad, por mucho que la incompetente ministra de Empleo califique la emigración forzosa como movilidad exterior, “porque hay quien busca fuera oportunidades laborales y formativas”.
Deberíamos recordar que el principal estímulo para abandonar la propia tierra es la necesidad. Deberiamos saber que los inmigrantes que llegaron aquí en las últimas décadas vinieron en busca de trabajo y pan. Vinieron para hacer los cometidos duros del campo, para subir a los andamios, para atender a nuestros mayores y ayudar en la crianza de nuestros hijos y nietos. Si algunos no tienen contrato no es por su culpa: es el contratador quien prefiere la ilegalidad. En este tiempo de recesión económica el territorio peninsular dejó de ser el paraíso soñado de los inmigrantes. Muchos retornaron a sus lugares de origen. Pero otros permanecen, ganándose la vida como pueden. El retorno solo significa hambre, miseria y ausencia de futuro para ellos y los suyos; no tienen más opción que resistir.
El gobierno del Partido Popular, en su empeño incesante para desmontar el Estado de bienestar, utiliza una estrategia mediática muy tramposa pero eficaz. Señala a un colectivo como responsable de la situación y a continuación adopta medidas en su contra. De esa manera apunta a los trabajadores del sector público como incompetentes y improductivos y acto seguido decide rebajarles el salario. Señala a los pensionistas como atracadores de farmacias y acaparadores de medicinas en sus casas y les obliga a pagar los medicamentos. Dirige su índice contra de los inmigrantes, a los que acusa de abusar de la sanidad pública y de practicar "turismo sanitario", y los deja sin cobertura sanitaria. A finales de 2013 el Gobierno había dado de baja 748.835 tarjetas sanitarias del SNS desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, que impuso el PP en 2012. Además de un atentado contra de los derechos humanos, esta medida representa un grave problema para la salud pública. Las personas con cáncer, diabetes o insuficiencia renal quedarán sin atención, así como los afectados por VIH, tuberculosis y otras dolencias infecciosas. La revista británica The Lancet ha publicado un artículo (“La erosión de la cobertura sanitaria en España”) en el que advierte que “las consecuencias que podrían tener estos cambios normativos en la salud de la población pueden llegar a ser graves”.
Lo cierto es que los inmigrantes acuden a los servicios sanitarios mucho menos que los autóctonos -hay estudios que así lo demuestran-, y que la cotización de los que tienen trabajo compensa de sobra el coste de la asistencia. El denominado "turismo sanitario" es un fenómeno residual y con una repercusión ínfima en el sistema sanitario. Pero esta clase de argumentos, que fomentan la xenofobia y la exclusión, es aceptada por un sector de la población, que llega a ver el inmigrante como un competidor. ¡"Que se vayan!", está diciendo el gobierno con sus medidas. ¡"Que se vayan!", gritan algunos, desquiciados, que no recuerdan su pasado reciente.
El Ministerio de Sanidad pretendía que los inmigrantes suscribiesen una póliza con la sanidad pública, con un coste superior a 700 euros anuales, para tener derecho la asistencia. Esta propuesta sólo tuvo el apoyo del PP. Andalucía, País Vasco y Catalunya rechazaron la medida. También hay colectivos profesionales que manifiestan su desacuerdo. Los médicos de familia hicieron una campaña para promover la objeción de conciencia en la aplicación de esta norma. "La lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a mi deber ético profesional y incurrir en el abandono. Es mi voluntad seguir atendiendo a las personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de residencia", declaran los firmantes de un documento a favor de la objeción. También han creado un registro estatal para denunciar la exclusión sanitaria (Redes) que permite a los profesionales o a cualquier ciudadano dejar constancia de los casos de vulneración del derecho a la salud.
Esta medida no tiene justificación posible. Representa un atropello a la ética y a la política. Es un atentado contra los enfermos y los pobres. Detrás de los números hay personas, como decía El Roto en una de sus viñetas. Ni siquiera tiene una justificación económica: la recaudación previsible es insignificante en el total de los presupuestos sanitarios. ¡"Aguantad, aguantad, que este es el camino para mejorar!", dicen a los gobernantes mientras siguen eliminando derechos. Pero ningún bienestar futuro puede justificar tanto sufrimiento en el presente. Los efectos de estos recortes están siendo devastadores.
Estas medidas se sustentan en una concepción ideológica que entiende la salud como un negocio y no como un derecho. Esta política de supuesta austeridad que deja desamparados a los enfermos y que margina a los diferentes está basada una concepción supremacista de la sociedad. Tenemos que demostrar que estas ideas son rechazadas por la gran mayoría de la población. Habrá que recordar aquel famoso poema, atribuido a Bertolt Brecht, aunque su autor fue Martin Niemöller, un pastor luterano alemán perseguido por los nazis que, en 1945, escribió:
Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.