sábado 20.07.2019

Hace 40 años, sin nostalgia

Dejando a un lado las concesiones a la nostalgia, la jornada electoral del 15 de junio de 1977 fue uno de los hitos principales del relato fundacional del vigente régimen político y un elemento clave en la legitimación semántica de la Transición.

Ratificada holgadamente en el referéndum del 15 de diciembre de 1976 la Ley de Reforma Política, que iniciaba el proceso de reforma del régimen franquista, la convocatoria de unas elecciones legislativas en junio de 1977 mostró la audacia de Adolfo Suárez al querer competir con partidos de izquierda (PSOE y PCE) de los que se conocían sus intenciones favorables a la reforma, pero no su verdadero respaldo social.

Sin embargo, el riesgo estaba medido, pues la ley electoral de marzo de 1977 estaba concebida para facilitar la victoria de UCD. Suárez jugaba con las cartas marcadas, como ya lo había hecho en diciembre, pues, dada la importancia del refrendo, el Gobierno quiso asegurarse un resultado propicio.

La campaña a favor de la Ley de Reforma Política -“Habla pueblo, habla”- se hizo sin oposición, utilizando el potente aparato de propaganda de la dictadura, con los partidos políticos en la ilegalidad, reprimiendo las opiniones discrepantes y las manifestaciones en contra, y sin recibir a la Comisión Negociadora de la Oposición, aunque el Gobierno tuvo contactos con varios de sus miembros. 

Ante la prepotencia del Gobierno, los partidos de la oposición, en la ilegalidad, defendieron la abstención -“Abstención, abstención es el voto de la oposición”, era una consigna coreada en las calles-, pero sin éxito, ya que el referéndum fue favorable al Gobierno.   

En febrero de 1977, un real decreto permitía la legalización selectiva de partidos que no fueran comunistas, republicanos y separatistas. En marzo las fuerzas franquistas agrupadas en Alianza Popular (hoy PP) celebraron el primer congreso, en marzo se publicó en el BOE la normativa electoral, el 9 de abril Suárez decidió legalizar el PCE, pero los partidos ubicados a su izquierda fueron legalizados después de celebradas las elecciones. El 22 de abril se formalizó UCD, el partido de Adolfo Suárez, el 28 de abril se legalizaron los sindicatos, pero el Gobierno prohibió las manifestaciones del 1 de mayo.

Y el 15 de junio se celebraron las primeras elecciones legislativas desde 1936, pero la normativa electoral -listas de candidatos cerradas y bloqueadas a la intervención ciudadana, la desproporción entre el número de habitantes y el de representantes políticos, el sistema D'Hondt, los cuarenta senadores de designación regia, la barrera electoral del 3%, etc,- era congruente con el propósito de permitir que la derecha conservase importantes cuotas de poder en las nuevas Cortes, obtener gobiernos estables y configurar un parlamento en torno a unos pocos partidos grandes y dejar fuera del sistema a aquellas fuerzas políticas con menos del 3% de los votos.

Aunque concurrió una nutrida representación de partidos de extrema derecha, como los Círculos José Antonio, Falange Española, Falange Española Auténtica, Alianza Nacional del 18 de julio y Fuerza Nueva, los partidos de la izquierda radical, que no habían sido legalizados, no pudieron concurrir a las elecciones con sus propias siglas y tuvieron que hacerlo emboscados en plataformas y coaliciones que pocos votantes conocían y realizar una campaña electoral en clara desventaja. 

El 15 de junio el partido más votado fue UCD. Animado con el empujón final del célebre discurso de Adolfo Suárez en TVE  -“Puedo prometer y prometo”-, recibió 6,3 millones de votos, que le proporcionaron 165 diputados (y 106 senadores). Con el respaldo del 27% de los votos del censo y el 34% de los votos válidos, obtuvo el 47% de los escaños del Congreso.

Le siguieron la familia socialista con 6 millones de votos y 124 diputados, AP con 1,4 millones de votos y 16 diputados y el PCE-PSUC con 1,6 millones de votos y 20 diputados.

Para Herrero de Miñón (“Memorias de estío”): “Los resultados se intuían a la mañana siguiente y, para quien había redactado la normativa electoral, fue muy satisfactorio ver que había funcionado bien”. Y así fue: Herrero obtuvo un escaño por UCD en el Congreso y 77 miembros de las Cortes franquistas hallaron acomodo en el nuevo parlamento democrático. J. Ignacio Wert (El País, 1996) juzgó “ingenioso” el sistema electoral que proporcionaba tales ventajas a quien había elaborado la ley y que iba a constreñir el subsiguiente proceso de reforma.

Los resultados mostraron que el sistema electoral apuntaba al bipartidismo, pues socialistas y centristas sumaron 283 escaños, el 81% de la cámara, quedando 67 escaños a repartir entre los demás concurrentes, que los programas de la izquierda radical y las opciones republicanas atraían a pocos votantes, que las vanguardias comunistas y revolucionarias eran destacamentos alejados de la mayor parte de la población asalariada, que mostró su moderación y su pragmatismo dando su voto a los partidos con más posibilidades de utilizarlo dentro del sistema (voto útil), que la abstención del 21% no podía considerarse normal, dada la coyuntura, y que en Cataluña y el País Vasco las cosas eran diferentes.

La victoria electoral de UCD significaba que la reforma del Régimen salía adelante con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha, incluyendo las nacionalistas, y de los dos grandes partidos de la izquierda (los únicos legalizados). Circunstancia que revelaba una reforma acordada más que una “ruptura pactada”.

En segundo lugar, la reforma estaba siendo dirigida por el mismo equipo de personas que había sustituido al Gobierno de Arias. Y en tercer lugar, que no se habían celebrado elecciones constituyentes, como se dijo después, sino que la primera y decisiva parte de la reforma, legitimada por el referéndum de diciembre de 1976 y por las elecciones de junio de 1977, se había realizado manteniendo el funcionamiento ordinario de los aparatos fundamentales del Estado franquista, tanto centrales, como provinciales y locales, y bajo la cobertura legal de la Xª Legislatura de las Cortes de la dictadura, inaugurada, por Franco el 18 de noviembre de 1971, y clausurada el 30 de junio de 1977. De la ley a la ley, como habían recalcado los transformistas del Régimen.

La victoria de UCD sin mayoría absoluta en las elecciones de 1977 y el agravamiento de la crisis económica, aconsejaron al Gobierno negociar con los partidos de la oposición y abrir una etapa de acuerdos que se concretó en el Pacto de la Moncloa, primero, y después en la elaboración de la Constitución. De este modo, las elecciones generales de 1977 devinieron constituyentes sin haber sido convocadas para tal fin.

Hace 40 años, sin nostalgia