Alfred Emanuel Smith, el otrora gobernador de Nueva York y el primer católico candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, fue sumamente certero cuando afirmó que todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia.
Sólo las democracias ideológicamente débiles o sus simulacros tienden a buscar la solución a los desarreglos del sistema, causados la mayoría de las veces por una vertebración del poder real que genera importantes déficits democráticos, en un retroceso en el conjunto de los derechos y las libertades cívicas, es decir, se intenta salvar la democracia a costa de la misma democracia.
En este contexto, los graves problemas que afronta la Monarquía española, o lo que es lo mismo, el régimen político nacido de la Transición y el Estado que lo encarna, son consecuencia de la carencia democrática de su basamento moral e ideológico, o al menos, no cualitativamente en la extensión fundacional que hubiera hecho posible una democracia plena y no, como ocurrió, una simple salida al caudillaje franquista y sus múltiples intereses estamentales y, sobre todo, la fijación de algo que es sustantivo en la cualidad democrática o su carencia de un sistema político: la definición y organización del poder real.
El Pacto de la Transición, como un redivivo Pacto canovista del Pardo, también determinó la adaptación sin condiciones de las fuerzas de progreso a un régimen de poder que mantenía intactos los intereses y la influencia de las élites que habían prosperado en el largo y penoso período anterior a la Transición. Para desactivar a la izquierda, se recurrió a dos ficciones: el centro político y el consenso, como coartadas para obviar el conflicto social y la sociología que lo padece y el pactismo desigual con la derecha.
Toda la carga progresista se proyectó hacia territorios que no afectaban al poder económico como los identitarios y modos de vida. Ante desafíos dispersos, escribe Alain Minc refiriendo, entre otros, a la defensa del medio ambiente, minorías culturales, de orientación sexual, etc., los combatientes se dispersan también. Los apasionados de una causa no son automáticamente los de otra causa, pues no existe ya la ideología unificadora.
Por su parte, la derecha secular en España siempre fundamenta su poder e influencia política y social en forzar las hechuras de la nación hacia la anomalía. El dominio feudal de las élites económicas y estamentales y esa tendencia conservadora hacia el autoritarismo ha hecho de la excepción y la banalidad los elementos constituyentes de la nación al objeto de preservar los minoritarios intereses oligárquicos y elevarlos a la universalidad, es decir, a que se transfiguren alevosamente en los generales del país.
Todas estas excepcionalidades del régimen político de la Transición le han dado sesgo de naturalidad a fenómenos y epifenómenos que serían escandalosos e inaceptables en las democracias de nuestro entorno. Que se haya difundido por los mass media, sin desmentido, que los grandes empresarios del país han comenzado a movilizarse para apartar a Pedro Sánchez del gobierno, hasta el punto de que ejecutivos que dirigen las compañías más importantes de España se estén moviendo para promover un cambio en el PSOE, asegurando que en su hoja de ruta no entra el actual presidente en funciones, y sin que ello cause una convulsión en la vida pública y en la sociedad, con una escenificación sin rubor de donde se ubica el poder real, no deja de ser un contexto extremadamente irregular en cualquier democracia consolidada.
No hay que olvidar que una democracia es un régimen de poder. Y lo más paradójico: que el PSOE conspire contra sí mismo, apelando al apoyo de la derecha, ¿para implementar qué política? ¿Es realmente posible una política de izquierdas en la Monarquía de la Transición?