El descrédito de la política ante la sociedad se debe no al demérito que el ejercicio de la misma política pudiera expectorar, sino por todo lo contrario, por su abolición, por llamar política a lo que se hace tomando su nombre en vano. “Nos plazca o nos disguste, decía Ortega y Gasset, no existe en nuestro país otro órgano de socialización fuera de la política. En Francia tienen los valores literarios una eficacia social tan grande como los políticos. Cosa análoga ocurre en Alemania con la ciencia y la industria, en Inglaterra con el comercio y la técnica. En España, por el contrario, son los políticos los únicos valores dotados de plena energía social.”
El Estado-empresa, que abomina de la política, deroga todo cuánto no es el beneficio económico de las élites y minorías organizadas, reduciendo a costes de producción, y por tanto elementos que hay que aminorar o simplemente extinguir, los derechos laborales y cívicos junto a las instituciones y las organizaciones que garantizan esos derechos. La lógica del sistema traslada el concepto de ciudadanía, y todas las prerrogativas que conlleva, y a la misma democracia, a una simple cuestión de recursos. El trabajador queda reducido al papel de máquina-herramienta cuyo valor hay que reducir para la pertinente acumulación de capital hasta la mera subsistencia. Todo ello es consecuencia de una cultura débil que produce la cosificación conceptual del individuo para convertirlo en simple mercancía.
Yerra el que piensa, por ejemplo, que la banca se dedica al clásico negocio de dar préstamos y cobrar gabelas. Basta con ver la publicidad de las entidades financieras donde ofrecen seguridad, tranquilidad, libertad, salud, educación, pensiones, es decir, todo menos préstamos. En realidad han convertido en productos lo que el Estado no privatizado tenía obligación de facilitar a la ciudadanía y que paulatinamente deja de ofrecer porque los recursos destinados a tales fines los ha tenido que emplear en un sistema financiero cuyo negocio prioritario ya no es prestar dinero por un interés sino sustituir al Estado cobrando por ello.
Las relaciones sociales han perdido su carácter directo y humano, manejadas por el espíritu de instrumentalidad y manipulación propio de las leyes del mercado, algo que contribuye igualmente al sentimiento de impotencia y aislamiento del individuo. Cada actor en el sistema neoliberal es un medio para un fin, por lo que la indiferencia reina en las relaciones entre ellos; la relación respecto al trabajo es asimismo mecánica, el interés en lo que se produce es secundario y la producción es solo un medio para obtener un beneficio.
Los destrozos generados por las políticas neoliberales y los dueños de las finanzas pueden ser irreparables para el Estado democrático, singularmente en el caso español, donde el miedo y los instrumentos del miedo han separado a la sociedad de las condiciones reales de las cuales surgió mediante la simple fantasmagoría de sumergir la realidad de España como país en un continuo proceso de reemplazo hasta llegar a la suplantación. Los políticos de la derecha, jaleados por vendedores de ideas neocons, están poniendo el Estado al servicio de sus amigos, de banqueros y especuladores. Esta reprivatización de lo público a favor de los poderes económicos organizados, supone desactivar el conocimiento racional de los hechos y el respeto a una cultura de participación ciudadana para utilizar la democracia nominal como una herramienta para mantener sus intereses. Con sus actuaciones, esos gobernantes han quebrantado una parte sustancial de la tradición democrática, aquella que siempre puso el Estado al servicio de los ciudadanos y no en manos sólo de los dueños del capital.
Si la nación sólo es el beneficio de esas empresas que vertebran al país, el Estado no puede ser sino un artefacto costoso e inútil, improductivo, parasitario que ha ido creciendo como un quiste purulento. El único Estado sostenible es el que preserva el poder económico y financiero, un Estado mínimo que mantiene el orden plutocrático en el vértice obsceno de la desigualdad. Seremos trabajadores, consumidores, desempleados o excluidos pero no ciudadanos, porque como afirma Philip Pettit, la ciudadanía como fuente de poder, exige la igualdad civil de todos sus miembros.