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viernes. 01.07.2022

Insólita crisis carcelaria en Argentina

En plena pandemia hay una liberación masiva de presos, entre ellos peligrosos criminales

Un masivo cacerolazo este jueves en distintas ciudades argentinas expresó el rechazo a la liberación de miles de presos de todo el país, que están recuperando su libertad con la excusa de la propagación del coronavirus. Este cacerolazo ha sido el que más seguimiento tuvo este tipo de protesta en los últimos años. Y, por la distribución por barrios que se pudo observar en Buenos Aires, el reclamo no solo se dio entre las zonas de clase media, donde hay mayoría de votantes de la oposición;  también fue importante en sectores que votan mayoritariamente al peronismo.

Un fallo de la Cámara de Casación está propiciando esta liberación masiva que está volcando a la calle a peligrosos delincuentes. Un solo juez, Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, ordenó el arresto domiciliario de todos los presos con riesgo de contagio por coronavirus. Teóricamente serían internos con prisión preventiva y con acusaciones de delitos menores. Pero Julia Márquez, jueza de ejecución penal de Quilmes, una localidad del conurbano bonaerense, dijo este viernes a Radio Mitre que, desde el comienzo de la cuarentena decretada por el gobierno, el pasado 19 de marzo, fueron liberados 176 violadores. Y que, en un solo día, se habían concedido la misma cantidad de excarcelaciones que en todo un año. También hay presos liberados con delitos tales como secuestros, robos con armas de fuego, tráfico de drogas, corrupción de menores y violencia de género.

Uno de los casos que causó más indignación en las últimas horas es el de un ex militar de 69 años, Eugenio Llul, condenado por violar durante cuatro años a su nieta. Un juez lo mandó a su casa, y ni siquiera ordenó que llevara tobillera electrónica. El magistrado alegó que su decisión era justa y que tenía la conciencia tranquila.

La crisis carcelaria se desató con el reciente motín en la cárcel de Villa Devoto, situada en el barrio de la capital argentina del mismo nombre, en el que los presos exigían la prisión domiciliaria, aunque en dicho presidio todavía no había ningún caso de Covid-19. No solo eso, reclamaban indultos y conmutación de penas. Pero lo sorprendente es que se entabló una negociación formal, en la que participaron jueces y funcionarios. Enfrente, entre los presos, estaba un condenado por cuatro homicidios. A pesar de que el motín provocó heridas a 11 funcionarios de prisiones, no se tomó ninguna medida contra los amotinados.

La cuestión causa polémica incluso en el interior del propio gobierno y, una vez más, obligó al presidente, Alberto Fernández, a hacer equilibrios. Entre sus convicciones y sus compromisos con su vicepresidente, Cristina Kirchner. Porque la excarcelación masiva está siendo impulsada por algunos de los funcionarios que ella impuso en la estructura del Estado, además de los jueces y fiscales que se declaran abiertamente kirchneristas y siguen las doctrinas abolicionistas (el delincuente es una víctima de la sociedad).

El presidente, Alberto Fernández, tuvo que salir al ruedo, recordó que se opone cualquier indulto y denunció una campaña mediática malintencionad

Un audio filtrado de Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria -organismo calificado por el periodista Ricardo Roa como fuerza de choque del kirchnerismo-, ratificó la intención de lograr la mayor cantidad de liberaciones posibles, explicando que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos a favor de detenidos. Y añadía: “Ante un Poder Judicial conservador, que no acepta resolver libertades, nos encontramos con la voluntad política del gobierno provincial de descomprimir el sistema penitenciario”.

El padre del abolicionismo en Argentina es el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que dejó claro cómo actuaba en su época de juez en materia penal. En una vieja entrevista (2003) en la revista Rolling Stone declaró: “Abrís un expediente y decís: a ver cómo lo zafo a éste. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: a ver cómo lo hago para que la lleve más aliviada. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el peronista Sergio Massa, anunció la posibilidad de iniciar juicio político a los jueces que están liberando presos de manera irresponsable e indiscriminada. Recordó la reciente Ley de la Víctima, que obliga a que antes de liberar anticipadamente a cualquier delincuente el juez tiene que escuchar a las víctimas. Massa estuvo mucho tiempo alejado del kirchnerismo -fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner- y su perfil político siempre estuvo ligado a la seguridad.

El presidente, Alberto Fernández, tuvo que salir al ruedo, recordó que se opone cualquier indulto y denunció una campaña mediática malintencionada. Pero lo compensó diciendo: “La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación pueden darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo”. Y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó atender la situación en las prisiones ante el avance del coronavirus. 

Dentro del oficialismo, sin embargo, hay posiciones contrarias y muy firmes. “Si dependiera de mí no salía ninguno”, dijo el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que también resaltó que el control con tobilleras “es un verso (un cuento)”, porque, entre otras cosas, no hay suficientes dispositivos.

“Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”, dijo un comunicado de uno de los partidos de la oposición, la Unión Cívica Radical(UCR). En la plataforma change.org, una iniciativa para que el Poder Judicial desista de estas medidas, recogió en solo unas horas la adhesión de 470.000 personas.

Quizá la solución para el problema carcelario y el coronavirus lo dio una referente de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, cuando se manifestó en contra de la liberación de un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Carlos Capdevila:“Que les den lavandina (lejía) y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”.

La movida, en realidad, había comenzado antes, con la liberación del ex vicepresidente, Amado Boudou, condenado en firme por corrupción. Un juez le había denegado la prisión domiciliaria, pedida por su abogado, alegando el peligro del coronavirus. Entendió que no integraba ningún grupo de riesgo. Pero el mismo  juez, al poco tiempo, y sin dar argumentos, se desdijo. Para ello interrumpió la feria judicial, pero inmediatamente después se apeló a esa misma feria para impedir que el fiscal apelara su fallo.

Boudou era uno de los últimos presos por corrupción del gobierno de Cristina que todavía estaban en la cárcel. Desde las elecciones de octubre del año pasado, casi todos los ex funcionarios condenados fueron abandonando la prisión. Solo quedaban el ex vicepresidente y el ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, que fue el primer condenado por corrupción y que admitió haber recibido sobornos. Pues bien, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió oficialmente la liberación de Jaime, así como la del hijo del empresario Lázaro Báez, socio y testaferro de los Kirchner, que está en el centro de todo el esquema de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. La petición fue denegada, pero quedó en claro que había actuado por su cuenta, sin el aval de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, de quien depende, alegando que su jefa política es Cristina Kirchner.

Insólita crisis carcelaria en Argentina