sábado 14.12.2019

Seguiré atendiendo inmigrantes

Soy médico especialista del Sistema Nacional de Salud y seguiré atendiendo a toda persona que demande mis servicios por un problema de salud, obviamente también a los inmigrantes “sin papeles”; mi postura no obedece a otra motivación que al estricto cumplimiento del Código Deontológico que mi profesión exige y que ningún gobernante tiene la capacidad de violentar.

Soy médico especialista del Sistema Nacional de Salud y seguiré atendiendo a toda persona que demande mis servicios por un problema de salud, obviamente también a los inmigrantes “sin papeles”; mi postura no obedece a otra motivación que al estricto cumplimiento del Código Deontológico que mi profesión exige y que ningún gobernante tiene la capacidad de violentar.

Dicho lo anterior, considero interesante efectuar una serie de reflexiones sobre las acciones que el Gobierno está llevando a cabo para determinar la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes irregulares. El RD-Ley 16/ 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introduce el concepto “asegurado” como condición necesaria para tener derecho a la asistencia sanitaria y ello en mi opinión supone una restricción del derecho a la protección a la salud recogido en la Constitución Española (art. 43), asimismo vulnera lo establecido en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (esta última aprobada por un Gobierno del Sr. Aznar); en definitiva modifica de forma sustancial uno de los valores esenciales de nuestro sistema sanitario público: su carácter de universalidad. En cualquier sistema democrático, pretender desde el gobierno un cambio de esta naturaleza, exige un debate político y social amplio y sosegado y ello no puede realizarse si se recurre a la vía de un RD-Ley con carácter de urgencia; el tiempo transcurrido desde su promulgación ha puesto en evidencia, por un lado el rechazo mayoritario de los profesionales a la medida (se han pronunciado al respecto organizaciones médicas colegiales y diversas sociedades médicas) y por otro la improvisación y falta de rigor de la misma. Hoy cabe preguntarse:

¿Son conscientes los responsables del Ministerio de Sanidad de las consecuencias que para la Salud Pública tendrá la falta de control sanitario de un número importante de personas, como es el colectivo de inmigrantes irregulares?

¿Conocen los responsables del Ministerio de Sanidad que muchos de estos inmigrantes están siendo ya tratados y controlados regularmente por padecer procesos graves y que negarles la asistencia sanitaria programada puede determinar un agravamiento muy serio de sus enfermedades e incluso producir su muerte?

¿Han reflexionado los responsables del Ministerio de Sanidad sobre las consecuencias que para el funcionamiento de nuestras Instituciones Sanitarias tendrá esta medida?

¿Qué ocurrirá cuando una persona de este colectivo acuda a Urgencias hospitalarias y se determine tenga que quedar ingresado y al alta sea obligado efectuar controles y tratamientos periódicos?

¿Es consciente el Gobierno que por más que intente hacer invisibles desde el punto de vista sanitario a estas personas, ello es imposible?

Parece que nadie en el Gobierno reflexionó sobre estas y otras cuestiones; es posible también que sí se tuviesen en cuenta estas situaciones, pero decidiese continuar con una política depredadora de los derechos; el anuncio que se ha realizado en los últimos días explicando que los inmigrantes irregulares podrían tener asistencia previa suscripción de un seguro con la Administración sanitaria, desembolsando unas cantidades superiores incluso a las que exigen las aseguradoras privadas, es una prueba más de la improvisación que ha presidido todas las actuaciones de los responsables sanitarios; las recientes declaraciones del Director General Sr. Rivero corroboran lo anterior pues denotan una falta de conocimientos impropia del cargo que ostenta. Parece que a la decidida voluntad del Gobierno de restringir derechos y recortar prestaciones se une una manifiesta ineptitud de sus responsables sanitarios.

La realidad es que los inmigrantes sin papeles están aquí, en muchos casos llevan años en nuestro país, algunos trabajan en la economía sumergida y necesitan asistencia sanitaria; si ésta se les niega y se dificulta a los profesionales ejercer su labor, con toda seguridad se producirán problemas graves de salud, no sólo para el colectivo inmigrante (aumentará la morbimortalidad) sino también para toda la comunidad.

Sería bueno que el Gobierno rectificase, renunciase a su absurdo empeño en eliminar la condición de universalidad que nuestro sistema sanitario público tiene, se esforzase en conseguir una gestión más eficiente del sistema como garantía de su sostenibilidad y no tuviese que asumir la responsabilidad de las graves consecuencias que se van a derivar de la no prestación de asistencia a los inmigrantes sin papeles.

Seguiré atendiendo inmigrantes
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