miércoles 22.01.2020

Una nueva legislatura del PP cerraría la mayoría de los ayuntamientos

Con un sigilo casi imperceptible se están desmontando los servicios públicos en los ayuntamientos de pueblos y ciudades...

Está pasando casi desapercibido. Con un sigilo casi imperceptible se están desmontando los servicios públicos en los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades y parece que nadie lo quiere ver. De vez en cuando se cuela alguna noticia en los medios, más o menos escandalosa, que nos hace pensar un instante lo desprotegidos e indefensos que estamos, la ruleta del infortunio en que nuestra calidad de vida y nuestro futuro están jugando día a día. Como la última, sobre el abandono de la prestación de la dependencia por el ayuntamiento de Jaén. Con cada hito en las noticias sucede lo mismo: temblamos un instante y al siguiente nos alegramos por no ser de Jaén, o no ser dependientes, o no ser…, algo parecido a lo que cuenta el célebre poema de Bertold Brecht.

Por algún desconocido motivo estamos consintiendo inmóviles y en silencio el desmantelamiento de la primera red de garantía de la calidad de vida y del control democrático de los ciudadanos y ciudadanas, que son nuestros ayuntamientos. A diferencia de lo ocurrido con la educación o con la sanidad, donde los recortes del Gobierno han encontrado una seria oposición entre la ciudadanía, los servicios que prestan los ayuntamientos -siendo la primera línea de los que se prestan a los ciudadanos- están desapareciendo con un goteo silencioso pero constante. A priori, parece que el Gobierno lo está teniendo fácil a la hora de imponer una reforma de la Administración Local que casi podría decirse que es un “fraude” calculado de cara a las próximas elecciones, ya que la ley aplaza la entrada en vigor de los aspectos más duros y traumáticos de la misma a plazos temporales fuera de este mandato electoral, el único en el que el Gobierno del Partido Popular está facultado por la voluntad popular para comprometer sus actuaciones.

Hasta ahora, el Gobierno se dedicaba a incumplir sus promesas y hasta las leyes, pero ahora además elabora y motiva una ley en 2013 para que gran parte de la misma entre en vigor una vez transcurridas las próximas elecciones generales...¿tan destructivos son sus efectos que teme el Gobierno un gran impacto negativo entre el electorado?

Y es que esta ley -la reforma de la Administración Local- es una pieza clave para el Partido Popular pues, aunque aparentemente no se visualice, el núcleo de su ideario oscila entre dos pilares: el estado centralizado y la iniciativa privada. El PP no cree ni en la autonomía local ni en lo público. Y a destruir ambos conceptos básicos en el desarrollo constitucional de nuestro país, contribuye de forma ostensible y calculada esta ley.

Por más campañas de denuncia y movilización que planteemos las organizaciones sindicales, el nivel de tolerancia ciudadana está permitiendo al Gobierno campar a sus anchas a la hora de aplicar las severas reglas económicas de la ley, que conllevan castigos a los ayuntamientos más débiles (donde viven los ciudadanos con menos recursos), que terminan por descuartizar los servicios que se prestan a la ciudadanía y hasta a los propios ayuntamientos, en serio peligro de continuar existiendo.

Se pervierte además el valor social que toda ley debe tener: ¿no habría que reforzar a los ayuntamientos y ciudades más débiles en pro de la igualdad y la cohesión territorial consagrada en nuestra Constitución?; por el contrario, la ley fomenta la desigualdad definitiva entre los españoles: ciudades ricas con todos los servicios y ciudades de ciudadanos desfavorecidos y desprotegidos sin servicios públicos. La ley arremeterá así contra los más de 5.000 ayuntamientos endeudados (del total de 8.136 municipios) y contra los que puedan hacerlo. Además, los efectos sobre el empleo serán devastadores: en torno a 400.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) se perderán con la plena aplicación de la ley, eso sí, una vez que el Partido Popular volviera a gobernar, en la próxima legislatura.

La Ley se recurrirá ante el Tribunal Constitucional pero no habrá una sentencia antes de que transcurran varios años. Para entonces, diga lo que diga el TC, ya prácticamente nada tendrá remedio. Pueden desaparecer los servicios de salud municipal, urgencias y asistencia primaria, la atención a personas dependientes, la asistencia de día a mayores, los servicios educativos municipales de todo tipo, se acabará con las políticas de igualdad y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, se suprimirán los servicios de ayuda a domicilio y las prestaciones de apoyo a la familia, los servicios de prevención e inserción social, las oficinas de información a los consumidores y los servicios de orientación laboral y formación para el empleo, entre otros muchos. ¿Ninguno de estos servicios, recordando nuevamente el poema de Brecht, nos afecta? ¿Ninguno de ellos contribuye a nuestra calidad de vida? La respuesta a estas preguntas nos dibuja la imagen del país que está modelando -según su       arquitectura ideológica- de manera rigurosa el Gobierno: brechas insalvables en calidad de vida y servicios en función del territorio. Más desigualdad, más pobreza y menos esperanza para los más desprotegidos.

Las entidades locales comienzan un proceso de honda transformación hacia un futuro duro e incierto. Nuestro país no volverá a ser el mismo. Ante esto ¿vamos a permanecer callados? El momento de actuar es ahora...¡Movilízate!. UGT Andalucía está en permanente campaña por el mantenimiento de los servicios públicos y el empleo en el ámbito local. Toca ahora recordar más que nunca que la unión hace la fuerza. Solidarízate, participa, lucha.

Una nueva legislatura del PP cerraría la mayoría de los ayuntamientos