28 de enero de 2009, 6:50
Era de esperar y así ha ocurrido. El gremio judicial no suele defraudar a quienes esperan con temor las peores consecuencias de su espíritu de cuerpo. En su primera decisión colectiva sobre un asunto que afecta a la conducta profesional de un juez -Rafael Tirado, en el llamado caso Mary Luz-, el nuevo Consejo General del Poder Judicial ha mostrado que tiene criterios y actitudes muy semejantes a las del anterior, cuyo descrédito fue notorio.
Recordemos que los componentes del nuevo Consejo General tomaron posesión de su cargo en el mes de septiembre para relevar a los miembros que llevaban dos años ejerciendo en funciones, debido a las resistencias del Partido Popular para renovarlo, pues le vino bien utilizarlo como una tercera cámara para detener la aplicación de leyes aprobadas por las otras dos. Del legado del viejo Consejo forma parte la decisión, que fue recurrida, de imponer una sanción de 1500 euros de multa al juez Tirado y de suspender durante dos años de empleo y sueldo a la secretaria del mismo juzgado por haber dejado sin ejecutar una sentencia firme de dos años y nueve meses de prisión, impuesta a Santiago del Valle por falsedad y por haber abusado sexualmente de su propia hija. Como resultado de las negligencias del juzgado de Tirado, Del Valle permaneció el libertad y presuntamente secuestró y asesinó a la pequeña Mary Luz Cortés, en marzo de 2008.
A la hora de examinar el recurso, la mayoría de los miembros del nuevo Consejo del Poder Judicial, por 14 votos frente a 7, ha decidido no dejar tirado a su colega y mantener la sanción de 1500 euros, frente a la solicitud de imponerle seis meses de suspensión en el cargo.
Dos cosas llaman la atención en este insólito suceso. La primera es que la mayoría haya optado por mantener la sanción más leve. La segunda es lo leve de la sanción -como una multa de tráfico- a pesar de que la falta se considerada grave. Pero lo que más sorprende en esta decisión no es la postura de los vocales que componen el bloque conservador, partidarios de mantener la sanción y en un caso incluso de revocarla al estimar que no hubo falta, sino que a los conservadores se hayan sumado cuatro de los nueve jueces progresistas, que han estimado que la falta era grave, no muy grave, lo cual revela que la pertenencia al estamento pesa más que la ideología y que las faltas de los colegas deben juzgarse con códigos y criterios más indulgentes que los que se aplican al resto de los ciudadanos. Es decir, que en este aspecto estamos aún lejos de haber alcanzado la modernidad.
El ministro de Justicia ha señalado su intención de proponer un cambio en las normas del régimen disciplinario de los jueces, pero desde distintos lugares le han aconsejado no legislar a golpe de titular de periódico. No carecen de razón quienes desaconsejan legislar en caliente, pero éste no es el caso; la reforma de la administración de justicia es urgente. Lleva 30 años de retraso, los que tiene la Constitución, que, en teoría, o al menos eso se nos vendió, ponía fin a la dictadura, pero tanto tiempo después seguimos comprobando la persistencia de restos de aquel régimen, donde el orden de las cosas estaba atado y bien atado.
José M. Roca
Escritor