La reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy destruye hasta las raíces el estado de bienestar. Con un despido prácticamente libre, con un derecho a huelga desmantelado, con una disminución de salario a criterio del empresario, con la posibilidad otorgada al cambio de horario laboral, con contratos a prueba de un año y otras cláusulas igualmente destructivas, es fácil colegir que el estado de bienestar ha sido atacado en sus cimientos y se nos ha venido abajo por la embestida de “una gravedad extrema”
Nadie puede negar, desde una mínima honradez, que se han encumbrado las garantías ventajosas del empresariado con la consiguiente disminución de los derechos de los trabajadores. Era de esperar. Envueltos en ese celofán de crisis que todo lo justifica, se implantan los cambios que pertenecen a una mentalidad liberal donde la persona está subestimada en relación al capital y que todo lo subordina a la producción como meta insustituible de esa parte de la sociedad que es el empresariado. No se trata de la dignidad de unos pocos a costa de la indignidad de muchos, sino de la indignidad de todos. De los empresarios por aspirar a un ideal antihumano y de los trabajadores porque no se les permite vivir con la elegancia existencial que a todos nos corresponde.
Despido libre. Huelga truncada. Bajada a discreción del salario. Horario laboral a la carta. Tala despiadada del estado de bienestar. Cerveza y aceituna los domingos si el señorito no me ha recortado la nómina. Paseo por la pena y la rabia si para comprarse el último modelo de coche o surcar en un crucero el mar me ha obligado a colaborar en la compra o a empujar el yate camino de un paraíso azul.
La sociedad del consumo nos ha llevado a fijar la mirada en las caderas de los grandes almacenes. De tener se trata. El último móvil. El último ordenador. El último plasma. Y al trabajador le duele, y con razón, que alguien pueda truncarle su derecho a la posesión de una vida más agradable, más cómoda por el disfrute de los medios que la vida ha puesto a disposición de todos. Sabe el capital que el miedo a perder ese consumo conlleva la necesidad de doblegarse ante condiciones que le pueden venir impuestas desde la jefatura laboral. Y con frecuencia se somete para que el niño tenga, para que la casa tenga, para que la vida tenga. Se ha conseguido que el tener sea la meta y para llegar a ella haya que sacrificar la sed, el cansancio, la falta de oxígeno que impone la carrera. La amenaza de ser excluido de esa maratón pende colgada del capricho de quien paga.
Y a base de cifrar la vida en el tener, el capital va menguando la dignidad del ser. Estos términos crecen uno sobre otro. Rara vez se equilibran. Pero cuando se clavan estas condiciones laborales a las anteriores, no sólo se está atacando al poder adquisitivo, al bienestar material de los trabajadores. Se está sobre todo atacando la dignidad humana. Porque todas esas imposiciones implican un dominio absoluto del empresario sobre el trabajador. El chantaje colgado sobre su supervivencia y la de su familia, somete de forma continua los derechos adquiridos a la decisión arbitraria del empresario.
Adelantaba en Bruselas el ministro Guindos la “agresividad extrema” de la reforma. Es decir, se trata de atacar hasta el extremo las condiciones laborales. Es macabra por inhumana la expresión ministerial. Cuando con posterioridad se habla de que la reforma está pensada para crear empleo, no sólo se miente con la intención perversa de mentir, sino que se trata de endulzar esa agresividad extrema. Porque pese a la promesa de Rajoy de decir siempre la verdad a los españoles, existe también el rubor de proclamar ante un país que se pone en las manos de los empresarios el estado del bienestar y la dignidad del mundo trabajador.
Habrá manifestaciones multitudinarias, tal vez una huelga general como temía el Presidente del Gobierno. Se deben exigir, no sólo el reconocimiento de ciertas condiciones, sino sobre todo la restauración de la dignidad del trabajador.
El trabajo no es una dádiva generosa de nadie. Es un derecho reconocido por la Constitución. El primer deber de un gobierno es luchar por la consecución y cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. No es el empresario el que da de comer a un número determinado de familias, sino que son los trabajadores los que le aportan al empresario la riqueza suficiente para poder exprimir el derecho de sus trabajadores.
La expresión trabajar PARA entraña una esclavitud que debe ser destruida por la dignidad de aquel que tiene conciencia clara de que el mundo de la riqueza descansa sobre las espaldas del mundo trabajador.