A pesar de que había muchas voces que denunciamos reiteradamente que los diferentes gobiernos españoles no estaban resolviendo los problemas reales de la economía y que sus acciones profundizaban en un modelo insostenible. La fuerza política progresistas han propuesto en las instituciones medidas para evitar el estallido de esta crisis económica pero lo cierto es que las preocupaciones de los gobernantes estaban puestas en otras cuestiones menores.
Dos años después de que empezaran a notarse los efectos de una crisis, se presentó en julio de 2011, todavía con Gobierno de Zapatero, el primer plan económico financiero de reequilibrio, es decir, las primeras medidas de recortes de las administraciones públicas españolas con una previsión de tres años.
Les voy a dar unos pocos datos para que se hagan una idea de cual es el problema en nuestro país, de cómo se veía entonces y de las consecuencias de no haber articulado otras medidas a tiempo.
La suma de todos esos recortes o ajustes económicos en el periodo 2010-2013 ascendían a 60.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas regionales.
En ese mismo momento 2011 los productos contabilizados como ingresos en las entidades financieras españolas vinculadas directa o indirectamente a bienes inmobiliarios – es decir, productos financieros tóxicos- ascendían a 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español) según datos de las propias entidades, aunque algunos analistas los elevan hasta casi los 300.000 millones.
La mayor parte de estos productos tóxicos estaban vinculados con bienes inmobiliarios. La inflación de viviendas en España y particularmente en la costa este de la península desde Cataluña hasta Andalucía sirvió para vehiculizar todo el mercado especulativo de los bancos, algunas administraciones, inversores sin escrúpulos y tras ellos toda la economía española.
El diagnóstico de la burbuja inmobiliaria española la conoces sobradamente todos ustedes porque muchas de las denuncias que se hicieron hace más de diez años han acabado en el Parlamento Europeo y en los Tribunales europeos, pero el origen y las peculiaridades de la crisis española y europea tienen sus raíces en problemas más profundos.
De ese total las entidades que conforman Bankia acaban de reconocer que sus necesidades de liquidez, precisamente por el afloramiento de parte de esos productos tóxicos, inmobiliarios y financieros, ascienden a 24.000 millones. Al menos hasta hoy.
La pregunta es ¿dónde está el resto? Y sobre todo ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Y más allá ¿cómo salir de esta situación sin perjudicar a una población que no tiene porqué pagar las consecuencias de una gestión avariciosa o estúpida, por haber confiado en su sistema financiero y en sus gobiernos?
El dinero no desaparece. El dinero en sus diferentes formas no deja de existir. El dinero sigue existiendo pero está en manos de unos pocos. Sólo desaparece aquello que se dijo que tenía un valor cuando en realidad no valía nada.
La crisis actual es una crisis de acumulación que hace que el dinero esté en pocas manos y que estos, utilicen ese control para presionar a políticos, expertos e inversores a desmontar lo que queda de la Res publica con la única intención de que, en ese desmontaje, los que tienen el dinero, hagan caja.
Los recortes, o ajuste como lo prefieren denominar la derecha, tiene ese único objetivo justificar la privatización para seguir manteniendo la ficción del crecimiento económico que no es otra cosa que la acumulación del capital.
Esta privatización ya se está aplicando en dos prestaciones que, en España, se estaban proporcionando de forma universal y gratuita.
Por un lado la sanidad y por otra la educación. En paralelo a esos dos grandes servicios existen otros que ya estaban parcialmente intervenidos por los mercados: servicios sociales a personas mayores, residencias, la educación infantil, el mercado laboral, prestaciones sociales, infraestructuras de transporte y todos los servicios de interés público como la producción y transporte de energía o telefonía.
La supuesta eficiencia favorecida por la competencia en un mercado libre, iba a permitir la reducción de los costes y precios más ajustados a las demandas de la población.
Un somero repaso de las denuncias contra las grandes empresas por pactar precios en todos y cada uno de los servicios mencionados, así como la evolución de los precios de las prestaciones a la ciudadanía, no dejan lugar a dudas respecto a la ineficiencia de la libertad de mercado. Es un mito tan falso como los unicornios.
La política de privatizaciones iniciada en los años ochenta por un gobierno socialista, profundizada por Aznar y mantenida por otro gobierno socialista, ha traído la política de recortes actual.
Aquellas privatizaciones de los años ochenta, impuesta por la Comunidad Europea, se justificaban por la necesidad de favorecer la competencia y limitar la intervención del estado en el libre mercado. Deshacerse del sector empresarial y financiero público era la máxima preocupación por considerarlo un lastre económico y una mala presentación ante los estados democráticos de Europa.
Así España se deshizo de su banca pública, potente y rentable, de sus sectores estratégicos como energía y comunicación, puertos, aeropuertos, algunas autovías, la mayor parte de las autopistas, suelo urbano público en cantidades inmensas, edificios, infraestructuras de toda índole, industrias públicas como la del automóvil, la siderurgia o la naviera… en aquellos años todo estaba en venta para convencer a inversores de las ventajas de hacer fluir el dinero hacia nuestra economía.
Y ese dinero llegó. Llegó en forma de multinacionales que se hicieron con las redes comerciales comprando o destruyendo las empresas rentables, llego en forma de ayudas europeas, de compradores de todo lo que estaba en venta. Llegó como llegan las divisas a los países exportadores de petróleo pero no para invertir o modernizar, sino para deshacer lo poco que había de la economía productiva y hacernos súbditos de la economía alemana.
Otra consecuencia fue que, con tanto dinero se mantuvo la ficción de que sin una reforma del sistema fiscal progresivo y progresista, sin luchar contra la corrupción o el fraude fiscal, sin invertir en ciencia, educación, tecnología, sin proteger nuestro entorno, se podría crecer indefinidamente.
El límite de esta privatización estaba en los servicios sociales, sanidad y educación además de la seguridad pública, la emisión de moneda, las relaciones internacionales o el ejército. Y así, durante los años dorados de las privatizaciones, se mantuvieron las inversiones en educación y sanidad excepto en aquellos territorios, como la Comunidad Valenciana de la que procedo, gobernada por la derecha y ahora en toda España con la mayoría absoluta del Partido Popular.
Hoy ese límite se ha superado. La política de Rajoy como representante de la derecha económica más rancia defiende, después de la campaña electoral, el programa esencialista que, de no impedirse, supone la condena de nuestro país a una situación de pobreza generalizada, a una estructura social dual con fuertes brechas sociales y a una estructura laboral dedicada a los servicios, al turismo, el ocio, las redes comerciales minoristas, agricultura monoproductiva para la exportación y un mínimo sector industrial subsidiario de las multinacionales, salvo excepciones.
Nuestra particular forma de la crisis económica global tiene unas manifestaciones muy concretas que todavía impiden que se vean todas las consecuencias sociales que conlleva. Por un lado las redes sociales de apoyo todavía funcionan como soporte de las personas que quedan excluidas, una economía sumergida que absorbe parte del desempleo y unos niveles de consumo que se sostienen en el ahorro de una parte de las clases medias.
Con todos esos mecanismos aún funcionando estamos en una situación gravísima.
Así lo dicen algunos datos muy simples; 25% de desempleo, 10% de la población por debajo del umbral de la pobreza, 200.000 niños afectados por esta pobreza, 8% de morosidad, incremento de hasta un 40% de los concursos de acreedores en lo que va de año, desahucios generalizados, 15% de las personas mayores de 70 años desamparadas con pensiones de 400 euros, desinversión productiva, reducción de los presupuestos de defensa del medio ambiente en más de un 80%.
Si estos datos se dan cuando algunos mecanismos informales impiden que empeoren y sabiendo que los recortes en inversiones, gasto público, reducción de prestaciones, todavía no han mostrado toda su dureza, de seguir con esta política de recortes y de ausencia de medidas de crecimiento, podemos encontrarnos este otoño con un punto de no retorno para la sociedad española.
No queda mucho para que empecemos a ver las consecuencias más graves de los recortes del gobierno conservador español.
En este punto es fundamental construir una alternativa sólida más allá de diagnósticos y de balances, de críticas y de desesperanza.
Por desgracia en estos momentos la actitud de resistencia o la indignación ya no son suficientes.
Volvemos de nuevo al pensamiento clásico del ecologismo político “pensar globalmente, actuar localmente” aplicando la acción política en este caso a la construcción de una alternativa de política-económica creíble para la ciudadanía que también envíe un mensaje claro a los especuladores y al sistema financiero. Un mensaje que diga que tal y como se desmonte el sector público, tal y como se pierdan derechos laborales y sociales se volverá a reconstruir y recuperar los servicios sociales públicos, los derechos laborales y sociales.
La alternativa que construyamos debe abordar por tanto dos cuestiones vitales para hacerla creíble. Por un lado pensar en un modelo y por otro establecer una hoja de ruta que permita reestablecer, desde el gobierno, el estado de cosas antes del estallido de la crisis incluso declarando que algunas de las decisiones adoptadas hoy son ilegales.
Quién se hubiera podido imaginar en España que en tan solo seis meses la sanidad, la educación, los servicios de atención social, los derechos laborales, la estructura productiva, el pacto social alcanzado hace más de tres décadas, se iba a desmantelar con la rapidez y profundidad con la que se está llevando a cabo en estos momentos.
No nos queda otra opción que construir una alternativa que, estoy convencida, no se debate entre capitalismo reformado o el caos.
En nuestro país buena parte de la población dio su respaldo al Partido Popular convencidos de que un cambio de rumbo era vital para salir de la crisis. Aceptaron el paradigma del capitalismo reformado como única solución.
La estrategia de Rajoy de hacer una campaña electoral sin programa, sin declaraciones claras, dejaba crecer la idea de que sólo esa era la alternativa. Y por desgracia el partido socialista se situó igualmente en aceptar ese paradigma que, en lugar de presentarles como opción, reforzaban a la derecha.
Las reformas iniciadas por el gobierno de Zapatero en derechos sociales no tuvieron continuidad sólida en política económica que fue más de lo mismo durante seis años sin tocar nada de los deficientes cimientos de la economía española.
Con la crisis económica optó por apuntarse a unas medidas, sin haber hecho los deberes profundizando así en un modelo que nos es ajeno.
La reforma laboral, la ampliación de la edad de jubilación, la reducción de salarios de los empleados públicos, reducir las inversiones públicas o plantearlas mal, tratar de solucionar un problema de deuda pública inexistente cuando el problema de la deuda en España es la deuda privada, persistir en la desregulación del sistema financiero español, deslegitimar lo poco que había de banca pública o preocuparse de la macroeconomía, no hicieron más que avalar las ideas insidiosas sobre la sociedad española y dio alas a las presiones de los especuladores financieros y los políticos europeos conservadores.
En la última campaña electoral el resto de opciones políticas quedamos en un segundo plano, castigados por un sistema electoral con apariencia de equitativo pero profundamente injusto y discriminatorio.
Sólo se dejó oír por su fuerza en esas semanas previas de campaña a las cientos de miles de personas, de toda edad, condición y procedencia que conformaron el movimiento del 15 de Mayo. La suma de una crisis económica, a una crisis institucional, de gobierno y democrática hizo confluir en un mismo grito a cientos de miles de ciudadanos contra un pacto bipartidista que ofrecía las mismas soluciones a unos problemas creados por ellos.
Hoy, la realidad da la razón al 15M y a aquellas fuerzas políticas que defendíamos la urgencia de adoptar otro modelo en Europa, de adoptar medidas de crecimiento, de control y regulación del sistema financiero, de establecer un sistema fiscal progresivo único en Europa, de establecer impuestos a las transacciones monetarias especulativas y de que el Banco Central Europeo intervenga en los mercados apoyando la economía productiva.
Pero eso requeriría otra construcción de las instituciones europeas, otra forma de participación política y otras prioridades para la acción política de las instituciones europeas.
Hoy para las organizaciones que conformamos el espacio ecosocialista, la política pasa, como antaño, por la política-económica, una idea que nunca se debió abandonar.
Desde luego los problemas en España no nacen con la crisis económica pero esta nos está afectando gravemente porque se nos está obligando a aplicar medidas que perjudican notablemente salir de ella.
El mero hecho de que se trate a los países del sur de Europa como los PIGS, los cerdos, ya tiene connotaciones políticas. Y no tanto porque se piense que los PIGS son sucios, sino porque ya se sabe dónde acaban y que de ellos se aprovecha todo.
En estos momentos España, junto a Portugal, Irlanda y Grecia con el beneplácito de Europa está a las puertas del matadero, con o sin intervención de los bancos. Aunque España junto al resto de PIGS lo que necesita es una acción política muy diferente que favorezca el crecimiento sostenible de nuestra economía.
España necesita con urgencia una reestructuración del sistema productivo y financiero. La extremada dependencia económica del sector de servicios, con el turismo a la cabeza es un lastre para el futuro. Supeditar la formación de generaciones de estudiantes a la única salida profesional de dedicarse a la construcción o a los servicios turísticos es una política nefasta. Porque además las consecuencias medioambientales de este modelo de crecimiento supone destruir el soporte de la vida: el suelo, el agua, el aire.
La estructura productiva aparenta ser muy similar a la de por ejemplo Alemania: el sector servicios supone el 70% del PIB, la industria (17%) y la agricultura (3%) en su aportación global. El problema es la composición de estos sectores, su orientación, su grado de integración y la inversión en I+D+i que se realiza en cada uno de ellos
Hemos de reducir el peso del turismo y los servicios asociados a este en el PIB español que ya supone el 11% algo similar a lo que aporta la construcción. Es decir sólo dos sectores suponen casi una cuarta parte del PIB español, dos sectores que soportan mal una etapa de crisis como la actual y que, en buena medida, son responsables del desencadenante de la crisis.
Persistir en invertir o apoyar estos sectores es hambre para hoy y para mañana. Hay que reducir el peso de estos subsectores en el conjunto de la economía, objetivo que no parece factible con los recortes en educación y particularmente en investigación y universidades que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular español.
Pero este es un punto clave para una salida sostenible y progresiva de la crisis. La estrecha vinculación del sistema productivo del capital especulativo, es otro de los graves problemas que han lastrado y lastran la economía y una salida democrática de esta crisis.
Nuestro sistema financiero ha estado involucrado en todos los sectores de la economía pero no cumpliendo su función de favorecer la inversión, la liquidez, la creación de empleo o la renovación tecnológica sino obligando a empresas y ciudadanos, a endeudarse mediante el procedimiento de atraer los beneficios empresariales y los ahorros, hacia productos financieros especulativos muy volátiles, detrayéndolos de la inversión productiva y del consumo.
La inexistencia de un sistema fiscal europeo integrado y progresivo, que redistribuya la riqueza, la inexistencia de un banco central europeo con competencias reales en el control del sistema financiero europeo, la incapacidad de las instituciones europeas para ejercer una vigilancia sobre los mercados especulativos, las negativas sistemáticas a establecer instrumentos impositivos a las transacciones monetarias especulativas -como la Tasa Tobin - que permitiría financieras las acciones europeas sin depender de los impuestos indirectos son lagunas de las medidas que, sistemáticamente las instituciones europeas se han negado a aplicar.
En España hay que establecer medidas de crecimiento que permitan recuperar el poder adquisitivo de la población, controlando el incremento de los precios de bienes y servicios, estableciendo impuestos sobre los beneficios, favoreciendo un mercado laboral más estable y seguro, integrando el mercado interior, aumentar las inversiones en I+D+i, es decir, todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno conservador en España.
Junto a todo ello los Presupuestos Generales del Estado para este 2012 no dejan de traernos sorpresas muy negativas pero, por desgracia, demasiado esperadas.
El recorte ha afectado a la mayoría de las partidas del presupuesto y de una manera muy especial a las políticas de Medio Ambiente. El ministerio de Medio Ambiente ha sufrido un durísimo ajuste muy por encima de la media de reducción de gasto del resto de ministerios.
De esta manera, nos encontramos con un recorte superior al 31% en dicho ministerio mientras que, por otro lado, la media de reducción se sitúa en un 16,9%.
Por ejemplo, los Parques Naturales ha perdido cerca del 30% de su presupuesto; la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático sufre un recorte cercano al 50%; aproximadamente un 16% de reducción de gasto para la Protección y Mejora del Medio Natural, el programa de Desarrollo Rural Sostenible recibe una reducción es cercana al 86% de su presupuesto con respecto al año 2011.
Esto suena a frenar en seco este programa destinado a mejorar el medio ambiente y el entorno rural o aumentar la calidad de vida y diversificación en las zonas rurales.
No cabe duda de que el gobierno nacional no tiene ninguna intención de trabajar por el cambio del modelo productivo haciéndolo, de una vez por todas, mucho más sostenible medioambientalmente hablando.
Parece un claro error ya que un camino bien distinto podría traernos un doble resultado positivo: mejora del cuidado del medio ambiente y la creación de empleo.
Para conseguir ese objetivo es necesario, además de revertir esta reducción presupuestaria, trabajar en la puesta en marcha de planes de reforestación, explotación y mantenimiento de superficies forestales que hubiera permitido la creación de 300.000 empleos, además del lógico e importantísimo beneficio ecológico.