La decisión del jurado de absolver a los altos cargos del Partido Popular valenciano, Francisco Camps y a Ricardo Costa, de sendos delitos de cohecho pasivo impropio (el nombre se las trae) parece chusca pero es dramática. Es insólita, porque Rafael Betoret y Víctor Campos, los otros dos imputados en la misma causa, admitieron haber recibido regalos de las empresas de Correa, pero no sorprende, dado el clima de opinión en que el juicio se ha celebrado y la tónica general del país, o mejor dicho, la rampante atonía en materia de ética civil, exigencia ciudadana, responsabilidad política y respeto por lo público (por los cargos y por los fondos).
Para cinco de los nueve miembros del jurado popular, de nada han servido las pruebas documentales aportadas, el testimonio de los testigos o la audición de las cintas de las escuchas telefónicas, cuyos pasajes producen bochorno, pues han permanecido sordos y ciegos a esas minucias procedimentales y atentos al clamor callejero, suscitado por el Partido Popular, que ya había emitido su veredicto: Camps es un hombre honesto, injustamente acusado de un delito inexistente por el oportunismo político de la oposición en el parlamento valenciano, y en particular por el PSOE, que es incapaz de derrotar en buena liza a un dirigente político excepcional.
Para su partido, Francisco Camps, ahora miembro del Consell Consultiu valenciano con un sueldo de 57.000 euros al año, ha gobernado de manera ejemplar. Según Arenas, Gobernar no es gastar más, sino mejor. Gobernar es imitar a Camps, y, según afirmó Rajoy en la campaña electoral de 2008, la gestión de Camps era un modelo de validez general -Ese es el modelo de gestión que yo quiero para el Gobierno de España-. Pero muy lejos de eso, la Comunidad de Valencia ha sido durante años una especie de patio de monipodio en el saqueo del erario público, donde se ha movido con soltura una gavilla de pescadores de río revuelto.
Camps, que sucedió a Zaplana en la Presidencia, ha sido un administrador pésimo por cómo ha gastado el dinero público -muchos de los proyectos con la quiebra asegurada parecían sugeridos por Groucho Marx- pero también ha sido un consentidor, por lo menos, no sólo de lo que ocurría en el entorno inmediato de la Generalitat, que era mucho, sino también en Alicante y Castellón.
La Comunidad de Valencia está a la cabeza del crédito sin tino y del derroche de dinero público gastado en obras faraónicas, construcciones sin sentido, proyectos absurdos y onerosas aventuras político-publicitarias (propaganda de los hechos, pero a lo bestia). Hay que recordar la apuesta política por el ladrillo en toda la costa levantina, que hizo correr el dinero en todas las direcciones y produjo la sucesión de urbanizaciones, en bajo y en altura, con horrores como Marina D’Or, en Castellón, y Benidorm (como Manhattan), campos de golf y puertos deportivos, y más directamente, como desarrollos políticos el Ágora, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el edificio Veles y Vents, Terra Mítica (una quiebra mítica), los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz (otro desastre), la Fórmula 1 (con un contrato draconiano impuesto por Ecclestone), las regatas (Copa de América), la visita del Papa, que no fue barata, el aeropuerto para peatones de Castellón, con una falla metálica en honor de Carlos Fabra, más los proyectos que debido a la crisis quedaron en barbecho pero que han sido pagados (a Calatrava, entre otros) a quienes los diseñaron.
Además de a las grandes inversiones, el dinero público ha ido a eventos públicos y privados –a actos del PP- y a multitud de actividades confiadas a empresas mediante contratos cuya adjudicación, en no pocas ocasiones, ha trasgredido la legalidad. Los sonoros, pero no únicos casos de corrupción, como el de Fabra, la extensa trama Gurtel, el caso Brugal, el caso EMARSA o el enlace con las actividades de Noos, la benemérita fundación de Urdangarín, son resultado del tráfico de influencias, el cohecho, las amistades peligrosas y del mirar para otro lado cuando conviene.
No se conoce, todavía, la directa responsabilidad de Camps en estos manejos, pero el regalo de los trajes no parece ajeno -Te debo mucho, le dice el Bigotes- a su habilidad para hacerse el longuis en el caso de la trama de Correa, cuyas empresas fueron agraciadas con 85 contratos, que suman casi 8 millones de euros, de los cuales 76 fueron adjudicados sin concurso público. Contratos, recordemos, que el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, había denegado a la oposición en 1.508 ocasiones –como presidente Francisco Camps debería saberlo- y a los que ésta sólo tuvo acceso tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, emitida en junio de 2011.
Estas y otras actividades menores, pero que también suman, han llevado a la quiebra al Banco de Levante y a dos cajas de ahorros, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo, intervenidas por el Banco de España, que han sido las fuentes financieras de esas locuras. A día de hoy, la Comunidad Valenciana es la más endeudada de España; la deuda financiera, las deudas de empresas y entidades públicas, los pagos pendientes a los proveedores y compromisos suscritos que afectan a varios ejercicios económicos rondan los 62.000 millones de euros. Una cifra difícil de devolver.
Ello no ha sido obstáculo para Camps y los otros imputados hayan contado con el apoyo del Partido Popular -Estoy contigo, Paco-, que desde el primer día montó una campaña de desprestigio -eso sí que fue un linchamiento mediático- contra quienes intentaban ejercer su labor de controlar al Gobierno valenciano desde la oposición y contra quienes exigían que se hiciera justicia. Se buscaron trapos sucios con los que desprestigiar a la oposición y se montó una campaña de deslegitimación que alcanzó a la policía -se la acusó de fabricar pruebas contra Camps- y a la judicatura, que ha llevado al banquillo al juez Garzón, que autorizó las escuchas de las conversaciones en la cárcel entre Correa y sus abogados. Fracasado el intento de desacreditar las escuchas efectuadas por el sistema SITEL (Sistema Integrado de Interceptación Telefónica), aduciendo ahora que era ilegal cuando fue contratado por 10 millones de euros, siendo ministro de Interior Mariano Rajoy, se decidió ir directamente contra el juez.
La decisión del jurado de absolver Camps es producto de todo esto: tanto de la ignorancia del jurado, del clima de la calle y de la campaña orquestada por el Partido Popular desde que se descubrió la trama. Cuando se ha celebrado el juicio Camps ya había sido absuelto por la mayoría de ciudadanos que le dieron su voto en las elecciones del mes de mayo, estando imputado en el sumario; los votantes valencianos del Partido Popular le habían mostrado que era uno de los suyos, acosado por la envidia de los mediocres, el oportunismo de la oposición política y la vesania de un juez.
Para esos miembros del jurado, Camps es una persona honrada (también lo es Costa), que se paga los trajes, aunque no lo pueda demostrar; los demás mienten, las pruebas no valen; lo que vale es lo que dice Camps; un hombre honesto y sociable, que valora mucho la amistad -tiene un juez amigo, más que amigo, y un generoso amiguito del alma-. Eso es todo.
Se desprende, por tanto, de la decisión de esos indulgentes miembros del jurado, que los regalos a esos responsables públicos son minucias y no hay que tomarlos como lo que parecen -intentos de soborno- sino como pruebas de desinteresada amistad. Por esa lógica, si en el futuro otras personas que ostentan cargos públicos resultan agraciadas con zapatos, trajes y otras prendas de vestir, viajes, comidas, vacaciones, bolsos y carteras de marca, gratificaciones y relojes caros, o si un buen día se topan con un automóvil Jaguar en la puerta de casa, no deben preguntar ni devolverlos: son regalos del Bigotes, que llegó por la noche vestido de Papá Noel. Y sin pedir nada a cambio; rumboso que es él.