miércoles 20/1/21

¡Y prósperos Presupuestos Generales del Estado 2021!

Ayer, 22 de diciembre, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE-2021) quedaron definitivamente aprobados por el Senado (145 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones) que, al no introducir ningún cambio en el texto, hacen innecesaria su devolución al Congreso y entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Antes, a principios de diciembre ya habían sido aprobados en el Congreso por una cómoda mayoría de 188 votos, cuando bastaba con la mayoría absoluta de 176 diputados y diputadas.

La satisfacción del Gobierno de coalición progresista por esa aprobación es lógica. Tan lógica como la que expresan las organizaciones progresistas y de izquierdas que han contribuido a aprobarlos, pese a que no se hayan recogido sus enmiendas parciales. Queda así despejado el camino de las políticas y la financiación que en 2021 impulsarán la protección social y la modernización productiva que requieren la sociedad y la economía española. Pero esa mayoría parlamentaria no es un bloque político con un programa y objetivos comunes ni los PGE-2021 conforman, pese a suponer un primer paso imprescindible, un proyecto del cambio estructural necesario.  

La aprobación de los Presupuestos para 2021 supone también un duro varapalo para la campaña de desestabilización política e ingobernabilidad llevada a cabo por las derechas en el año en el que el país, su sistema sanitario y el conjunto de la sociedad española se han visto desbordados por una crisis multidimensional extremadamente grave, la más grave desde la Transición. El PP, que se había embarcado de la mano de Vox en una guerra relámpago con el objetivo de dividir y echar al Gobierno de coalición progresista, tendrá que acomodarse a partir de ahora a un conflicto político de mayor duración (los tres años que restan de legislatura). Aunque hay que esperar al resultado político de las elecciones catalanas de 14 de febrero para certificar esa derrota o, por el contrario, para que el conflicto resurja renovado de sus cenizas.

La aprobación de los PGE-2021, por muy decisiva que sea, es solo el primer paso en el fortalecimiento de la estabilidad política y la mejora de la convivencia social

Las complejas tareas de recuperación económica con modernización productiva y cambio estructural aún no han comenzado. En el terreno económico, lo que se ha hecho hasta ahora, por la vía de un incremento sin precedentes del déficit y la deuda del Estado ha sido sostener los empleos, rentas y tejido empresarial duramente golpeados por la crisis con un claro objetivo: que la dura recesión económica no diera lugar a una destructiva depresión económica. A ese objetivo se han sacrificado las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas en 2010 y las estrictas reglas presupuestarias comunitarias que pretendían equilibrar a cualquier coste las cuentas públicas de los Estados miembros de la UE (máximos del 3% del PIB en el déficit nominal, 0,5% en el déficit estructural y 60% en la deuda pública). Los enormes déficits y deudas del Estado, que han resultado de las políticas de sostén de la actividad económica en 2020, han sido el mal menor necesario que ha evitado el mal mayor de una depresión económica con una gran capacidad destructiva económica y social que habría terminado amenazando la mera supervivencia del euro, el mercado único y el proyecto de unidad europea. 

En el nuevo año 2021 comienza una etapa muy diferente a la búsqueda de una modernización económica sostenida en cambios estructurales orientados a unas transiciones digital y verde financiadas en una primera etapa mediante deuda comunitaria. En lugar de minimizar la destrucción económica causada por la pandemia, la nueva tarea se centra en impulsar la modernización de estructuras y especializaciones productivas; en lugar de endeudamiento de cada Estado miembro por separado (gracias al sostén de las políticas de expansión monetaria del BCE), deuda comunitaria para financiar los proyectos de inversión modernizadora; y en lugar de reglas y ajustes presupuestarios estrictos, expansión del gasto y la inversión comunitarios. Hasta que la reactivación económica esté encarrilada, al menos; después, ya veremos si hay profundización o reversión de esas políticas comunitarias de expansión monetaria y presupuestaria. Pero no adelantemos una controversia política ni, menos aún, un resultado incierto de una pugna entre las fuerzas partidarias de recuperar la austeridad presupuestaria (que han dado un paso al lado, pero no han sido derrotadas), y las que consideran imprescindible impulsar cambios estructurales que cuenten de forma duradera con la financiación comunitaria y la conducción del sector público.

La aprobación de los PGE-2021 es fruto de un amplio acuerdo parlamentario con mucho de coyuntural y un carácter utilitarista. Un heterogéneo conjunto de 12 fuerzas políticas con intereses y objetivos diferentes han coincidido en la conveniencia de contar el año que viene con unos presupuestos públicos en los que se incardinan los fondos europeos de recuperación económica que permitirán un mayor esfuerzo de protección social, junto a un igual de necesario conjunto articulado de proyectos de inversión que promuevan la modernización a largo plazo de la economía española.

La mayor protección social o los gastos orientados a mejorar la educación o la sanidad públicas son necesarios, pero no aseguran por si solos la modernización de las especializaciones productivas ni pueden sostenerse indefinidamente en un endeudamiento creciente, nacional o comunitaria. Sólo un cambio de estructuras productivas que permita un cambio del modelo de crecimiento y productivo permitirá garantizar un crecimiento de la productividad global de los factores (trabajo, capital y energía) y una mejora de gama de la oferta productiva que multipliquen los buenos empleos y consoliden el bienestar y la cohesión social. La tarea a emprender en 2021 es la gestión de un proyecto de país que haga compatible la superación de la recesión económica con una transición verde y digital, modernización productiva a largo plazo y un reparto equitativo de los costes que ocasione, la financiación que requiere y los mayores niveles de renta que genere.

Los partidos que se han opuesto a los PGE-2021 son también muchos (9 fuerzas políticas) y combinan derechas españolas y regionalistas con JxCat, CUP y BNG, con un grado de heterogeneidad similar al de los partidos que los han aprobado, aunque su objetivo es menos complicado, ya que no tienen nada que construir y su oposición es, en buena parte, discursiva o testimonial. Las derechas españolas y JxCat siguen apostando por la erosión de la coalición PSOE-UP, al menos hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas del 14 de febrero en Catalunya. La CUP, por su parte, continúa primando la alianza con los sectores del movimiento independentista catalán que apuestan por una nueva e inmediata declaración unilateral de independencia. Y en el caso del rechazo del BNG, parecen haber pesado más los costes de desdibujamiento de su papel de oposición frente a la Xunta y de su perfil nacionalista de izquierdas ante su electorado que podrían haber ocasionado regalar un sí que no era necesario para la aprobación de los PGE-2021.

La aprobación de los PGE-2021, por muy decisiva que sea, es solo el primer paso en el fortalecimiento de la estabilidad política, la mejora de la convivencia social y entre las diferentes identidades nacionales y regionales de la España real y una mayor protección social que garantice los niveles de igualdad y cohesión social reclamados por la ciudadanía y que dependen del éxito de esa modernización económica que aún no ha comenzado ni cuenta todavía con un programa hecho de selección, control y gestión de las inversiones a emprender.

Se está dejando demasiado tiempo y mucho espacio para maniobras de intensificación de las presiones por el reparto de los fondos europeos, tanto por parte de los diferentes grupos de poder económico como de los diferentes niveles de las Administraciones Públicas. Presiones que pueden acabar en proyectos de inversión mal diseñados y con escasas capacidades tractoras sobre el cambio modernizador o que no cumplan con el carácter estructurador de los cambios sobre el conjunto de la economía española, al ser monopolizados por los grandes grupos empresariales o sectores económicos con mayor capacidad de presión. Este es el principal riesgo y el reto más importante del proyecto modernizador pendiente y que está relacionado con las capacidades administrativas y políticas del Gobierno progresista para no ser capturado por las elites económicas ni subordinarse a una gestión en la que predominen los mecanismos de mercado en la asignación de los recursos y la gestión de unos proyectos de inversión en los que acaben primando los intereses privados sobre los públicos.

Sin olvidar que todo sigue estando supeditado a la consecución de un control suficiente de la pandemia o, lo que es lo mismo, a la eficacia de la vacunación que comenzará en breve y a que se dote al sistema sanitario público de suficientes recursos, medios y profesionales para que las únicas herramientas eficaces frente a los contagios no sigan siendo, como hasta ahora, los confinamientos y las periódicas restricciones a la movilidad. 

¡Y prósperos Presupuestos Generales del Estado 2021!