A mi juicio, la expropiación de YPF es un juego de niños en comparación con la expropiación que el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo de España a los españoles.
A lo largo de la última semana hemos asistido a la enorme polvareda que ha levantado la decisión del gobierno argentino de Cristina Fernández de expropiar YPF a la petrolera española REPSOL. El carácter de la noticia, la decisión de un gobierno de otro país, Argentina, que ataca directamente los intereses de una empresa de nuestro país, España, ha provocado el previsible choque de nacionalismos que habitualmente esconde las verdaderas razones de la medida y la responsabilidad de las partes en su desencadenamiento. Aunque es justo reconocer que la puesta en escena para anunciar la decisión por parte de la Sra. Fernández es una pieza única que pasará a los anales del populismo en un puesto muy destacado.
Pero el objeto de este comentario nada tiene que ver con esta expropiación que al parecer llevaba meses gestándose y que ha visto la luz está última semana.
A mi juicio, la expropiación de YPF es un juego de niños en comparación con la expropiación que el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo de España a los españoles.
Considero que el “expolio” que se está llevando a cabo desde todas las áreas de gobierno, en especial sanidad y educación, son de enorme gravedad no solo por su contenido expreso, sino por los tics totalitarios que están acompañado a los recortes.
La decisión de expropiar de nuevo TVE a los españoles en beneficio del gobierno y de su partido, el Partido Popular y, el anuncio de modificar el código penal para criminalizar a los convocantes de manifestaciones y para imputar a organizaciones políticas y sindicatos de los acontecimientos que puedan producirse durante su desarrollo, son el inicio de una aventura totalitaria en España de un altísimo riesgo.
Nadie discute la legitimidad de un gobierno que ha obtenido la mayoría absoluta en las urnas a imprimir el carácter ideológico que considere que mejor responde a los intereses de sus votantes, aunque la consecuencia sea la eliminación del Estado Social que hemos construido entre todos a lo largo de estos años de libertad desde el fin de la dictadura.
Lo que resulta de todo punto intolerable, es que el Partido Popular sabedor de que su acción de gobierno va a provocar una fractura social sin precedentes en nuestro país, intente acallar la legitima protesta de amplios sectores de la sociedad que no están dispuestos a la renuncia de sus derechos básicos, con procedimientos que tienen como objetivo último la eliminación del adversario. Las iniciativas sobre TVE y las propuestas del Ministerio del Interior no dejan lugar a dudas.
Cada día que pasa sin que se enciendan todas las alarmas el riesgo de una involución crece de manera exponencial. Es urgente conformar un bloque social y político que aglutine una mayoría capaz de frenar este intento totalitario, abandonar eslóganes, intereses de parte y diferencias coyunturales. El gobierno por boca de su presidente lo ha anunciado con una claridad escalofriante, sabemos lo que tenemos que hacer y para el verano habremos consumado nuestro proyecto.
Seria deseable que la primera respuesta se produjera de forma inmediata, en la calle y en defensa de TVE, para que siga siendo una verdadera televisión pública. Ha costado décadas conseguirlo y es vital conservarla para nuestro presente y futuro democráticos.