Esta semana conmemoramos los 35 años de la aprobación de la Constitución Española, uno de los finales del proceso de transición desde la dictadura franquista, ya que la culminación de este proceso se produjo en la noche del 23 de febrero de 1981 con la derrota por parte de los demócratas de aquellos que intentaron hacer que este país volviera a los años del franquismo. Sin embargo, ¿hay que cambiar la Constitución? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, ¿cómo hay que modificarla, sólo retocándola en algunos aspectos que llevaría a su aprobación por parte del Parlamento o iniciando un proceso constituyente, lo que obligaría a la clase política y al Jefe de Estado a someter dichos cambios al dictamen del pueblo español por medio de un referéndum?
El gobierno autoritario y cuasi dictatorial del Partido Popular y su ataque frontal al pueblo español con la derogación de facto, que no legal, de muchos de los derechos y libertades que la Constitución otorga al pueblo soberano hace que la reforma de nuestra Carta Magna sea casi una obligación. Lo estamos viendo en los muchos debates abiertos que, casualmente, coinciden con los puntos en los que el PP está atacando a los españoles.
Es un hecho que la Constitución se ha quedado obsoleta. Nació en una situación sociopolítica muy diferente, donde el diálogo era uno de los puntales sobre los que se asentaba la política. El consenso entre las diferentes ideologías y los distintos modos de ver la realidad hizo que naciera el texto constitucional. Todos defendieron y cedieron, pero dialogaron de un modo democrático. Tal vez influyera las ganas de asentar la democracia después de los 40 años de dictadura del general genocida. Tal vez influyera que los políticos de aquellos días de finales de la década de los 70 lo fueran con P mayúscula. Tal vez era un tiempo en que no se quería volver a los errores del franquismo como parece que se quiere regresar actualmente.
El momento histórico, el miedo a los militares y al búnker, hizo que en muchos aspectos la Constitución se quedara corta en algunos aspectos, como la política territorial al no dar el paso definitivo hacia un modelo federal que descentralizara el Estado y se quedara en el punto medio que fue el Estado Autonómico para, de este modo, no levantar ampollas en los cuarteles por el tan manido tema de la unidad de la patria. Otro aspecto fue la laicidad del Estado, quedándose en la aconfesionalidad del mismo, todo por miedo a las reacciones de la Iglesia. Otro aspecto fue la Jefatura del Estado, ya que nadie se atrevió a plantear la consulta sobre monarquía o república, ya que había riesgo de levantamiento militar si se tocaba ese tema y se quitaba de en medio al heredero de Franco. Y así en otros muchos aspectos.
Han pasado 35 años desde su aprobación. Este país ha madurado lo suficiente como para tener la capacidad de legislar y de otorgarnos una nueva Constitución que dé respuesta a los problemas reales de ahora. La Carta Magna del 78 se ciñó a las necesidades sociales y políticas de la Transición pero se está demostrando día a día y, sobre todo, desde que el Partido Popular gobierna con tics dictatoriales, que no cubre las necesidades de protección de derechos y libertades de los ciudadanos del siglo XXI.
En primer lugar, el inicio de un proceso constituyente debe estar basado en la aceptación de que los ciudadanos están siendo atacados desde el Poder Ejecutivo con la derogación encubierta de derechos como la educación o la sanidad y con la expropiación de las libertades civiles (expresión, reunión, manifestación).
En segundo lugar, la reforma constitucional debe ir encaminada hacia la protección de los ciudadanos frente a las tentaciones autoritarias, sobre todo desde que las tiene y las implementa la derecha heredera del franquismo. Sin embargo, ese no es el camino que se seguiría. El Partido Popular, ese partido heredero del franquismo y al que le sale urticaria ante cualquier atisbo de verdadera democracia, lo impediría porque el régimen democrático les repugna, aunque quieran dar la imagen de que son demócratas. Lo están demostrando con el gobierno de Mariano Rajoy.
La protección de los derechos de los ciudadanos en una nueva constitución debe ir orientada hacia el blindaje que no el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. El Estado debe blindar el derecho a la vivienda digna de todos los españoles buscando nuevos caminos en el caso de que una situación económica adversa y sobrevenida haga que cualquier español sea expulsado de su hogar; el derecho a una sanidad pública, universal y gratuita con una gestión 100% pública y con la imposibilidad de cualquier Poder Ejecutivo de privatizarla o de externalizar sus servicios; el derecho a una educación pública de calidad sin interferencias de sectores o instituciones que utilicen la educación para el adoctrinamiento y donde se garantice la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de la situación económica tanto del estudiante como de la macroeconomía; el derecho al trabajo, garantizando por parte del Estado de las herramientas necesarias para que el empleo sea de calidad y tenga un salario digno protegiendo al trabajador de los abusos del empresario y no fomentándolos, como ocurre actualmente con la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y de la ministra de Destrucción de Empleo Fátima Báñez; el derecho a una justicia igualitaria a la que puedan acceder todos los ciudadanos sin tener en cuenta sus rentas.
Lo mismo ocurre con las libertades. Una Constitución verdaderamente democrática no permitiría que se pusiera sobre la mesa un Proyecto de Ley como el presentado por el ministro/comisario de la DGS Fernández Díaz donde se criminaliza cualquier tipo de protesta por parte del pueblo ante los atropellos y barrabasadas que este gobierno está haciendo. Una Constitución verdaderamente democrática no permitiría que el Poder Ejecutivo se cuestionase la revisión del derecho a la huelga de los trabajadores, tal y como planteó el propio Mariano Rajoy. Si los trabajadores hacen huelga es porque son los que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica generada por los defendidos del Partido Popular. Si los trabajadores incumplen en algunos casos los servicios mínimos es porque desde las instituciones públicas, sobre todo las gobernadas por el PP, quieren imponer porcentajes de servicios mínimos que son abusivos, como, por ejemplo un 40% en las huelgas de RENFE o en la huelga de los barrenderos de Madrid.
El proceso constituyente debe orientarse a proteger la igualdad de los españoles en el sistema electoral, dando el mismo valor al voto de un ciudadano que viva en Catalunya o en Euskadi que el que viva en Soria o Santander. De igual modo debe proteger a los ciudadanos de la presentación de programas electorales falsos que hagan llegar al poder a partidos que prometan y hagan lo contrario de lo que prometieron, lo cual es una estafa para el pueblo.
Referido a la orientación religiosa del Estado, la reforma de la Constitución de 1978 debe imperar la laicidad del Estado y la libertad religiosa, dando igualdad a todas y cada una de las confesiones que operen en este país. No es democrático que una institución como la Iglesia Católica esté en superioridad de condiciones frente al resto, por mucho que la gran mayoría de la población profese dicha confesión o que tenga acuerdos diplomáticos que ponderen dicha superioridad. La democracia es igualdad, y esa igualdad también está referida al apartado religioso.
Finalmente, es el momento de que los ciudadanos españoles elijan el modelo de Estado. En 1978 no se cuestionó la forma monárquica, modelo que fue impuesto por Franco, no olvidemos esto. El pueblo español ya tiene la suficiente madurez como para poder otorgarse el modelo de Estado que quiere: si quiere un modelo republicano donde se elija al Jefe de Estado por medios democráticos o seguir manteniendo el modelo monárquico que es antitético al espíritu de cualquier democracia.
Es la hora de la consulta, es la hora de abrir un proceso constituyente serio y profundo que adapte nuestra norma fundamental a la realidad que vivimos ahora. Mantener un segundo más la Constitución de 1978 es seguir viviendo en un mundo que ya pasó e impedir que se avance hacia el futuro y negar el refuerzo de la democracia.