Se ha instalado en la clase política de los gobiernos el fervor apasionado por el recorte puro y duro. Unos recortes drásticos para salir de la situación de crisis económica que vivimos en Europa, en España y también, aunque el Gobierno regional quiera disfrazarlo, en la Comunidad de Madrid. Recortes que sólo tienen en cuenta la resultante final entre ingresos y gastos, sin tener en cuenta los efectos perniciosos que están teniendo en el terreno social y, en consecuencia, también en la economía real; que están impidiendo el crecimiento y la inversión.
En la Comunidad de Madrid hay en la actualidad más de 500.000 trabajadores en paro, según los datos de la EPA, y este dramático número ha aumentado año tras año desde hace cuatro. No se puede decir, por tanto, que estemos bien o mejor que en otras regiones o en mejor situación en comparación con el resto del país.
Además de profundamente insolidarias con las dificultades que están pasando miles de conciudadanos que han perdido sus puestos de trabajo desde el inicio de la crisis económica, estas manifestaciones constituyen un verdadero ejercicio de imprudencia que de nada sirve para resolver de verdad los graves problemas que tenemos.
Unos recortes que se han consolidado en las agendas políticas y que considero que son un error mayúsculo, recortes indiscriminados, impuestos de manera unilateral como inevitables, sin alternativa posible y que suponen el despido, la no contratación de miles de trabajadores.
Este tipo de recortes no solucionan el problema del desajuste entre ingresos y gastos sino que lo trasladan de una a otra administración, no lo solucionan y por ende agrava y agudiza el problema, dejando en la cuneta a miles de trabajadores sin el trabajo que constituía la base de su economía familiar, de su vida.
Además hay que tener en cuenta que muchos de estos trabajadores, sujetos a condiciones laborales precarizadas, prestan su trabajo en los servicios públicos de estas administraciones, y que con los recortes decretados se pone en entredicho la extensión y la calidad de los mismos.
Unos servicios públicos, como la educación o la sanidad, que, junto a otros de gran importancia social, son esenciales para amplias capas de la población que cada vez está más acorralada por las consecuencias de una crisis que se mantiene y alarga en el tiempo.
Por ello, si se sigue con unos recortes indiscriminados, que sólo tienen en cuenta el balance contable, se está poniendo en grave peligro los importantes avances sociales que se han experimentado en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma en las últimas décadas, y dejando desprotegida a esas capas de la población que constituyen la espina dorsal y el soporte del progreso social.
Es lógico pensar que hay que hacer recortes en las actuales circunstancias. Los ingresos han disminuido y no se pueden mantener los gastos del pasado, cuando la economía estaba en expansión. Pero, ¿los recortes tienen que ser aquellos que incrementan la lista de parados, que perjudican directamente a las clases medias y amplias capas sociales de rentas exiguas? ¿Se tienen que hacer sobre servicios públicos esenciales de los que dependen esos amplios sectores de población que constituyen la mayoría social?
Creo que no. Creo que este tipo de medidas van a agravar, están agravando la situación de crisis, creando una atmósfera de incertidumbre incompatible con el crédito y la inversión necesarios para que se creen los puestos de trabajo en número suficiente y en términos de calidad que devuelva a nuestra economía a la senda del crecimiento.