Analizando los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, se ve la misma característica que ya se había comprobado en Galicia: el PP en vez de rigor presupuestario se apunta al trilerismo, al despilfarro y a no atender al conjunto de la sociedad.
Un trilero es alguien te hace creer que ha puesto la bola en un sitio cuando en realidad la tiene escondida en su mano. En estos presupuestos la consigna general era el recorte. Había que recortar en gastos de personal. El presupuesto cuenta con dos grandes programas diferenciados: uno de políticas activas y el segundo de prestaciones por desempleo. Había que recortar el personal en ambos. O dar la sensación de que se hacía.
En políticas activas el Estado no tiene más competencias que las de elaboración normativa; la ejecución está reservada a las comunidades autónomas. En prestaciones por desempleo sus competencias son exclusivas. Por lógica, resulta más fácil el recorte de personal en las primeras que en prestaciones que, con el aumento del paro, se incrementa el número de expedientes a aprobar.
Si observamos los gastos del capítulo I en comparación con los de 2011 vemos claramente el engaño. Los gastos de personal del programa de políticas activas en retribuciones suponen 44,3 millones de euros, 314 mil euros más que en 2011. Sin embargo, los gastos en Seguridad Social disminuyen en 11 millones. Por su parte, en el programa de prestaciones, las retribuciones disminuyen en 31,3 millones y la Seguridad Social aumenta en 12,4 millones. Este juego de trilero permite afirmar que el capítulo de personal disminuye un 19,3% en políticas activas y un 7,3% en prestaciones. Si descontamos los gastos de Seguridad Social, los cubiletes de cebo, y los gastos sociales, el capítulo I de políticas activas se incrementa un 0,1% y el de prestaciones disminuye un 13,1%. En realidad, el gobierno aumenta los gastos donde no tiene competencias y los disminuye donde las tiene. Esta actuación, que a todas luces es un despilfarro, la oculta con actuaciones de trilero: ahora dirán que qué más da, porque los gastos de Seguridad Social hay que pagarlos sean los que sean.
El segundo despilfarro se produce en el capítulo segundo: los gastos corrientes aumentan en relación al conjunto del presupuesto. Por cada 10.000 euros de gasto en políticas activas, en 2011 había un gasto corriente de 60 euros, en 2012 se presupuestan 71 euros; en prestaciones aumenta también de 13 a 14 euros. Cuando se plantea recortar un presupuesto, lo razonable es iniciar el recorte en gastos corrientes, en el capítulo II. Cuando responde no a un criterio económico, sino ideológico de desmontar un modelo social, mantener el gasto corriente e ir disminuyendo el resto de capítulos, ayuda a justificar la necesidad de nuevos recortes.
Además el presupuesto es antisocial porque no responde a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, ni al reparto competencial establecido en los estatutos de autonomía, ni, mucho menos, a establecer vías que posibiliten una salida que no sean más recortes o privatizaciones.
En la situación actual, donde, según el gobierno, todo debe supeditarse al principio de estabilidad presupuestaria crear un déficit importante en prestaciones es tanto como provocar su recorte. Todos los indicadores, incluidas las previsiones macroeconómicas del gobierno, apuntan a un aumento importante del gasto: una previsión 631 mil empleos menos, un aumento del número de perceptores ya en este mes (un 1% más que hace un año), un aumento del gasto total (un 3,4%) y un aumento del gasto medio por perceptor (2,4% más). Si en vez del total de prestaciones, nos fijamos solamente en las contributivas, la variación es aún mayor: el número de beneficiarios aumenta un 2,9% y el gasto total un 4,6%.
La reforma laboral, tal y como se está viendo en lo que llevamos desde su aplicación, va a provocar que estos aumentos registrados en febrero vayan incrementándose mes a mes. La falta de autorización y control sobre las regulaciones de empleo, la facilidad dada a los despidos por causas objetivas, la propias modificaciones de las condiciones sustanciales del trabajo, provocarán una salida de sus puestos de trabajo de personas con mucha más antigüedad y nóminas muy superiores a los temporales que son los que salieron en la primera fase de la crisis.
Esta situación, unida a la disminución creciente de la demanda interna que está provocando tanto la propia reforma como los diferentes recortes sociales que preconiza Rajoy, hace que las previsiones del gobierno de pérdida de empleos se vean día a día superadas por la realidad. En este momento no es nada desatinado hablar de una disminución de más de 750 mil empleos. En ese marco, habrá que calcular un aumento de las prestaciones por desempleo de cinco mil millones de euros sobre 2011 y de 7.500 sobre lo previsto en los presupuestos. Cuando el gobierno nos comunique que se prevé esta desviación, lo hará para justificar el recorte de prestaciones. Este verano será probablemente cuando lo haga, amparado en la tradicional dificultad de movilización en esa estación
En lo relativo a las prestaciones, habrá que esperar un grave deterioro de su gestión. En la actualidad el plazo medio de reconocimiento es de dos días, con un horizonte de más de 900 mil altas al mes (en febrero hubo 824.467) y una disminución del personal de un 13%, veremos otra vez demoras que provocan retrasos en el cobro.
En relación con los Servicios Públicos de Empleo de las diferentes comunidades, la primera medida adoptada es la supresión de 1.500 plazas de promotores de empleo en junio de este año. Previsiblemente en diciembre se supriman las otras 1.500 creadas en los planes extraordinarios. Esta supresión va a generar un deterioro tan importante que creo que podrán achacar parte del retraso en prestaciones a las oficinas de empleo. Volveremos a ver grandes colas para inscribirse y, ante la imposibilidad de respuesta, se percibirán cada vez como algo no solo inútil sino como una rémora del sistema. La entrada de las ETT estará servida e incluso será aplaudida. Este recorte supone 23,8 millones y para el año próximo 47,6 más, si suprimen los orientadores.
La segunda eliminación es la participación de los municipios en las políticas de empleo. Suprimen los agentes de empleo y desarrollo local que son los técnicos municipales sobre los que se asientan esas políticas y también el programa de Escuelas–taller (625,5 millones de euros). Se eliminan las iniciativas locales de empleo y los estudios de empleo local (47,7 millones).
La tercera afecta directamente a los parados. Eliminan 387,8 millones dedicados a la contratación de parados por los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. Este programa estaba siendo redirigido hacia los parados con cargas familiares que agotaron sus prestaciones. Contratos a tiempo parcial de seis meses supondrían 21 meses más de subsidio. Una buena planificación de este programa podría alcanzar a más de 90 mil personas contratadas al año. Pero este gobierno lo que ve es que podría generar un gasto en prestaciones de 500 millones y, por ello, lo suprime. No le importa que pueda permitir sobrevivir a más de 90 mil familias. La contrapartida que le exigirá a los ayuntamientos para cubrir los servicios que en la actualidad se hacían con este programa, son programas de colaboración social. Con ellos se obliga a perceptores de prestaciones a ocupar un puesto de trabajo municipal a cambio de la diferencia entre la prestación que cobran y la base de cálculo de la misma. Un parado que cobre 700 euros de prestación, percibirá 300 euros más por una jornada de trabajo. Durante este tiempo no podrá moverse a buscar trabajo, ni formarse si el horario no es compatible, etc. Ese período trabajado cuya diferencia la tendrá que abonar el ayuntamiento de sus propios fondos, no le servirá tampoco para generar una nueva prestación.
Para promoción del empleo autónomo y de la economía social, transfiere a las CC.AA. un 52% menos que en 2011, 54,5 millones menos. Toda la grandilocuencia del apoyo a los nuevos emprendedores queda reducida en esta partida a humo. Los nuevos emprendedores verán reducidas las ayudas para su establecimiento y puesta en marcha. También las personas con discapacidad sufrirán de este furor de la tijera: habrá 121,9 millones menos, un 37% menos, para su incorporación al mercado laboral y el mantenimiento de centros especiales de empleo.
En este recorrido todavía faltan los programas de formación que ejecutan las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen la competencia de ejecución y se recorta en un 17% los fondos de formación de desempleados y en un 66% la formación de los ocupados, casi 350 millones menos.
Los presupuestos destinan 1.782 millones menos para políticas activas gestionadas por las CC.AA., una disminución del 55%. Esta disminución en la administración que tiene la competencia de su gestión contrasta con el prácticamente mantenimiento de los fondos que se asigna el propio SEPE. Quien recibe aún más fondos que en 2011 son las empresas por una doble vía: para financiar las bonificaciones de cuotas se destinan 2.600 millones de euros, un 6,1% más que en 2011 y para las bonificaciones por formación de ocupados 560 millones, un 10,3% de aumento.
Las bonificaciones de fomento de empleo se han manifestado reiteradamente ineficaces para cumplir los objetivos que perseguían. Desde 1996 se destinaron más de 20.000 millones de euros para disminuir la precariedad sin que se consiguieran reducciones notables. Actualmente se dirigen a fomentar la contratación, sin que se espere éxito alguno de ellas. Ninguna empresa incorpora a nadie por una bonificación si no lo precisa y si lo precisa, no necesita bonificación. Para fomentar el empleo es preciso reactivar el consumo y a ello no contribuye este importante volumen de fondos. Mejor destino tendría y más eficacia, si se destinasen a mejorar la empleabilidad de los parados. También su fin sería más justo si en vez de aumentar la cuenta de resultados de las empresas, se destinase a la contratación de parados no perceptores, más de un millón setecientos mil en el mes de marzo.
Las bonificaciones de cuotas para formación de ocupados es, de todos los procedimientos, el que menor control tiene. Por esta vía se desvían un importante volumen de millones de euros de formación a gastos corrientes de las empresas. Además su utilización no repercute en el conjunto de los trabajadores, reservándose, principalmente, para los cuadros intermedios y directivos. Transferir estas cuotas a las CC.AA para que se inserten en el sistema de formación para el empleo da mayores garantías de su utilización y eficacia. Mención aparte merece el tratamiento recibido por los diferentes órganos de participación de los agentes socioeconómicos. La Fundación Tripartita ve recortados sus fondos en un 16,5%.
Se produce una diferente distribución de los pesos en el total del presupuesto: las comunidades autónomas, quienes deben gestionar, reduce su peso del 44% del total de fondos (3.205 millones) a solamente el 26% (1.450 millones); el Servicio Público de Empleo Estatal, que es competente para definir las políticas, pero no para gestionarlas, aumenta del 15% (1.060 millones) al 19% (1.048 millones) y las empresas son las más beneficiarias, pasando del 41% (2.958 millones) al 56% (3.160 millones). Este cambio produce un nuevo enfoque: las políticas activas no estarán en función de la empleabilidad de los parados sino de los beneficios empresariales.
Este presupuesto tanto por lo que muestra como por lo que pretende ocultar, por el recorte de prestaciones, por el recorte en políticas centradas en los desempleados, por el cambio fáctico de la distribución competencial, así como por su aumento de gastos corrientes, es absolutamente coherente con el título de este artículo: trilero, despilfarrador y antisocial.