En un momento en que se están planteando serios recortes en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, éstos se presentan con la excusa de la crisis económica cuando nos encontramos con una realidad bien diferente.
Los recortes en la sanidad pública, en el caso de Madrid, no son tanto el resultado de una disminución de los presupuestos sanitarios, que no se ha producido o lo ha hecho de forma poco significativa (el presupuesto se Sanidad se incrementa un 0,6% sobre el de 2011), sino, sobre todo, de la apuesta del gobierno del PP de privatizar la sanidad madrileña y deteriorar el sistema sanitario público.
Así, puede comprobarse en el presupuesto aprobado como el incremento presupuestario se dirige en exclusiva a la privatización: 93,3 millones de euros para los hospitales de Móstoles y Collado-Villalba, y un aumento del 34% para los convenios con el sector privado. Además, los centros de gestión privada y semiprivada tienen un aumento del 9% y los centros de Alcorcón (fundación) y Fuenlabrada (empresa pública) tienen un incremento del 5,7% y el 3,6% respectivamente. Por el contrario, los hospitales de gestión tradicional ven disminuir sus presupuestos en un 1,5% que se suma a la disminución del 9,5% en 2011. Es una evidencia más de que las privatizaciones no ahorran gastos al sistema público y que el incremento de costes que supone va en detrimento de los presupuestos de los centros públicos, lo que se traslada fundamentalmente a los profesionales de los mismos (disminuciones de plantilla, aumentos de horarios, no cobertura de suplencias, etc)
La Atención Primaria continua su postergación presupuestaria con una disminución del 3,7% real, y un descenso de 10 millones de euros en personal. Se recortan también las inversiones en Atención Primaria y el presupuesto del SUMMA. El incremento horario y disminución de plantillas será " la gota " que le faltaba a la Atención Primaria madrileña para cargarse definitivamente el modelo solidario y equitativo que supone la atención primaria de salud, a lo que se suma la falta de desarrollo de la Ley de Dependencia que sobrecarga una atención primaria ya de por si sobrecargada.
El presupuesto de personal disminuye en 53 millones de euros lo que supone una disminución de las plantillas ya afectadas por disminuciones consecutivas en los presupuestos desde 2007. Es en este contexto donde se sitúa el aumento del horario de los profesionales sanitarios, porque lo que se pretende es atender con menos personal las mismas prestaciones, sin tener en cuenta los problemas asistenciales que van a producir los incrementos de jornada en unos profesionales a los que, a la vez, se les reduce el salario por el aumento del IRPF, y se les penaliza con una disminución muy importante en las Incapacidades Temporales. Existen muchas evidencias en la literatura científica que relacionan unos mayores horarios con déficits en la atención sanitaria, por lo que la prolongación horaria debe de ser una exigencia de la calidad de las prestaciones, de la seguridad de los pacientes y en la prevención de problemas asistenciales.
Por lo tanto la cuestión no es que se aumente la carga de trabajo de los sanitarios por necesidades presupuestarias ni por la crisis, sino que estamos ante la consecuencia del progresivo incremento de necesidades de financiación para el sector privado que esta produciendo la política privatizadora de Esperanza Aguirre, con lo que ciudadanos y profesionales estamos pagando los beneficios de las empresas concesionarias de los centros privatizados, con el efecto añadido del deterioro del sistema sanitario público.
Ciudadanos y profesionales tenemos motivos más que suficientes para movilizarnos contra esta política de deterioro de sanidad pública.