Lo peor de las crisis de caballo que vivimos es la obsesión de los gobernantes por aplicar “reformas” que consigan “resultados”, lo cual les conduce a un empeño constante por dar palos de ciego. Cada día sacamos a pasear una procesión y si, por un casual llueve, es gracias a la imagen que llevamos en andas y si no llueve es por falta de fe en la susodicha.
Acostumbrados a este proceder endémico, nos hemos convertido en expertos en intuir cuándo sacar la imaginería, antes incluso de que los hombres del tiempo anuncien lluvia. Así siempre podemos seguir fomentando la fe en los milagros.
Ese loco empeño produce efectos demoledores sobre las políticas. Por ejemplo, es evidente que la formación no crea empleo, aunque hace más fácil conseguirlo. Tampoco mejora la calidad del empleo por si misma, ni los procesos productivos.
Perseguir resultados inmediatos de la formación es querer ver un árbol crecido inmediatamente después de haber plantado la semilla, lo cual es imposible. Y, sin embargo, eso es lo que se hace sin descanso.
Las políticas indiscriminadas de ajuste han llevado a reformas educativas sin consensos, a contratos de aprendizaje sin garantías, a alimentar el mito de una formación dual, más virtual que real. Y todo ello en aras de adaptar la formación a las necesidades de las empresas, aún a sabiendas de que esas empresas sufren destruyendo empleo y, el que crean. es temporal y de baja cualificación.
Los datos oficiales son demoledores. El SEPE (antiguo INEM), nos dice que las ocupaciones más ofertadas por los empresarios son para contratar trabajadores de transporte de mercancías, descargadores, administrativos, animadores de tiempo libre, promotores de ventas….
El empresariado parece bastante menos interesado en la cualificación de sus trabajadores, que en su disponibilidad horaria, su flexibilidad, su “compromiso” con la empresa. Les preocupa más, a nuestros empresarios, la actitud, que la aptitud.
Pero la paradoja es que el empresario, el emprendedor, la empresa, se han convertido en el centro de las políticas. Da igual qué tipo de empresa, su compromiso con la sociedad, su carácter productivo o especulativo. Poner jóvenes al servicio y libre disposición de la empresa, es la última moda y lo más innovador. De ahí que la educación y la formación, un derecho constitucional, haya dejado de ser un bien público, para ponerse a disposición de los intereses económicos privados.
En buena lógica es el nivel de formación de la población, en relación con las características del tejido productivo y empresarial que tenemos, el que determina las necesidades formativas reales y no al contrario. Por eso, la política de formación debería combinarse con las estrategias de desarrollo a medio plazo que deben incorporar actividades productivas e industriales, que generen empleo, que apuesten por inversiones en infraestructuras públicas, que incorporen elementos de protección social, que fortalezcan la negociación colectiva y la capacidad de acuerdo entre empresa y los trabajadores organizados en sindicatos..
Una realidad de nuestra formación es que seguimos teniendo un 45% de la población entre 25 y 64 años con un nivel educativo de primera etapa formativa o inferior, el más alto de Europa, después de Portugal.
Pese a ello los recortes se han llevado por delante 7.984 millones de euros de presupuesto educativo y la Formación para el Empleo se ha visto recortada en 800 millones. Queda en muy poco el compromiso teórico de mejorar el nivel educativo general, la recualificación de las personas en desempleo, la adaptación de las personas que trabajan. Y, sin embargo, combatir el abandono escolar y elevar los niveles medios de cualificación debería aglutinar los esfuerzos prioritarios de la administración educativa.
La reducción de los recursos contrasta con el incremento de la demanda. Así, la matrícula de los ciclos de FP del sistema educativo se ha incrementado en los peores años de la crisis, entre 2009 y 2012 en un 15 por ciento en los ciclos de Grado Medio y en un 24 por ciento en los Ciclos de Grado Superior. Por su parte, la Formación de Adultos para preparar acceso a la FP ha incrementado su matrícula en un 24 por ciento.
Las verdaderas reformas que habría que abordar, en estos momentos, pasarían por revertir las reformas estructurales en aquellos aspectos que ponen en cuestión y debilitan la equidad y la calidad e la educación. La Reforma Educativa del ministro Wert, la reforma del contrato de aprendizaje, el desastroso diseño de la formación dual, son elementos sobre los que habría que actuar de inmediato. Sería urgente regular de forma clara, en al marco del diálogo social, el Estatuto de Aprendiz y del Practicando, para evitar una abusiva explotación laboral de los jóvenes, cada vez más extendida.
Se encuentra pendiente la negociación de un III Programa Nacional de Formación Profesional, que debería constituir la oportunidad para establecer un Pacto por la FP, simplificando el diseño de instituciones que actúan y coordinando mejor la oferta formativa, evitando duplicidades. Conviritiendo la Negociación Colectiva en un elemento vertebrador de todas las actividades formativas en los centros de trabajo. Facilitando la mejora de la formación de las personas adultas, desde los distintos ámbitos, haciendo posible una oferta accesible y gratuita, permisos remunerados, Planes Sectoriales de cualificación, reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia profesional. Todo un abanico de posibilidades que permitiría enriquecer las relaciones laborales y crear un clima de trabajo que ponga en valor la Formación Profesional en el ámbito de las empresas y los sectores productivos.
En cuanto al panorama de la Formación para el Empleo, la que se sustenta en la cuota de formación, que pagamos empresas y trabajadores, debería seguir el modelo europeo, en el que empresarios y trabajadores tienen un papel determinante en la toma de decisiones sobre la formación de las personas ocupadas. Sin embargo, durante los dos últimos años se han introducido modificaciones no negociadas por el Gobierno, se han deteriorado los instrumentos de participación, se ha fomentado la presencia de sectores privados con intereses económicos en la formación y se han olvidado las sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la vigencia y validez del modelo.
Por eso creemos llegado el momento de aprovechar la negociación de los V Acuerdos de Formación Profesional para el empleo, para definir las competencias de cada Administración; desarrollar el derecho individual a la formación; crear sistemas integrados de información y orientación laboral, así como de registro de entidades formativas; redefinir la arquitectura institucional del sistema y el papel que debe jugar en el futuro el Consejo General de la Formación Profesional, la Comisión Estatal de Formación para el Empleo y la propia Fundación Tripartita de Formación para el Empleo; incrementar el papel de los centros públicos en la formación de trabajadores y trabajadoras; evaluando de forma permanente para reforzar la eficacia y eficiencia de la formación.
La obsesión por las reformas, también en materia educativa, no puede conducir al país a un destrozo de lo construido con largo e intenso esfuerzo, sino a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. De otra parte, esos cambios no pueden producirse desde una genérica primacía de la empresa, sino desde el derecho individual de las personas a la formación y desde la necesidad de dotarse de estrategias productivas en el medio plazo, que permitan determinar la formación y las adaptaciones de cualificación que vamos a necesitar en el país.
Los recursos son siempre escasos, pero si los utilizamos bien podemos, incluso en tiempos de crisis, hacer que la formación constituya la base sólida para superar la crisis y afrontar un futuro económico y social sólido y sostenible.