miércoles 11.12.2019

La ministra Celaá, ante la privatización y la confesionalidad del sistema educativo

La ministra Isabel Celaá tenía razón, cuando -hace unos días- en un evento de escuelas católicas, dijo que la Constitución no avala la libre elección de centros privados financiados con fondos públicos. Pero, sin embargo, la realidad y las políticas educativas llevadas a cabo, ya desde los años ochenta, por los diversos gobiernos estatal y territoriales en el ámbito de sus plenas competencias… son otras y… a la vista de la inmensa mayoría de los programas y compromisos electorales actuales, no se observa, por ahora, que vaya a haber cambios sustanciales en los procesos de privatización galopante del Sistema Educativo… desde la educación infantil 0-3… hasta la Universidad.

-¡NO sufran, ni se alteren… los sectores católicos y los partidos y coaliciones políticas que les apoyan!: Atado y bien atado está el Sistema, por ahora.

Cuando la LOE (2006) del PSOE, transformada en LOMCE (2013) por el PP, tras varios devaneos en leyes anteriores, establece (en el artículo 108.4) que “La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados”. Por fin… la histórica demanda de los Obispos y de la patronal católica se hacía realidad, aunque en anteriores leyes ya figurara de una forma menos nítida y expresa.

Cuando la muy experimentada Ministra de Educación y FP, en la inauguración del “XV Congreso de Escuelas Católicas”, afirmó que "De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos de elegir centro formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución", tenía razón.

La Ministra  -de forma quizá inoportuna, en mi opinión (deliberadamente o no)- lo que hacía era constatar diversidad de sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional que en 1983 y 1984 y del Tribunal Constitucional, en 1985 que expresaban -de forma muy rotunda y exquisitamente argumentada- que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución: “El Estado no está obligado a financiar la Enseñanza no estatal”. La Audiencia Nacional consideró que –“el derecho constitucional a la libertad de enseñanza y a la libre elección de centro docente no comporta una correlativa obligación estatal de financiar centros privados”.  La sala lo razona con estos contundentes argumentos: “la protección de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos no da derecho a éstos para reclamar -subvenciones o prestaciones del Estado- para que garantice y haga efectivos tales derechos y libertades”. -"El derecho constitucional a la libertad de enseñanza y a la libre elección de centro docente no comporta una correlativa obligación estatal de financiar centros privados".

Para mayor abundancia en la materia: Se pronunciaría el Tribunal Constitucional  ante una demanda formulada por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y de la Federación de Sindicatos Independientes del Estado Español.

Así en la Sentencia núm. 86/1985 del Tribunal Constitucional, la sala segunda el 10 de julio lo deja muy claro: “El derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales”.

Todas estas sentencias y pronunciamientos no se han tenido en cuenta por los diferentes gobiernos de un lado y otro del tablero ideológico, tanto a nivel estatal, como territorial, en ese afán privatizador y de contentar a la jerarquía católica, siempre en detrimento de la Enseñanza pública.

Sin embargo, la ministra Celaá en ese alegato (en mi opinión) en un momento inadecuado y en un lugar tan impropio, no dijo lo más importante, como es que los centros de ideario católico financiados con fondos públicos son dogmáticos y segregan social, ideológicamente e -incluso- en algunos de ellos, por sexo y diversidad sexual, contraviniendo, con ello, las leyes educativas, la Constitución y la DUDH.

Lo cierto fue que, ante la polvareda social, mediática y política que se generó…  en menos de 24 horas rectificó, tratando de “tranquilizar” a las patronales de los centros católicos financiados con fondos públicos, al profesorado de estos centros, a los sindicatos que apoyan este tipo de enseñanza y a las familias, incluso a organizaciones ultra católicas, como  la Asociación Católica de Propagandistas, entre otras.

La ministra interina Celaá, con su alegato en ese congreso católico:¿realmente, sembró temor entre los asistentes? No creo.  Eso sí, generó fervientes apologías religiosas y políticas para aprovechar la coyuntura del frágil preacuerdo para una hipotética coalición gubernamental progresista que se acababa de producir.

¿Fue un desliz? ¿Lo hizo a conciencia?… -“Acción – reacción”… tan utilizado, deliberadamente, en estrategias políticas. Quiero pensar que fue un desliz, por ello matizó horas después. O no, quién sabe.

La ministra Celaá rectificó a las pocas horas, pero no ha hecho ninguna mención expresa al compromiso parlamentario de denunciar y derogar los Acuerdos concordatarios de 1979, apoyado por el PSOE y las fuerzas progresistas en febrero de 2018… los que estos días están negociando la posibilidad de un Gobierno tras el 10N. Aunque en estos Acuerdos no figura nada que tenga que ver con la obligación del Estado de financiar los centros de ideario católico.

Un gran negocio ideológico y mercantil amparado y promovido por el Estado.

La ambigüedad premeditada de los artículos 27 y 16 de la Constitución han dado lugar a interpretaciones muy diversas, siempre a favor de la privatización y de la confesionalidad del Sistema educativo, pero han sido diversidad de decisiones políticas estatales y territoriales las que agravado la situación, se ha unido a ello, últimamente, el Tratado de Lisboa (2007) que ahonda en la privatización y mercantilización de los sistemas públicos de Enseñanza.

Los centros privados de ideario católico (la inmensa mayoría financiados con fondos públicos) transmiten su ideario doctrinal y trasladan, con frecuencia, al alumnado mensajes falsos sobre la libertad de conciencia o leyes civiles que son aprobadas por la soberanía popular.  Generalmente sobre cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la igualdad de sexo, los modelos de familia, el derecho a la libertad sexual de las personas, etc. etc.

También lo hacen sus “delegados diocesanos” o “guardianes de la fe”. Es decir, las personas que imparten religión en los centros de titularidad pública y privada concertada, designados por los obispados, cuyo salario paga el Estado y que supone más de 600 millones de euros al año.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), junto a las patronales de la Enseñanza privada católica, afirman que le ahorran dinero al Estado con sus conciertos en la Enseñanza.  Afirmación que es rotundamente falsa. Diferentes y muy rigurosos estudios demuestran que el costo de una plaza en la enseñanza pública es similar (o incluso inferior) a la de un centro privado concertado, si nos atenemos a parámetros de población, ruralidad, gestión del sistema, etc. etc.

Para financiar los centros educativos con ideario propio (católico) la cifra oficial aproximada que se gasta el Estado (central y autonómico) es de unos 5.000 millones de euros al año, a través de los módulos económicos de los conciertos educativos, financiación que viene subiendo en los últimos 10 años de forma enorme, en detrimento de la enseñanza pública, en unos territorios más que en otros. Pero si sumamos el coste para los Ayuntamientos y otras entidades públicas, a través del cheque escolar y otras diversas ayudas y exenciones, la cifra es muy superior.

Otro gran negocio de los centros católicos financiados (cien por cien) por el Estado, lo tienen con las actividades extracurriculares, con las clases complementarias, comedores, cuotas especiales, uniformes, material escolar, con la educación infantil, con una parte sustanciosa de la formación profesional, etc. con la contratación y gestión del profesorado y con la selección social del alumnado, que -muy generalizadamente- suelen hacer. Mientras el Estado… suele “mirar hacia otro lado”

Ya no digamos el negocio creciente de las Universidades católicas y entornos (que se han multiplicado en estos últimos años), además de los postgrados, masters, diplomaturas específicas, subvenciones públicas y privadas, y...  con las becas y los cheques escolares entregados a las familias. etc. También con la venta de los libros de texto y otros materiales escolares a través de sus múltiples negocios editoriales, a todo tipo de centros, tanto públicos y privados. Ocupan más 50% de mercado editorial del libro y soportes informáticos de los programas oficiales, siempre editados con su impronta ideológica.

Además de los “enredos legales” en exenciones tributaras de los que disfrutan, también a través de supuestos negocios camuflados, como Enseñanza y Fundaciones.

En suma, la ministra interina, deliberadamente o no, formó una pequeña polvareda…  que al menos sirve para que se afiance un debate público sobre una cuestión vital, como es el exigir un modelo educativo que potencie la escuela pública, única y laica, que no segregue por motivos de conciencia, de sexo y por motivos sociales

Porque, aunque haya libertad de creación de centros en el marco de la Constitución y de la Ley y que, hoy por hoy, las familias puedan elegir centros públicos o privados para sus hijos e hijas, el Estado NO está obligado a financiar la enseñanza privada y mucho menos la dogmática de cualquier ideario sea religioso o no. Y en cuanto al papel de las familias, habría que tener muy en cuenta los derechos de la Infancia, es decir el derechos de los menores  a preservar sus libertad de conciencia. Y en esta cuestión, el Estado español sigue mirando hacia “otro lado”, cuando en cierto tipo de escuelas se permite el adoctrinamiento de menores.

Un posible Acuerdo sobre Enseñanza debería de partir de la base (en los aspectos ideológicos) de estas dos premisas. Primero: Denuncia y derogación de los ancestrales acuerdos concordatarios de 1979 y, segundo, la NO financiación progresiva de la enseñanza privada con ideario propio, cuyos recursos han de destinarse a la Enseñanza Pública.

La Reforma que el PSOE propuso de la LOMCE-LOE a comienzo de este 2019, antes de las elecciones de abril y noviembre, no iba por ese camino… Así que toca seguir peleando social y políticamente una vez constituido el nuevo parlamento y, en su caso, el nuevo gobierno y, por supuesto, ante los gobiernos autonómicos, con la finalidad de tratar de quitar carga confesional al Sistema educativo y reducir su privatización, que sólo consigue una mayor segregación del alumnado, como vienen alertado, desde hace años, diversos organismos internacionales.

La ministra Celaá, ante la privatización y la confesionalidad del sistema educativo